¿Cuántas tierras públicas tiene Rosario? ¿Dónde están ubicadas? ¿Qué destino debería dárseles? Cuando la próxima semana el Concejo retome sus actividades, después del receso de invierno, los ediles tendrán a su disposición un proyecto presentado por el concejal Eduardo Toniolli que busca conocer esta situación de primera mano. Se trata de la creación del Sistema de Información Pública sobre Tierras Fiscales, con libre e irrestricto acceso público, sobre los bienes inmuebles urbanos y rurales pertenecientes al Estado municipal, provincial y nacional en Rosario.
El tema propuesto no es menor, constituye la base de actuales y futuros proyectos relacionados con viviendas e industrias, ejes de fuste si los hay en una ciudad donde la urbanización no para de crecer. Por si esto fuera poco, hay que engarzarle dos cuestiones imprescindibles: inclusión y transparencia como base de las futuras utilizaciones que se hagan de estos bienes. El proyecto de Ordenanza que presentará el concejal Eduardo Toniolli (PJ) dispone también incorporar en el Infomapa (mapa interactivo del sitio web municipal) una capa con el detalle de los bienes inmuebles rurales y urbanos pertenecientes a los tres niveles del Estado que se encuentren en el territorio municipal. Esta data deberá incluir la respectiva situación jurídica y los usos actuales.
Para el concejal, algunas organizaciones de la sociedad civil ocultan negocios privados y pretenden quedarse con tierras fiscales de valuación millonaria con compromisos en voz baja de autoridades gubernamentales para evitar que esas tierras se utilicen para desarrollar políticas de expansión del acceso a la vivienda. Toniolli recordó también que el patrimonio fiscal pertenece por definición a toda la sociedad local y que merece conocer quiénes acceden con más frecuencia al suelo a través de donaciones.
A la vista de todos
La nueva capa propuesta para el Infomapa se denominará “Parcelas urbanas, suburbanas y rurales de propiedad estatal”. La idea es que cuente con la información registral, catastral y de georeferencia, y estará bajo la responsabilidad de la Dirección General de Topografía y Catastro.
¿Qué datos contendrá el Sistema propuesto? A modo de ejemplo: la identificación de las parcelas públicas urbanas, suburbanas y rurales; la afectación de uso de las áreas identificadas; referencia de documento público de respaldo en caso de que se trate de parcelas cedidas paraíso de particulares o de personas jurídicas. Además, debe consignar la existencia de expedientes judiciales de procesos que reflejen controversias respecto a la titularidad o derechos posesorios, si fuere el caso. Se prevé, además, un link que remita a una tabla de datos alojados en el mismo sitio web, bajo el nombre de “Archivo histórico de donaciones de inmuebles de propiedad estatal en Rosario”. Este archivo también será de acceso público e irrestricto. En este sitio se alojarán un detalle actualizado en forma anual de los inmuebles que fueron transferidos, cedidos o donados en cualquier carácter y destinatario.
¿Y cuál será el rol de los ediles frente a esta nueva herramienta? El proyecto de ordenanza prevé que cada año se pondrá a disposición del Concejo y de la ciudadanía en general un informe sobre la dinámica interanual de movimientos registrales y demoniales de los inmuebles fiscales. ¿Qué deberá reflejar? Ingresos por transferencias, egresos, cesiones o donaciones de particulares al municipio, entre otros ítems.
En los considerandos, el proyecto sostiene que la demanda de acceso al suelo, para cumplir con metas de inclusión, generó en los últimos años una creciente presión social para acceder a la información sobre tierras públicas ya que éstas son la condición que posibilita ejecutar las políticas públicas señaladas. “En el pasado reciente, muchas situaciones irregulares se han consolidado bajo la figura legal de las donaciones que, aunque ajustadas a derecho, consagran jerarquías de acceso entre las diferentes personas jurídicas y, en consecuencia, las más influyentes de ellas suelen encontrar en el Estado un aval para acceder al patrimonio inmueble fiscal”, explicó Toniolli. Y a la vez, aclaró que este patrimonio pertenece por definición a toda la sociedad local y que por tanto merece conocer quiénes acceden con más frecuencia al suelo a través de donaciones y velar porque se respeten realmente los fines de uso para las cuales fueron concedidas.
Un vestigio de tierras fiscales, el barrio Inglés
El llamado barrio Inglés está ubicado, desde 1890, entre las avenidas Alberdi y Central Argentino. Se trata de dos manzanas que albergan dos grupos de viviendas: el Batten Cottage (destinado al personal administrativo jerárquico) y el Morrison Building (para obreros especializados), quienes llegaron para trabajar en el ferrocarril que, un siglo atrás, era británico. El complejo habitacional se levantó en tierras del FCCA que se convirtieron en fiscales con la nacionalización. Con la desaparición de Ferrocarriles Argentinos la administración y titularidad de la infraestructura ferroviaria nacional, incluido el barrio Inglés, pasó a la órbita del Ente Nacional de Administración de Bienes Ferroviarios (ENABIEF), luego, y en la actualidad, a la del Organismo Nacional de Administración de Bienes (ONABE).
El ONABE trató de regularizar la situación de varios ferroviarios residentes allí, a fin de escriturar y finalizar la ambigüedad de ser dueño de un lugar considerado fiscal, o sea, de tener la posesión definitiva. Para esto fue necesario realizar la mensura de la tierra y los edificios, mientras se pagaban cuotas por los inmuebles. El Batten Cottages, formado por casas individuales, pudo titularizar en el 2012.
Para el edificio Morrison, por ser departamentos, se consideró necesario adscribirlo al régimen de propiedad horizontal, para lo cual la mensura es compleja y colectiva. Allí vive gente en distintas situaciones, algunos no puede pagar, otros con documentos del tipo comodato o con títulos precarios. A esto se suman construcciones sin permiso o transitorias, uso ilegal del suelo público, infraestructura común en colapso (cloacas, pozos), materiales ya irrecuperables y techos corroídos, entre otras situaciones. En el Morrison viven unas 25 familias, 50 o 60 personas, y hay dos comercios. Como todos usan las propiedades comunes, escaleras y pasarelas, no se sabe quién debe pagar las reparaciones o quién es el responsable si hubiera desprendimiento de mampostería sobre una persona.
Una síntesis permite inferir que, por su actual condición de tierras fiscales en uso por particulares, la solución es compleja. El municipio no puede intervenir, sólo puede realizar, como ya lo hizo, apuntalamientos o retiros de partes de mampostería. Los habitantes del lugar creen que es el Estado quien debe hacerse cargo, desean regularizar su situación, y para el ONABE los habitantes del lugar son ocupantes precarios. “Es una especie de limbo inmobiliario donde nadie sabe qué actitud tomar. Hay iniciativas para hacer las mensuras mediante el FONAVI, o el Servicio Público de la Vivienda. Tal vez todos deban sentarse a una mesa y encontrar la solución para estas 25 familias. También en su situación social, el Barrio Inglés es parte de nuestra historia.”, dijo un investigador que estudió el tema con interés académico.
Fuente: El Eslabón
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25/07/2016 en 13:03
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