El gobierno de Mauricio Macri anunció la puesta en marcha de una nueva línea de créditos hipotecarios para la vivienda. Si bien lleva el mismo nombre (Procrear) que el plan desarrollado durante la última etapa del kirchnerismo, en claro reconocimiento a la aceptación que tuvo, nada tiene que ver con los objetivos que persigue al momento de abordar el déficit habitacional que afecta a miles y miles de familias a lo largo y ancho del país. Por caso, en Rosario, la “ciudad inmobiliaria”, acceder al techo propio es casi inalcanzable para la clase media-baja, lo que refleja una crítica situación habitacional frente a un alto grado de especulación. Mientras, los inquilinos, quedan redimidos a las leyes del mercado.
A partir de la reformulación macrista del Procrear se podrá acceder a una casa nueva o usada cuyo valor máximo no supere 1.500.000 pesos, a pagar hasta en 20 años de plazo para familias que hoy alquilan, con ingresos formales de entre dos y cuatro salarios mínimos (entre 13.600 y 27.200 pesos). El programa será para la compra de casas nuevas o usadas, ya no para la edificación o refacción, con lo cual el sector de la construcción, el más golpeado por el parate económico y los despidos, no se verá del todo beneficiado, al igual que otros eslabones de la cadena constructiva.
El plan Procrear versión Macri no persigue un fin social sino más bien financiero. Los créditos estarán denominados en UVI, la unidad de valor que ajusta por la inflación. Y si bien permite reducir el valor de la cuota inicial, similar a un alquiler, lo que lo hace atractivo, con el paso del tiempo se vuelve impagable para sectores con ingresos bajos y medios, sobre todo si se repite el escenario inestable de este año, donde el salario real perderá por goleada contra la escalada inflacionaria.
Los nuevos créditos hipotecarios ya no tendrán tasa subsidiada por el Estado, sino que serán préstamos que se devolverán con capital indexado al compás de la evolución de los precios que mide el Indec. No habrá más sorteos sino “puntaje de prioridad”. Este sistema crediticio ya fracasó en otras partes del mundo. Algo parecido ocurrió en Estados Unidos, donde se hizo una burbuja de deuda hipotecaria que cuando explotó dejó a miles de personas sin techo y disparó una fuerte crisis económica, aunque los bancos, como los gatos, siempre caen parados.
Incluso en Argentina muchos recordaron por estos días la aplicación de la “circular 1050” del Banco Central, promovida por el ministro de Economía de la dictadura José Alfredo Martínez de Hoz. En aquel gobierno de facto de Videla y compañía se dieron créditos con el sistema de indexación, las cuotas de la devolución del préstamo subieron muchísimo más rápido que los ingresos, se ejecutaron las hipotecas y miles de personas quedaron en la calle tras perder sus viviendas.
El “Procrear Solución Casa Propia” que relanzó Macri busca llegar a unas 25 mil familias. Con el Procrear del kirchnerismo, destinado a la construcción en terreno propio, compra de terreno más construcción y/o ampliación, refacción y terminación de vivienda, se otorgaron y construyeron o ampliaron 170 mil viviendas, y otras 23 mil se realizaron a través de desarrollos urbanísticos que propició el gobierno de Cristina Fernández.
“Vaciaron el Procrear”
Para Sebastián Artola, del espacio Rosario para la Victoria, Macri “vació el Procrear” porque “deja de ser la política pública de acceso a la primera vivienda que permitió construir en tres años casi 200 mil viviendas en todo el país y más de 24 mil en la provincia de Santa Fe, con la generación de 329 mil puestos de trabajo en la construcción, para pasar a ser un negocio financiero de los bancos privados, en beneficio del sector inmobiliario y con cero impacto en la creación de trabajo”.
“A su vez pierde la transparencia que le daba la adjudicación vía sorteo, para establecer un sistema de puntajes, con un criterio poco claro de selección, donde hablan de la revisión de los antecedentes en materia de «historia laboral» y «calificación crediticia», que suena más a restrictivo y excluyente que a inclusivo y equitativo”, sostuvo Artola en un comunicado de prensa.
Y añadió: “A lo que se suma un piso de ingreso equivalente a dos salarios mínimos, cuando antes no se establecía un ingreso mínimo, lo que permitía que fuera de acceso para sectores medios bajos, con trabajo informal”.
Según el dirigente local, “a todo esto hay que agregar un dato del contexto social y económico que vivimos. Con un tremendo deterioro del poder adquisitivo de buena parte de la sociedad, como resultado del ajuste, los tarifazos y la devaluación, la pregunta de sentido común es ¿cuántas familias hoy están en condiciones y se van a animar a tomar un crédito indexable por diez, quince o veinte años?”.
Artola es autor de proyectos de ordenanza para crear en Rosario la Defensoría Pública del Inquilino y una Tasa al Inmueble Ocioso. “En el fondo la que subyace a esta reformulación del Procrear anunciado por el gobierno de Macri es una mirada que concibe a la vivienda como un negocio y no como un derecho que tenemos todos”, consideró.
Y finalizó: “La vivienda no es un bien cualquiera para ser transable en el mercado, librado a la lógica de la especulación y la maximización de la tasa de ganancia. Es un derecho básico de la condición humana, reconocido por el Constitución. Por lo tanto es el Estado, en sus tres niveles, el que debe generar las condiciones de acceso a la misma por parte de todos los sectores sociales”.
Nire Roldán, de la Concejalía Popular de Rosario, espacio que se hace eco de reclamos de inquilinos y de problemas habitacionales, consideró que el Procrear de Macri “busca beneficiar a desarrolladores inmobiliarios y deja de lado a los sectores más vulnerables”.
“El Procrear debería estar destinado a crear viviendas públicas en alquiler para solucionar dos cosas: la especulación inmobiliaria creada en los contratos de alquiler y, por otro lado, se construirían viviendas con la posibilidad de que en algún momento esos inquilinos puedan comprar el inmueble”, indicó Roldán en declaraciones periodísticas.
El ex concejal, presidente del Centro de Estudios Metropolitanos de la Concejalía Popular, consideró que “debería haber un crédito de fomento, con la tasa de interés subsidiada por el Estado, y con un financiamiento a 25 años donde no se pague más del 25 o 30 por ciento del salario del trabajador. El trabajador nunca debería pagar más de 3.000 pesos”.
El nuevo Procrear que lanzó Macri va en sintonía con el plan económico de Cambiemos: incentiva la especulación, con un negocio inmobiliario otra vez dolarizado. El propósito de la versión M de este plan habitacional está lejos de crear mejores condiciones sociales y crediticias que lleven a que el acceso a la casa propia deje de ser un sueño lejano para buena parte de la población.
Rosario, ciudad inmobiliaria
En Rosario, cerca de 38.000 familias (10% del total) necesitan con urgencia una solución habitacional y al 50 por ciento de los hogares (240.876 familias) no les alcanza el ingreso para alquilar ni siquiera un departamento de un dormitorio en el Distrito Centro sin comprometer la satisfacción de otras necesidades. Así lo reveló un informe del Centro de Estudios Sociales y Económicos Scalabrini Ortiz (Ceso) de Santa Fe, dedicado a estudiar el mercado rosarino de la vivienda, donde el 18,84 por ciento del total de los hogares son inquilinos y el 72,2% son propietarios de la casa.
“La producción o compra de la vivienda como sustituto de los activos financieros para evitar la desvalorización del ahorro constituye el principal motivo por el cual aproximadamente 80.000 viviendas se encuentran vacías en la actualidad. Esta demanda extra en el mercado de compra y venta de inmuebles encareció las propiedades por encima de las posibilidades de la mayoría de los rosarinos, muchos viéndose empujados al contrato de alquiler”, señaló el informe que habla de un proceso de “inquinilización de Rosario”.
El trabajo del Ceso amplía: “La falta de control estatal se refleja en la sobreoferta de viviendas. En el departamento Rosario existen 434.485 viviendas y 392.533 familias, es decir, que hay 41.952 más casas que familias. Mientras miles de familias viven hacinadas, unas 80.000 viviendas se encuentran vacías”.
Para contrarrestar el mal funcionamiento del mercado inmobiliario, desde el Ceso sugieren una serie de regulaciones que actualmente se aplican en otros países. “Un impuesto a la vivienda vacía generaría incentivo para ofertarlas, lo que reduciría el precio de mercado. Además permitiría financiar otras políticas habitacionales como subsidios a los alquileres”, señalaron.
Y tiraron otras ideas para hacer frente al déficit habitacional en la ciudad: “Obligar a un porcentaje de los permisos de edificación disponer una porción de los metros cuadrados para vivienda social e impulsar una empresa inmobiliaria de utilidad pública con acceso preferencial al financiamiento del Estado provincial o nacional para la construcción de departamentos de alquiler”.
Fuente: El Eslabón
Eduardo
16/07/2016 en 20:30
Las oleadas neoliberales tienen este tipo de enmascaramiento: se confunden bajo un ropaje «popular», probado durante apenas 3 años años, en los que se movilizaron recursos humanos y económicos para mejorar la calidad y las condiciones en vida de cerca de 200 mil familias, prácticamente el 90% de los créditos hipotecarios, luego lo deforman y lo orientan hacia la especulación de los mercados financieros y terminan utilizando millonarios fondos públicos para endeudar a la población con la banca privada. Esta historia ya la vimos, no sólo en nuestro país. La vivienda se convierte en una mercancía y las familias pasan a formar parte de ella, cotizando en la bolsa internacional. Todo muy PRO. Debemos enfrentarnos y oponernos a esta metodología de saqueo.