El debate por la vetada ley antidespidos sirvió para dimensionar la problemática de la pérdida de empleo, que se profundiza en un escenario de inflación y estancamiento económico. Desde que asumió Macri, las cesantías y las suspensiones afectaron a más de 150 mil personas.
Más allá de los vaivenes políticos y del cuestionado veto presidencial, el debate alrededor de la denominada ley antidespidos tuvo eco en la opinión pública, que empezó a palpar la problemática de la pérdida de empleo que hasta el momento venían denunciando los propios damnificados y sindicatos. Distintos sondeos arrojaron que la mayoría de la población está preocupada porque en los próximos meses “habrá muchos despidos” y se muestra a favor de iniciativas tendientes a frenar cesantías de trabajadores, a contramano de lo que piensan el gobierno y el establishment empresarial. De todos modos, el imaginario colectivo cree que una ley o un acuerdo empresario no es garantía para mantener el empleo, en una coyuntura atravesada por la política económica neoliberal que despliega la alianza Cambiemos. Desde el 10 de diciembre de 2015 se contabilizan unas 140 mil cesantías y entre 15 mil y 30 mil suspensiones, según relevamientos privados.
El gobierno de Mauricio Macri niega que haya ola de despidos en el país y al mismo tiempo ensaya una serie de medidas o gestos para intentar compensar el sombrío panorama, con lo cual termina de reconocer la importancia de la cuestión laboral, que gremios y oposición definen en emergencia. Plan Empleo Joven, beneficios fiscales para las pymes, firma de convenio con empresarios para mantener plantillas de operarios y convocatoria al Consejo del Salario buscaron apaciguar el descontento social frente al ajuste y la recesión, con apariciones cada vez más reales del fantasma del desempleo que recuerda a otros momentos del país.
El plan para crear empleo joven formal se asemeja más a la precarización y flexibilización laboral de los 90, con subsidios para empleadores de jóvenes de entre 18 y 24 años, que cobrarán haberes paupérrimos. Por otro lado, empresarios se encargaron de borrar con el codo lo que firmaron con la mano y apenas un día después de reunirse con el presidente anunciaron despidos y suspensiones. En la reunión del Consejo del Salario, institución reflotada por Néstor Kirchner, el gobierno aprovechó para pelar el recetario menemista y además de discutir el nuevo piso salarial y la suba para el seguro de desempleo (ver recuadro) introdujo debates sobre ausentismo, productividad, limitaciones del derecho a huelga, tópicos rechazados por el arco sindical.
Para el presidente Macri, los despidos de trabajadores, los tarifazos, la suba constante de precios, la caída de la actividad económica y del consumo, y la apertura importadora son algunos de los indicios de que se viene un segundo semestre “maravilloso” para el país. El optimismo oficial, la negación de los problemas y la cortina de humo judicial detrás de la “corrupción K” son ejemplos de que, según el líder del PRO, “vamos en el camino correcto”. Eso sí, con grandes chances de protagonizar un choque frontal con la realidad. El gobierno aconseja que para recorrer esta “dolorosa” travesía hay que ajustarse los cinturones.
Con 147 votos a favor, 3 en contra y 88 abstenciones, en su gran mayoría del oficialismo, la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto impulsado por el kirchnerismo que declara la emergencia ocupacional por seis meses, con doble indemnización por despidos sin justa causa. Tuvo corta vida. Al cierre de esta edición, Macri vetó la ley de protección al empleo, a pedido del empresariado. A entender del oficialismo, la anulación de la mencionada norma es el mal menor y servirá para que la imagen del gobierno en la opinión pública no se siga horadando, en un escenario de inflación, estancamiento económico y despidos. El sindicalismo prometió resistencia al veto presidencial y amenazó con paro general.
Cifras para no minimizar
La proliferación de despidos en el Estado y en el ámbito privado llevó a opositores y gremios a agitar el debate por una ley antidespidos. En el período que va del 10 de diciembre de 2015 al 30 de abril de este año, las cesantías totalizaron 139.874 y las suspensiones afectaron a 14.912 personas, según un relevamiento realizado por el Centro de Economía Política Argentina (Cepa). Casi 140 mil trabajadores fueron despedidos en el primer cuatrimestre del año mientras que más de 38 mil sufrieron suspensiones, detalló un informe de la consultora Tendencias Económicas.
Uno de los datos relevantes del informe del Cepa es que del total de personas alcanzadas, 60.024 (38,78%) corresponden al sector público y 94.762 (61,22%) al sector privado. “Luego del impacto inicial que tuvieron los despidos en los distintos ministerios nacionales, carteras provinciales y municipales, los despidos y suspensiones del sector privado superaron ampliamente a los del sector público”, se indica en el documento divulgado días atrás.
Pero además, lejos de aquietarse, en un mes la situación empeoró. De acuerdo al informe del Cepa, “los despidos y suspensiones se incrementaron 9,36 por ciento en abril: de 141.542 trabajadores despedidos y suspendidos al 31 de marzo de 2016 la cifra ascendió a 154.786 al 30 de abril”.
En lo que hace al sector privado, la construcción lidera los despidos y suspensiones con 58.155 casos, seguida por la industria con 31.414 y los servicios con 5.193 afectados. Sin embargo, el Cepa destaca que “los despidos de abril estuvieron traccionados por el sector industrial en tanto éstos crecieron 66,87 por ciento, muy por encima de la variación del total de los despidos y suspensiones en su comparación intermensual”.
Al considerar sector por sector, el relevamiento señala que “la construcción lidera con 58.155 despedidos en función de la paralización de la obra pública, seguido por la rama metalúrgica con 12.000 despidos y suspensiones (según datos provistos por la Unión Obrera Metalúrgica)”. En la metalurgia, el informe considera además despedidos y suspendidos de la siderurgia, de empresas como Tenaris del grupo Techint.
Los sectores alimenticio y automotriz presentan una porción significativa de despedidos, con 4.655 en el primer caso (con empresas como Cresta Roja, Havanna y Cervecería Quilmes, entre otras) y 3.755 en el segundo (con suspensiones en Fiat y Ford y despidos en Volkswagen y Renault). En autopartes se contabilizan unos 760 trabajadores despedidos y suspendidos (en Paraná Metal, Carraro Argentina, Argentoil y Gestamp, esta última con suspendidos).
Además, el Cepa señala que el sector energético contiene 2.710 despedidos (con la observación anterior referida a la empresa estatal Atucha dentro de este rubro) y el sector gastronómico, según fuentes sindicales, totaliza 2.100.
Miles de trabajadores afrontan un complejo escenario. Según el informe de Tendencias Económicas, en el sector privado, los rubros con más despidos y suspensiones comprenden a textiles, construcción, metalurgia, calzado, comercio, petroquímica y la industria automotriz. Mientras que en el sector público, la mayor cantidad de personal despedido fue detectado en la administración nacional pero también en provincias y municipios.
El estudio indicó que entre enero y abril hubo 139.396 despidos, una cifra que superó en 48 veces a igual período de 2015, y de ese total 99.247 se registraron en el ámbito privado, principalmente en la construcción y 40.149 en el sector público nacional, provincial y municipal.
Esas cifras, sumadas a las suspensiones, recorte de horas y vacaciones adelantadas provocaron un aumento de la conflictividad social, ya que los paros subieron en 12 veces contra abril de 2015.
En el complicado mercado laboral, el informe de Tendencias Económicas resalta otro tema que también afecta a los trabajadores: el de las suspensiones de personal, que sólo en abril superó los 10.500 casos, 35 veces superior al de igual mes de 2015. Diariamente se conoce que alguna empresa decidió suspender personal, lo cual genera un menor ingreso al trabajador y provoca una sensación de preocupante inestabilidad laboral.
El clima laboral no se parece ni ahí a la revolución de la alegría prometida, por más que los medios hegemónicos ahora oficialistas minimicen la cuestión. Rige una alerta para el mercado de trabajo nacional, donde la cosa se pone cada vez más negra.
Piso salarial de 8 mil para enero de 2017
El salario mínimo aumentará 33 por ciento en tres cuotas y recién en enero del año próximo llegará a 8.060 pesos, mientras el seguro de desempleo subirá 650 por ciento, de 400 a 3.000 pesos, según acordaron empresarios y sindicalistas en la reunión del Consejo del Salario, en Casa Rosada, en un trámite exprés. El aumento del haber de referencia está por debajo de las proyecciones inflacionarias para 2016, que van del 35 al 40 por ciento promedio como consecuencia de la megadevaluación.
Durante la reunión, realizada poco después de la sanción de la ley antidespidos y con el latente veto presidencial a la norma, se acordó que el salario mínimo pasará de 6.060 a 6.810 pesos a partir de junio; mientras que en septiembre será de 7.560 y en enero de 2017 terminará en 8.060 pesos. El gobierno acordó con el sindicalismo antes del veto. Igual los gremios mastican la concreción de un paro general en respuesta a la decisión presidencial de anular la ley antidespidos.
Además de la suba del subsidio por desempleo, que estuvo congelado en la última década, la novedad fue la invitación a las cinco centrales sindicales. Los secretarios generales de las CGT Azopardo, Hugo Moyano, y de la Azul y Blanca, Luis Barrionuevo, fueron dos ausentes de peso y enviaron a dirigentes cercanos a participar del encuentro. Si bien las tres CGT respaldaron el aumento para el salario mínimo vital y móvil, las dos CTA votaron en disidencia.
“¿Por qué el salario mínimo sube en cuotas y los tarifazos son de golpe?”, se preguntó el titular de la CTA Autónoma, Pablo Micheli. Tanto Micheli como Hugo Yasky, de la CTA de los Trabajadores, criticaron que haya sido en tres tramos y por un monto inferior al que reclamaban. “Subir el salario mínimo a 8.060 pesos para enero del año que viene es inaceptable”, se quejó Micheli tras el encuentro. En tanto, Yasky resaltó que “lo positivo fue que estuvieron otra vez juntas las centrales sindicales”.
De acuerdo a estimaciones oficiales, el salario mínimo involucra a un universo de 200 mil trabajadores que no están regidos por convenios colectivos. No obstante, funciona como guía para otros asalariados, sobre todo para los no registrados.
Fuente: El Eslabón
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