Toniolli
Proponen un proyecto para la instalación obligatoria de espacios destinados a la oferta de productos de la economía solidaria y de cooperativas en los supermercados. La iniciativa es impulsada por el concejal Eduardo Toniolli.

El concejal Eduardo Toniolli presentó un proyecto de Ordenanza que, en caso de aprobarse, obligaría a las grandes superficies comerciales de la ciudad a destinar un espacio exclusivo en su interior, para la comercialización de bienes producidos por unidades productivas de la economía popular como cooperativas, empresas recuperadas, emprendimientos familiares, y otras experiencias de autoempleo.

El edil peronista señaló que la iniciativa “apunta a fortalecer experiencias productivas, fundamentalmente de alimentos y bebidas, que no suelen acceder a los grandes canales de venta, mejorando su posibilidades de comercialización”. “En el contexto económico recesivo que atraviesa el país es necesario que los gobiernos locales tomen medidas contracíclicas para paliar las consecuencias sociales”, remarcó Toniolli, y agregó: “alentar a las micro empresas y a organizaciones de la economía social sería un aporte enorme del municipio en ese sentido”.

“La iniciativa apunta a facilitar el acceso de esos productores regionales a canales de comercialización masivos con gran penetración en el mercado (tipificados en la Ley Provincial 12.069 como grandes superficies comerciales), por intermedio de góndolas correctamente señalizadas y dispuestas a tal efecto”, propone el proyecto de ordenanza.

Asimismo la propuesta impulsa “la creación –en el ámbito de la Secretaría de Producción y Desarrollo Local– de un Registro de Unidades Productivas Populares”, que haga las veces de padrón de proveedores habilitados para que los supermercados, hipermercados y megamercados de la ciudad de Rosario puedan ponerse a tono con la nueva normativa.

La normativa puesta en debate en el Concejo también exige a los empresarios que “se abstengan de imponer a los proveedores de la economía popular requisitos habituales para los grandes productores de alimentos y bebidas –como el servicio de reposición externa o exigencias en la escala de las ventas–”, que según Toniolli, “redundarían en la imposibilidad fáctica de cumplimiento de la norma”.

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