Foto: Franco Trovato Fuoco.
Con la llegada del nuevo gobierno nacional, la economía argentina registró un cambio de tendencia en las estimaciones sobre la inflación. Durante 2015, todos los índices públicos y privados utilizados para calcular este fenómeno mostraron una evolución descendente hasta el mes de noviembre, cuando en vista de la inminente victoria de Cambiemos, los agentes económicos comenzaron a descontar una posible devaluación, desoyendo las promesas de campaña que el propio Mauricio Macri hizo al respecto.
El gobierno llamó “sinceramiento de precios” al proceso inflacionario que comenzó a regir con mayor fuerza a partir de entonces, con la evidente intención de eludir la responsabilidad política de sus propias decisiones. El argumento, carente de fundamentos técnicos, fue la “pesada herencia” que obligó al actual gobierno a aplicar medidas antipopulares “dolorosas”, con impacto directo e inevitable para las personas de ingresos fijos y los grupos poblacionales de menores recursos y mayor vulnerabilidad.
A casi seis meses de la asunción del nuevo gobierno la inflación persiste a un ritmo preocupante, erosionando cada vez más el poder adquisitivo del dinero y distorsionando la estructura de precios de toda la economía.
Pero esta vez, la inflación no se explica solamente por los efectos no deseados de las primeras medidas, supuestamente impostergables de sinceramiento. Los motivos que están sosteniendo un nivel inflacionario agobiante tienen que ver con el criterio político con el que el gobierno toma las decisiones de recursos que afectan al conjunto de la sociedad.
Los aumentos desmedidos e inescrupulosos de las tarifas de servicios públicos (que apuntan a mejorar la rentabilidad de las empresas), el incremento en los combustibles (que impactan sobre toda la estructura de costos de la economía) y los efectos de la política monetaria que impulsa el Banco Central (con impacto sobre el costo del dinero), son algunas de las medidas que se deben considerar para explicar los niveles actuales de inflación.
Mientras el Indec sigue sin emitir cifras oficiales sobre la inflación en Argentina, el gobierno ha sugerido considerar las estimaciones que realiza el observatorio de la Provincia de San Luis, y la Ciudad autónoma de Buenos Aires (CABA). En efecto, desde enero a noviembre de 2015, ambas fuentes registraron un nivel inflacionario que osciló entre el 1 y el 3 por ciento mensual. Sin embargo, entre noviembre de 2015 y abril de 2016, estos índices registraron una notable aceleración con rangos de variación entre el 4 y el 7 por ciento mensual.
Específicamente para el mes de abril de 2016, según el observatorio de la Provincia de San Luis, la inflación fue del 3,4 por ciento, mientras que para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue del 6,5. Estos niveles responden directamente con la adecuación del costo de los servicios de energía, luz, agua y nafta, entre otras causas de un fenómeno muy complejo.
Las proyecciones de algunas consultoras privadas sobre el índice inflacionario para todo el año 2016 son: Ecolatina: 37 por ciento; Barclays: 38; C&T Asesores: entre 35 y 40; Econométrica: 39; LCG: 39; CESO: entre 35 y 38; y Orlando Ferreres: 38,1. El promedio estimado de inflación para el conjunto de consultoras privadas arroja que la inflación para todo el año 2016 rondará el 40 por ciento.
Más allá de que resulta imperiosa la necesidad de contar con cifras oficiales respecto al nivel inflacionario en Argentina, y de tener acceso amplio a la metodología de cálculo, es inobjetable que los precios siguen en ascenso y no caben dudas de que es producto de una política deliberada tendiente a modificar la estructura de precios de la economía, que beneficia a determinados sectores en detrimento de las grandes mayorías.
El gobierno reconoce el elevado costo social de estas medidas, pero asegura que es inevitable y que hay esperar hasta el año que viene para que se empiecen a “sentir” los beneficios.
Queda sin respuesta el interrogante acerca de los costos económicos y sociales de este proceso. ¿Quién garantiza que se repararán los daños generados en la estructura productiva y social producto de las medidas regresivas, del retiro masivo del Estado de funciones sociales básicas, del ajuste de precios de la economía y de la generación de incentivos para que las grandes corporaciones encuentren conveniente invertir en Argentina?
Lo que no se está considerando en profundidad es la situación económica y social a la que desemboca este proceso, que parece no aflojar hasta que las variables macroeconómicas arriben a los niveles que aspira el gobierno. Si se baja la inflación aumentando la pobreza, si ingresan capitales aumentando la deuda externa, si se desregula el mercado cambiario acelerando la fuga de divisas, si se abre la economía amenazando la industria nacional, el problema dejará de ser la “pesada herencia” y será nuevamente una crisis política en la que nos preguntaremos: ¿cómo fue que llegamos hasta acá?
* Fundación Pueblos del Sur
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