Las mediciones del Indec siguen sin brindar la transparencia y confiabilidad que reclamaba fervorosamente el macrismo durante la gestión kirchnerista.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos es un organismo público que tiene por objetivo “estructurar y conducir el Sistema Estadístico Nacional”. Las estadísticas oficiales “constituyen un elemento indispensable en el sistema de información de una sociedad democrática”, además de proporcionar “al gobierno, a la economía y al público, datos acerca de la situación económica, demográfica, social y ambiental” del país. De manera que resulta necesario que la generación de datos sea confiable y fidedigna, por lo tanto, el Instituto debe cumplir con principios científicos y la ética profesional acerca de la metodología sobre la generación de datos.
Es conocida la fuerte ola de críticas que alcanzó al Indec durante la gestión del kirchnerismo, lo que fue claramente aprovechado por Cambiemos en la campaña presidencial, llegando a prometer transparencia en la elaboración de estadísticas oficiales para que estas sean “confiables”.
Sin embargo, tras la victoria de Mauricio Macri en las elecciones presidenciales y la posterior asunción el pasado 10 de diciembre, el nuevo Indec, comandado por Jorge Todesca, sigue sin ofrecer las estadísticas oficiales con el rigor técnico y la transparencia prometidas.
En efecto, desde que el titular de la consultora privada Finsoport asumió a la dirección del organismo público, se presentaron varias contradicciones. Primero, a días de posicionarse en el cargo, Todesca anunció la “emergencia administrativa” de la Institución que tenía como eje central tanto la suspensión total de los informes estadísticos como la interrupción del IPCNu y la re-publicación de la vieja metodología (IPC-GBA) “sin intervención”. Seguidamente, prometió un “primer ensayo provisorio” pero “confiable” del IPC antes de que finalice el 2015. No obstante, inmediatamente se retractó y propuso como IPC’s alternativos al IPC de CABA y al de la provincia de San Luis.
En este hecho específico comienzan los inconvenientes. Por un lado, se propuso la utilización de índices poco representativos de la situación nacional, por lo que se presentaba un problema, por ejemplo, para el desarrollo de paritarias. Por el otro, se tardaron más de 6 meses en reactivar el índice del Indec. Recién para mediados de junio se dio a conocer la variación mensual del IPC para mayo. Esta maniobra dejó totalmente desierto de estadísticas oficiales al periodo entre noviembre de 2015 y abril de 2016, época en la que se registró la mayor presión inflacionaria de los últimos años debido a las medidas tomadas por el actual gobierno bajo el rótulo de “sinceramiento” de la economía.
Asimismo, bajo la idea de revitalización de la confianza al Estado Nacional también se presentan otros cambios que carecen de explicaciones claras. En julio del corriente año, se presentó una revisión del Producto Bruto Interno (PBI) para el período 2003-2015 donde las “correcciones” presentadas muestran variaciones del crecimiento de la economía muy dispares con respecto a las expuestas por el anterior gobierno. El problema es que los informes metodológicos no son concluyentes en términos técnicos, y no es posible comprender (aún para los técnicos y especialistas en la temática) cuáles son los cambios metodológicos que han dado lugar a tal variación, y cuál es el motivo por el cual se realizaron.
Paralelamente, y como una práctica del nuevo gobierno tendiente a revisar todas las estadísticas oficiales, se observan otros cambios de metodologías en varios ministerios. Por ejemplo, el nuevo cálculo del déficit fiscal presentado por Hacienda y el cambio en la medición del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) presentado por el Ministerio de Trabajo. Estas modificaciones son concordantes con el relato de los actuales responsables del Estado Nacional: uno favorece la idea de la “pesada herencia”, abultando el resultado final del déficit presupuestario; y el otro subestima el nivel de desempleo lo que sustenta directamente la idea de ausencia de destrucción de puestos de trabajo en estos meses.
En conclusión, el gobierno está realizando cambios metodológicos en la confección de datos y estadísticas de diferentes organismos y ministerios que vienen dando sustento a sus dichos y sirven de argumento de sus medidas, cuando un sistema de estadísticas confiables debería funcionar exactamente al revés. Lo extraño es justamente eso: que las estadísticas se han ajustado de acuerdo al relato, cuando en rigor, el discurso debería ser posterior a la publicación de éstas.
Adicionalmente, estos cambios carecen de explicaciones claras, específicas y concluyentes en términos técnicos que permitan esclarecer sus objetivos. Por lo tanto, esta falta de sustento técnico y de objetivo claros abre la puerta al interrogante de si se trata de otras de las promesas de campaña incumplidas; lo cual, desde luego, genera nuevas desilusiones.
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