Turquía vuelve a las primeras planas de la escena mundial. Las sombras se agitan en el terreno bisagra entre Oriente y Occidente, un nudo gordiano histórico, y se reabren grietas de oscuras profundidades totalitarias y belicosas en todas direcciones. Un arsenal nuclear estuvo en riesgo.
El gobierno turco del presidente Recep Tayyip Erdogan suspendió desde el pasado jueves la Convención Europea de Derechos Humanos mientras dure el Estado de emergencia que comenzó a regir desde esa misma jornada por un período de tres meses. Se estudia incluso reintroducir la pena de muerte. La decisión se conoció en medio de una creciente ola de represión por parte de las fuerzas gubernamentales contra los golpistas y de una gigantesca purga en la Justicia y organismos estatales, a los que apoyaron el golpe, en especial los simpatizantes de Fethullah Gülen, el clérigo autoexiliado en Estados Unidos –ex aliado de Erdogan– y acusado de ser “el cerebro” de la asonada. A la vez, trascendió que la intentona puso en riesgo la seguridad de una cuarta parte de las armas nucleares de la Otán en la base militar de Incirlik, controlada en mayor parte por EEUU, en donde donde se encuentran 90 bombas nucleares destinadas contra Moscú desde la Guerra Fría, según la prestigiosa revista norteamericana The New Yorker.
La fallida intentona militar del pasado viernes 15 de julio dejó un saldo de al menos 265 muertos, 1.500 heridos, varios edificios públicos destruidos –hasta el Parlamento sufrió un bombardeo–, y más de 10.000 detenidos, en mayor parte militares.
Como destacan algunos analistas, Erdogan, un implacable perseguidor de las redes sociales, fue paradójicamente ayudado en buena parte gracias a un mensaje vía Face Time conectado a CNN Turk, que mandó mediante su teléfono celular a sus seguidores para que copen las calles del país y así impidan que se concrete el golpe en marcha.
Miles de turcos colmaron avenidas, plazas y los puentes para bloquear a los soldados insurgentes, aunque, es claro, fue determinante el respaldo de la fuerzas militares que se mantuvieron leales, las que al final lograron frenar la intentona.
Jugada riesgosa
Según Eric Schlosser, de The New Yorker, estuvo en riesgo la seguridad de una cuarta parte de las armas nucleares de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otán), ya que el centro operativo del golpe fallido fue la base Incirlik, en la ciudad de Adana, a 112 kilómetros de la frontera siria, controlada preponderantemente por Estados Unidos, donde se encuentran 90 bombas nucleares: 50 de EEUU y 40 del ejército turco. Tales artefactos, en su mayoría de hidrógeno, están destinados contra Moscú desde la guerra fría, asegura el reporte.
La fecha y hora elegida para dar el golpe fueron las 3 de la madrugada del 16 de julio, pero el plan hubo de adelantarse porque, según los medios turcos, los servicios secretos captaron con anterioridad conversaciones militares y descubrieron los planes golpistas.
Según recopila el analista mexicano de origen libanés, Alfredo Jalife, el líder del golpe “fue el mandamás retirado de la fuerza aérea Akin Ozturk”, quien había sido agregado militar en Israel y, publica The Times of Israel, “mantuvo vínculos del ejército turco con el Estado judío en la década de los 90”.
El gobierno de Erdogan apunta como cerebro del golpe a Fethullah Gülen, imán y multimillonario promotor de un islamismo moderado, exiliado en Pensilvania y con óptimos vínculos con la CIA, el grupo financiero Carlyle, la Fundación Clinton y el principal rabino de Israel, Eliyahu Bakshi Doron, según publica Jalife.
La división entre los militares –Turquía es la segunda fuerza en cuanto a poderío militar de la Otán después de EEUU– se dieron a partir de las políticas de Erdogan de iniciar un proceso de paz con la guerrilla kurda PKK, mientras que otros apuntan que la gran escisión se dio por el acercamiento del presidente turco al jefe ruso Vladimir Putin, un giro que también repelen desde la Unión Europea (UE) y EEUU, donde se exilia el imán Gülen.
El imperdonable giro
El cambio de socio implicaría –según MK Bhadrakumar, un ex diplomático de India en Turquía y Asia Central–, el respaldo a Moscú en su proyecto por fortalecer al régimen sirio, revivir el proyecto del oleoducto ruso-turco por 15 mil millones de dólares y la construcción de varias plantas nucleares por 20 mil millones de dólares con reactores rusos.
Además, bloquearía los planes de Washington de establecer una presencia permanente de la Otán en el Mar Negro (que requiere la cooperación de Turquía, según la Convención de Montreux de 1936) y pondría en riesgo las operaciones de EEUU en Irak y Siria, que dependen preponderantemente de la base Incirlik.
Entre otras cosas, operaría también contra la balcanización de Siria, cambiaría en su totalidad la orientación de la policía exterior de Turquía, y operaría contra los intereses de Israel, Arabia Saudita y Qatar en Siria.
Esto serían los motivos más que contundentes para que se lanzara una intentona en Turquía, según la fuente citada por el analista Jalife, quien sintetiza la situación como “la reconciliación entre el nuevo sultán Erdogan y el zar Vlady Putin”, dice este columnista cuyo blog fue reproducido por la web venezolana de Telesur.
Autogolpe y purgas
En tanto que la teoría del auto-golpe, esbozada por el imán Gülen, fue desmentida hasta por el diario El País de España, estandarte de voceros occidentales. “Varios hechos indican que no fue así (que no hubo autogolpe): la magnitud de la asonada militar –movilizó a una parte nada desdeñable de las Fuerzas Armadas–, los violentos combates entablados entre rebeldes, policía y militares leales, y el que tuvieran que secuestrar al jefe del Estado Mayor, el general Hulusi Akar. El nerviosismo y descoordinación con los que actuaron las principales figuras del gobierno y sus asesores en las primeras horas en una formación política, el AKP (Partido de la Justicia y el Desarrollo, conservador islamista), en la que la narrativa y los discursos son fuertemente controlados desde lo alto del partido, indican también que no era algo orquestado”, apunta El País, y agrega: “Además, no parece factible que Erdogan pudiese encontrar en el Ejército a miles de oficiales dispuestos a tirar por la borda sus carreras –serán condenados a larguísimas penas de cárcel– a mayor gloria del presidente”.
Por otra parte, la agencia de noticias francesa AFP, informa sobre “las extraordinarias purgas del gobierno turco con el objetivo declarado de limpiar las estructuras estatales, pero también instituciones privadas, sobre todo de enseñanza y medios, de supuestos seguidores de Gülen”.
Frente a esta situación, la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) pidió a las autoridades turcas que garanticen la seguridad de los periodistas y respeten el debate plural y las opiniones críticas.
«Con el pleno uso de mi mandato, insto a las autoridades turcas a que aseguren el debate plural y respeten las opiniones divergentes, además de la seguridad de los periodistas», expresó en un comunicado, Dunja Mijatovic, representante de Libertad de Expresión de la OSCE.
Turquía es uno de los 57 países miembros de esta organización internacional centrada en la seguridad y la prevención de conflictos.
La cancelación de licencias a 25 medios de comunicación, las investigaciones criminales contra los medios críticos, el despido de cientos de periodistas del canal estatal y el bloqueo de al menos 20 portales, son «los últimos desafíos graves a la libertad de expresión y de prensa en Turquía», según Mijatovic. Mijatovic recordó que Turquía es el país miembro de la OSCE que más periodistas tiene en la cárcel.
Estado de sitio
Frente a la incertidumbre de los ciudadanos turcos, el viceprimer ministro, Numan Kurtulmus, explicó que la suspensión de la Convención de Derechos Humanos se hará «como en Francia», en alusión a las medidas tomadas en ese país por la declaración del estado de emergencia por los atentados de los últimos meses.
El jefe del Estado explicó que la declaración de emergencia busca asegurar la democracia y localizar a los responsables de la intentona golpista.
En ese sentido, Kurtulmus insistió en que la declaración del estado de emergencia no significa la aplicación de la ley marcial y que los ciudadanos no se verán afectados.
«El derecho de reunión y manifestación no serán cancelados. No va a haber toque de queda, no habrá ningún retroceso en los avances democráticos», afirmó el vicepremier que además sugirió que la medida podría levantarse «en mes o mes y medio», si «las condiciones vuelven a la normalidad» .
De hecho, según observó la agencia de noticias EFE, la vida transcurría con normalidad. En las calles, el decreto no tuvo efectos de nota y los ciudadanos se mostraban aliviados de que el golpe hubiese fracasado.
Fuente: El Eslabón.
