Desde Actra se reclama contra los tarifazos. Foto: Andrés Macera.
Desde Actra se reclama contra los tarifazos. Foto: Andrés Macera.

Igual que en la también empresa recuperada Vitrofin, en Textiles Pigüé recibieron un terrible facturazo de un servicio básico para la producción. Los tarifazos impactan muy fuerte en la proyección inclusiva de la economía de los trabajadores.

Primero fue la semana anterior en Vitrofin, la cristalería de Cañada de Gómez, donde el salto fue de 44 mil a 300 mil. Después, el martes pasado, los que supieron de brusquedades fueron los de Textiles Pigüé, la ex Gatic del sur bonaerense, que ligaron una suba de 30 mil a más de 200 mil. Se trata de las facturas por el servicio de gas. Un gas que envenena la continuidad de ambas empresas recuperadas por sus trabajadores.

Aunque tal vez los más groseros, los de Vitrofin y Textiles Pigüé no son los únicos casos de fuerte incremento de un costo bien importante en diversos procesos industriales. Tal es el caso del vidrio y el textil, donde semejantes saltos de costo provocan particular daño en empresas gestionadas por cooperativas de trabajo, que no funcionan con la lógica de la acumulación sino con la del crecimiento, la de la multiplicación del empleo. “Acá, si sobran 10, se pinta o se genera un nuevo puesto de trabajo”, explicó Francisco Martínez, dirigente de los trabajadores de la textil de Pigüé, que recibió la factura del gas recargado el mismo día que ponía en marcha nuevas unidades productivas: una de bondeado y otra de sublimado y confección de prendas para equipos de fútbol.

En Pigüé también tienen otros proyectos de crecimiento. El más importante es a través de una sociedad con una textil brasileña de capitales privados, que quiere comenzar a producir en la Argentina y en la planta de la cooperativa. Así, se duplicarían los actuales 150 puestos de trabajo generados durante el proceso de autogestión, que tuvo un espaldarazo fundamental hace un par de años, cuando los trabajadores lograron un objetivo largamente anhelado: escriturar a su nombre –a través de la cooperativa– la enorme fábrica que habían tomado en el año 2003 para preservar sus empleos. “La década recuperada”, decían hasta hace poco los obreros textiles que bancaron toda esa pelea con firmeza y también con mucha inteligencia, sin prejuicios para convocar a profesionales que aporten a un proceso de producción compleja, con eficiencia para aprovechar al máximo las políticas públicas que ofreció el gobierno kirchnerista, con avidez de conocimiento para relacionarse con sectores académicos y técnicos, siempre sobre la base de una concepción clara: la de aportar al desarrollo del conjunto de los trabajadores y de la comunidad en la que viven, a la defensa y promoción de los derechos humanos. Y vaya si lo logran en Pigüé, una ciudad de poco más de 15 mil habitantes, donde además de sostener 150 puestos directos impactan positivamente en la economía regional y hasta respaldan a 300 emprendedores y cuentapropistas a través de un programa de microcréditos.

“Tenemos más de 700 pedidos de gente que quiere entrar a trabajar con nosotros. Y como Pigüé no es una ciudad grande, son todos familiares, vecinos, amigos, conocidos”, señaló Martínez.

Todo ese desafío y esa proyección de economía social y de los trabajadores que encarna Textiles Pigüé es la que choca de frente con los tarifazos.Ya les llegó la nueva factura del gas y están a la espera de la de energía eléctrica, donde el salto que se prevé, según lo analizado con los propios proveedores, es de 120 mil a casi 400 mil pesos. Otra locura.

Gestiones de Actra

Tanto Textiles Pigüè como Vitrofin forman parte de la Federación Actra (Autogestión, Cooperativismo, Trabajo), conformada en Rosario este año, justo cuando la situación del sector se complica a la par de la crisis generalizada. Ante los tarifazos, desde Actra se iniciaron gestiones ante distintos niveles de gobierno que incluyeron un viaje a Buenos Aires de Edith Encinas, titular de la Federación y de la cooperativa rosarina La Cabaña.

Encinas mantuvo encuentros con funcionarios del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) y del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, donde planteó la desesperación de las empresas del sector y pidió soluciones a corto plazo para garantizar la continuidad de la actividad. Reclamos en el mismo sentido se hicieron sentir desde varias organizaciones nacionales y regionales de cooperativas y empresas recuperadas, que acudieron tanto al Ejecutivo como a legisladores nacionales, para impulsar una ley de protección contra los aumentos. En el marco de esas negociaciones, desde el gobierno nacional aseguraron que barajan medidas tales como la reducción a la mitad de los montos a pagar por las cooperativas afectadas y evitar el corte de los servicios a los que no puedan afrontar los pagos durante un período de por lo menos 90 días. De cumplirse, se trataría apenas de algunos parches en una realidad que hace agua por todos lados.

Artículo publicado en la edición Nº 248 del semanario El Eslabón.

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