Los ediles Horacio Ghirardi y Lorena Giménez se expresaron contra la modificación de la ley 26.737. “Al bicentenario se lo recibe limitando nuestra soberanía”, lamentó el concejal socialista. “Están promoviendo la extranjerización de las tierras”, agregó su par del PPS.
Tras el decreto presentado por el gobierno nacional, modificatorio de la Ley nº 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales, los concejales manifestaron su desacuerdo al respecto.
“Según lo señalaron desde el gobierno nacional, se tomó la decisión para «facilitar la llegada de inversiones productivas de capital extranjero en todo el país», pero estamos retrocediendo en materia de soberanía, cuando lo que debiéramos hacer es aumentar la protección, más en el año del bicentenario de nuestra independencia en honor al legado de los congresales de 1816, quienes en Tucumán, proclamaron ser una nación libre e independiente de toda otra dominación extranjera», sostuvo Ghirardi.
En este sentido, recordó que el Congreso de la Nación había establecido un tope máximo del 15 por ciento de tierras que pueden pertenecer a extranjeros, en la denominada Ley de Tierras, sancionada el 22 de diciembre de 2011. La norma también fija un techo de 1.000 hectáreas en la zona núcleo. Según el Registro Nacional de Tierras Rurales “el 6 por ciento del territorio nacional está en manos de extranjeros”, remarcó el presidente del bloque Socialista, y aclaró que “este dato es un promedio, ya que hay departamentos como “Ituzaingó, en Corrientes, que cuenta con un 50 por ciento de su territorio en manos de extranjeros; o Lacar, en Neuquén con un 53 y Bariloche con un 21”.
“Como socialistas siempre estuvimos a favor de limitar la extranjerización de las tierras y por eso anhelamos que el gobierno nacional revea la decisión adoptada en este nuevo decreto para que las provincias puedan avanzar con un relevamiento de sus territorios que incluyan los cursos de agua que no pueden ser extranjerizados. Sólo así podremos hablar de soberanía nacional territorial”, destacó.
“El inglés Joe Lewis es dueño de una propiedad en la que se alojó Macri cuando estuvo en Bariloche junto a Barack Obama, en la visita oficial del presidente los Estados Unidos en marzo pasado. El jefe de Estado argentino se transportó en una helicóptero del multimillonario inglés, cuyas tierras han sido objeto de disputas judiciales en la Patagonia”, cuestionó el edil oficialista.
Por su parte, Giménez Belegni pidió que “el Concejo Municipal se manifieste en contra de dicha resolución, ya que la referida norma legal flexibiliza la venta de tierras a extranjeros y quita las restricciones para que los mismos accedan a su propiedad sobre ellas”, y consideró que este decreto “representa una antesala para reemplazar por completo el régimen de protección al dominio nacional sobre la propiedad, por una nueva y laxa legislación que permita a los capitales extranjeros acceder a las tierras que se encuentran en zona industrial”.
“De esta manera quedan eliminados los límites que establecían un máximo de 1000 hectáreas en la zona núcleo delimitada por el norte bonaerense, el sudeste de Córdoba y el sur de Santa Fe, que constituye la región más productiva”, aclaró la edil del Partido del Progreso Social, y aseguró que “terminar con las restricciones no hace más que reafirmar una política que funciona en detrimento de la producción nacional”.
“El gobierno nacional está promoviendo la extranjerización de las tierras, eliminando los controles que estaban a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y de la Unidad de Información Financiera, quitando sanciones para los intermediarios y facilitando la venta de terrenos que incluyan espejos de agua, al mismo tiempo que presiona a las provincias para que definan en los próximos 30 días el límite de hectáreas que se puedan adquirir en cada distrito”, concluyó.
“Atenta contra los pequeños productores”
La diputada nacional justicialista, Silvina Frana, le reclamó al gobierno de Mauricio Macri “que respete la división de poderes, porque no se puede modificar una Ley con un Decreto del presidente”.
“Con el argumento del gobierno nacional de abrirnos a la búsqueda de inversiones extranjeras, se está atentando contra los pequeños productores, que desde hace tiempo esperan la reglamentación de la Ley de Agricultura Familiar”, señaló.
Por último, la legisladora nacional santafesina expresó: “Resulta llamativo que en el momento en el que se aprueba la ley de blanqueo se facilite a través de este decreto la compra de tierras por parte de extranjeros».
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