Tras la explosión del laboratorio Apolo, concejales de distintos bloques elevaron un pedido de informes al Ejecutivo para conocer las inspecciones técnicas, inscripciones, proceso de quiebra y otras cuestiones administrativas. «No quedó claro si Apolo cuenta o no con la habilitación correspondiente», dicen los ediles.
El proyecto de decreto aprobado este jueves en el Concejo Municipal lleva las firmas de los concejales Jorge Boasso (UCR), Norma López (FPV-PJ), Fernanda Gigliani (IP) y Diego Giuliano (RF), y exige conocer en un plazo no mayor de 15 días detalles sobre la cuestionada habilitación del laboratorio ubicado en calle Alem 2967.
Uno de los argumentos esgrimidos por los ediles es que «no ha quedado en claro tras las declaraciones de funcionarios municipales si Apolo cuenta o no con la habilitación correspondiente».
Además, se solicitan las inspecciones hechas por la Municipalidad como también de la empresa Litoral Gas y de la Empresa Provincial de la Energía. El pedido solicita conocer el plan de evacuación y las medidas de mitigación de contaminación ambiental implementadas, y si la firma fue efectivamente clausurada por el Municipio en el período 2004/2016, de ser así, si fue efectivizada y controlada por el Estado.
Entre otro de los puntos, los concejales buscan saber si Apolo contaba con un plan de traslado de acuerdo a lo requerido por ordenanza 8980/2012; qué actuaciones se llevaron a cabo respecto del Control de Precursores Químicos; si efectivamente estaba inscripto en la Anmat. En tanto, el último punto refiere a la situación de los trabajadores y sus condiciones de contratación.
En torno de estas cuestiones, Boasso remarcó: «Hay denuncias sobre permisos vencidos en 2011, clausuras a finales de 2015 y hasta información sobre un procedimiento de quiebra. Por ello pedimos a la Intendencia nos remita información urgente sobre el historial del laboratorio y detalles de sus vínculos como proveedor del municipio».
Además, el edil radical alertó que “de resultar verídica la denuncia sobre la situación irregular del laboratorio, el Municipio de Rosario sería responsable solidario por los daños ocasionados».
Por su parte, la concejala Norma López aseguró: “El Estado debe garantizar y controlar que las condiciones de higiene y seguridad en el ámbito laboral se cumplan. No sólo por los mismos trabajadores, sino también por los vecinos del laboratorio. Pedimos todas las actuaciones que haya efectuado el Ministerio de Trabajo de la provincia desde el inicio de la actividad hasta la actualidad”.
Al mismo tiempo, la concejala Gigliani, insistió en que la firma Apolo SA no puede seguir funcionando en Alem 2967. “La normativa vigente del Segundo Anillo Perimetral al Área Central lo impide. Por los trabajadores del laboratorio, deseamos que de estar en condiciones, pueda seguir desarrollando sus actividades, pero que sea en un área de la ciudad que así lo permita”, explicó y agregó: “Además tuvimos la oportunidad de escuchar a los vecinos del laboratorio y lo que piden de manera desesperada es tener la tranquilidad de que Apolo no volverá a funcionar allí. Es de suma relevancia que la firma desarrolle elementos de vinculados al ámbito de la salud”.
Por su parte, Giuliano expresó: «La ciudad ha tenido una experiencia muy negativa por aflojar sus controles. Y ésta no es la excepción. Tenemos entendido que el Laboratorio Apolo tuvo varias violaciones de clausura. Sin embargo, la actividad continuó. Por tal razón, le solicitamos a la Municipalidad que nos muestre las actas de las inspecciones municipales realizadas en el lugar, las posibles clausuras y otras infracciones registradas y en su caso, las actuaciones realizadas por incumplimiento de clausura y las razones por las cuales se decidió ‘levantar’ esta orden”. Y agregó: «Cuando los rosarinos o nuestros visitantes vamos a un parque con juegos mecánicos, o tenemos un laboratorio cercano, suponemos que anteriormente el Municipio ha hecho los controles. Si queda claro que eso no se hace, se quiebra un principio básico de la convivencia ciudadana”.
