Tras el rechazo al amparo judicial contra la suba en las facturas de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), y la negativa del Estado santafesino a retrotraer el incremento tarifario, en el Concejo cuestionaron con dureza al gobernador y la intendenta. “Tienen que resolver si van a defender a la provincia o van a ser sumisos al centralismo porteño”, reclamaron.
“El gobernador tiene que resolver si va a defender a la provincia, a la industria y a la producción santafesinas, o va a ser sumiso con el centralismo porteño”, dijo la edila del Frente para la Victoria (FPV) Marina Magnani, luego que la Justicia rechazara este martes la medida cautelar de retrotraer los aumentos de energía eléctrica solicitada desde la Multisectorial contra el Tarifazo de Rosario.
“Desde la misma Justicia se ha sugerido al gobierno provincial que asuma como propio el reclamo y se sume a una presentación judicial contra la Nación, pero los funcionarios de Miguel Lifschitz nos dijeron que ellos apuestan al diálogo con el gobierno nacional”, sostuvo la concejala del Frente para la Victoria, activa participante de la Multisectorial.
“El problema es que un diálogo tiene que darse entre partes medianamente equilibradas y no con una imponiendo condiciones ante la debilidad de la otra. Y aquí estamos en una situación en la que el gobierno nacional extorsiona a las provincias, a la vez asfixiadas por el nuevo contexto de retracción económica que ese mismo gobierno nacional genera con sus medidas”, señaló Magnani.
Y añadió: “Desde la Multisectorial asumimos el compromiso de seguir organizándonos, de juntarnos con organizaciones similares de toda la provincia, para seguir pidiendo al gobernador que se ponga al frente de la demanda, para decirle una vez más que va a contar con todo nuestro acompañamiento si asume esa actitud de defender a las santafesinas y santafesinos que no pueden pagar las tarifas, de proteger a las industrias que generan empleo y actividad en las economías regionales y hoy afrontan una terrible suba en sus costos”.
“La situación es muy complicada y no se puede ceder ante la extorsión del nuevo centralismo porteño, que vuelve con las políticas neoliberales de achicamiento de la economía y descarga los costos del ajuste en los bolsillos de los que trabajan, de los que producen. Hay que insistir ante la Justicia y hay que hacerlo con el gobierno provincial como un actor más, tal como sucedió en la provincia de Córdoba donde sí se dictó una cautelar”, sostuvo la concejala rosarina.
Fein también
En la misma línea se pronunció la concejala, Norma López, quien además marcó la responsabilidad de la intendenta de Rosario. “Sobran los ejemplos a lo largo y ancho del país de legisladores e intendentes que se han puesto al frente de los reclamos sociales contra de los brutales tarifazos que el gobierno nacional ha establecido en materia de luz, gas y que afecta también la provisión de agua potable”, señaló la también edila del FPV.
“Sin embargo, en la provincia de Santa Fe y más precisamente en la ciudad de Rosario, el gobierno socialista y sus aliados, han hechos oídos sordos a todo reclamo social que signifique alivianar los bolsillos de los rosarinos, no solo para el consumo, sino también para la producción”, agregó la concejala.
Para López, “ante esta situación de pasividad política, el último bastión para conseguir la tan mentada «justicia» era precisamente el Poder Judicial, quien tenia en manos un amparo presentado por la Multisectorial contra los Tarifazos, pero decidió mantener el status quo de aumentos imperante”.
“Consideramos que era el momento oportuno para poder brindar a los rosarinos y rosarinas un aliciente ante la situación económica en franca detracción, pero lamentablemente el Poder Judicial no supo (o no quiso) estar a la altura de las circunstancias, convalidando los atropellos del poder político de turno y dejando a los ciudadanos en un estado de indefensión absoluta, posponiendo una decisión judicial a plazos excesivamente burocráticos”, criticó la concejala. Y apuntó: “El principal responsable de esta situación no es el Poder Judicial, sino el Gobernador Miguel Lifschitz y la Intendenta Mónica Fein”.
“El gobernador –indicó Norma López– es el responsable de las decisiones de la provincia, y siendo la EPE una empresa provincial, debe velar por que todos los santafesinos tengan acceso a la red eléctrica, tanto para su consumo como para la producción y el comercio; y lamentablemente, con los aumentos establecidos, ambos se verán resentidos”.
“Sobre la intendenta pesa la responsabilidad política de no ponerse el frente de los problemas de los rosarinos, de gestionar y conseguir beneficios para los más afectados, de hacer oídos sordos a los cienos de comercios que van cerrando, a los miles de locales comerciales desocupados y al prohibitivo acceso a la luz que representan las tarifas locales”, finalizó la edila del FPV.
La diputada provincial Claudia Giaccone se refirió por su parte a la resolución de la audiencia en el juzgado Civil y Comercial de la 6ª Nominación, a cargo del magistrado Néstor García. “La población en su conjunto ha sufrido un revés judicial”, dijo Giaccone y agregó que «la decisión del juez, fue no darle lugar a la demanda sin considerar propuestas presentadas”
En ese marco, la diputada señaló que “el argumento del juez es que si daba lugar a la cautelar se desfinanciaría la EPE cuando nosotros hemos realizado propuestas en la legislatura donde precisamente se atendía esa inquietud de la provincia”. “La postura del juez hoy es errónea y mas temprano que tarde se tendrá que rever esta decisión”, concluyó la diputada.
Apyme se mueve en Santa Fe
La pelea contra los incrementos de tarifa se extiende en todo el territorio provincial. Este martes, el presidente de Apyme Santa Fe, Mario Galizzi, se reunió con los concejales justicialistas de la capital provincial, Marcela Aeberhard, Sebastián Pignata y Lucas Maguid «para analizar y discutir las acciones a seguir en defensa del sector, frente a los tarifazos de los servicios», según informaron desde la entidad.
«Es indispensable que se retrotraigan dichos aumentos ya que pone en jaque el funcionamiento de pequeñas empresas comerciales e industriales», planteó Galizzi y remarcó: «Por eso se necesitan definir acciones comunes, que tiendan a solucionar y concientizar de esta grave realidad».
«Es imprescindible acordar estrategias judiciales donde participen todos los interesados, visibilizar la protesta y juntar firmas en las calles, para sumar voluntades, contra el tarifazo», concluyó el Galizzi.
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