Un Macri desesperado

A muchos dirigentes, al iniciarse la campaña presidencial que tuvo a Daniel Scioli como el elegido para dar continuidad a las políticas del kirchnerismo, se les ocurrió que sería provechoso dirigir el discurso a un público medio, corriendo las propuestas «al centro», para captar a ese voto «independiente». Fue el peor momento del espacio que terminó ganando por tan poco que el macrismo lo forzó a ir a una segunda vuelta.

Pero aún cuando se pueda cuestionar a esos referentes que pergeñaron esa estrategia, ¿quién hubiese imaginado que en los primeros meses de gestión la derecha iba a llevarse puestos como un vendaval derechos adquiridos tan importantes como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el ProCrear, Conectar Igualdad, el cerrojo para no usar las reservas en el pago de la deuda pública, y le iba a pagar a los buitres lo que ni éstos exigían?

Bueno, aquellos referentes son los mismos que pidieron esperar a Mauricio Macri para ver hacia dónde se dirigía su gestión, hablan de «gobernabilidad» ante cada ley que el oficialismo quiere imponer en el Congreso donde tiene absoluta minoría, y son los que imponen incluso a sectores que fueron puntales del kirchnerismo la estrategia de «unidad» para enfrentar con chances…¡al macrismo!

En ese contexto, el gobierno de Cambiemos, integrado por representantes de empresas, corporaciones y bancos nacionales y extranjeros plantó una devaluación del 50 por ciento, desactivó las retenciones por completo a toda la producción agraria y se las redujo a la soja, impuso por decreto dos nombramientos en la Corte Suprema de Justicia, desactivó los programas nuclear y satelital, está desactivando el Fútbol para Todos, permitió que se produjera una ola de despidos descomunal y está abriendo la economía de tal forma que las consecuencias nefastas para la industria aún no se ven en toda su dimensión.

Pero todo ello, en apariencia, no tuvo en la sociedad el efecto devastador que sí tiene el tarifazo en el 90 por ciento de la población. Esa política, aplicada para favorecer a empresas que incluso los amigos de Macri adquirieron poco antes de que éste acceda al gobierno, fue el primer frenazo que sufrió la gestión neoliberal desde el 10 de diciembre pasado.

El ruidazo que se llevó adelante en todo el país, las explicaciones oficiales, que ya rayan con la burla a la ciudadanía, los fallos judiciales que detuvieron los efectos del tarifazo, y los fallidos intentos del gobierno por disimular la crisis interna que produjo la salvaje decisión de atacar el bolsillo de millones de familias para financiar a concesionarias que no invirtieron y no piensan invertir no amilanó al núcleo duro del gobierno macrista.

La contraofensiva neoliberal

Macri, en las últimas dos semanas, apretó el acelerador. Si entendió que su gestión se está desmadrando, decidió hacer todo rápido antes de que su gobierno estalle por completo. Si no entendió, alguien tendría que decirle que la mecha encendida por él mismo avanza hacia la bomba.

Con desparpajo inusitado, el presidente empresario cargó contra la justicia laboral, en un tono que sólo manejan los patrones más despiadados. En un reportaje concedido a Joaquín Morales Solá, confesó cuáles son las condiciones para que llegue la lluvia de inversiones prometida: «Dos cosas. Primero, una justicia laboral más equitativa, no tan volcada a encontrarle siempre la razón a una parte. Y, después, que el peronismo se muestre racional, más comprometido con políticas permanentes de Estado. La pregunta que más me hacen en el exterior es ésta: ¿y después de usted qué? La respuesta la tiene la oposición, no yo, porque todos saben qué hará mi partido y la coalición que integramos».

Cuando el massismo y otros actores presuntamente opositores alegan que es preciso ver qué piensa hacer el oficialismo, está claro que mienten. Cuando Macri dice que todos saben qué hará su partido, no miente.

El «peronismo» que el mandatario y los que le hacen preguntas en el exterior quieren disciplinar es el que integran Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey, algunos popes del sindicalismo como Luis Barrionuevo, Gerónimo Venegas, y algunos de quienes habiendo sido parte del elenco kirchnerista le vienen votando a Cambiemos todo lo que le ordenan, acaso a golpe de carpetazos.

El jefe del bloque del cual se autoeyectó el Movimiento Evita en pos de la «unidad», Héctor Recalde, le respondió a Macri respecto de su apriete a la Justicia: «Macri quiere suprimir el fuero laboral». El ex asesor de la CGT abundó en sus apreciaciones, y señaló que el presidente «está muy mal informado de la realidad, de las estadísticas, de la Constitución y de la ley».

El legislador opinó que «con la ley vigente, y hago la autocrítica porque la aprobamos, los juicios van a derecho civil, que no tienen que ver con el derecho del trabajo», y agregó: «Eso se ve también en el acuerdo que hicieron con McDonald’s y con lo que va a pasar con el sistema previsional. Este es un gobierno para ricos, no para los trabajadores. Es un regreso al pasado». No hubo un trencito de colegas que lo siguieran en su fuerte embate contra las intenciones de la derecha en el poder. Tampoco lo acompañaron sus ex compañeros cegetistas. Sólo tuvo eco en los dos líderes de la CTA, Hugo Yasky y Pablo Micheli.

Blitzkrieg sobre Comodoro Py (y anexos)

Lo cierto es que Macri no cargó sólo contra el fuero laboral, y sus colaboradores, del ministro de Justicia Germán Garavano hacia abajo, se encargaron de difundir que la intención es llevarse puestos a un cuarteto de jueces federales, molestos en extremo según el paladar presidencial.

Hace casi un mes, el 30 de junio pasado, ya el diario fundado por Bartolomé Mitre adelantaba en uno de sus títulos, la avanzada sobre Comodoro Py: «Macri dio luz verde para elaborar una auditoría sobre la justicia federal penal». En la bajada, añadía datos que hoy no deberían sorprender a nadie: «Adelantó a sus ministros que apoya la propuesta para que el Consejo de la Magistratura evalúe si hubo irregularidades en las causas de corrupción».

Así, enmascarando su plan en un «apoyo» a la Magistratura, apuntó sus cañones contra varios jueces federales. Adjudicando los dichos al entorno presidencial, La Nación publicó que «hay seis o siete jueces que deberían renunciar porque garantizaron impunidad, al igual que renunció Norberto Oyarbide».

Un día antes, el 29 de junio, El Cronista titulaba así: «Macri apunta contra los jueces que no investigaron corrupción», y revelaba en la bajada que «en la reunión de Gabinete, el Presidente pidió que actúe el Consejo de la Magistratura. Garavano dijo que algunos magistrados deben dar un «paso al costado»».

Pero el colmo de la brutalidad Macri la expresó en la entrevista que concedió al ex apologeta del general genocida Domingo Bussi: «El kirchnerismo se fue, pero Justicia Legítima sigue ahí. Hay jueces y fiscales de esa agrupación en todos lados que obstruyen la política (como sucedió con las tarifas) o que creen en la abolición del Código Penal. Traban las decisiones políticas, sean económicas o de seguridad, por razones ideológicas, no judiciales. Los conozco. Me hacían lo mismo en la Capital». Así de sutil fue el mandatario que llegó a la Casa Rosada diciendo que quería restaurar el Estado de derecho avasallado por Néstor y Cristina Kirchner.

La dimensión de la operación contra el fuero federal penal la dan los nombres y apellidos de quienes Macri pretende que renuncien: los jueces Sebastián Casanello, Daniel Rafecas, Rodolfo Canicoba Corral, César Álvarez, Olga Calitri y Leopoldo Schiffrin; el camarista Eduardo Freiler; Alejandro Slokar, de la Cámara de Casación; el fiscal federal Federico Delgado, y la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, aunque la nómina podría ser aún más extensa.

En los casos de Rafecas, Canicoba Corral y Freiler, ni siquiera pertenecen a Justicia Legítima, pero eso no parece preocupar a Macri, que se siente una topadora en una cristalería.

¿Y en Santa Fe?

Con sordina, en Santa Fe se viene llevando adelante una ofensiva que involucra al Ejecutivo, el Senado y la Corte Suprema de Justicia provinciales. El objetivo: la remoción del Defensor Público Gabriel Ganón.

En su edición del domingo 22 de mayo de 2016, el vespertino El Litoral publicaba un título que no sería inquietante si no existieran antecedentes peligrosos: «Definieron cómo remover a defensores y fiscales».

Esos antecedentes los expresa el mismo medio en la bajada informativa, que recuerda que «en 2014, 17 de los 19 senadores intentaron destituir al jefe de la Defensa, Gabriel Ganón. En 2015, renunció –en medio de denuncias– el fiscal regional Ricardo Fessia».

El impecable artículo de Luis Rodrigo rememora una vieja deuda de la reforma procesal penal en Santa Fe, que comenzó en 2007 con la Ley 12.734. El periodista apunta que esa modificación «cuenta ahora con un procedimiento normado (un reglamento) para las denuncias y el trámite de remoción contra sus actores principales: los fiscales y los defensores».

Bajo el título “Procedimiento para la Gestión de Denuncias y Trámite de Remoción para Funcionarios de las Leyes 13.013 y 13.014”, la Asamblea Legislativa aprobó esa resolución por unanimidad.

Lo cierto es que, basados en ese procedimiento, tanto miembros de la Corte como algunos senadores, con el guiño más que ostensible del Ministerio de Justicia de Miguel Lifschitz se aprontan para iniciar un nuevo embate contra Ganón.

En las últimas horas, un senador del Frente Progresista, Cívico y Social (FPCyS) pidió la destitución del Defensor General. En concreto, el senador Lisandro Enrico ingresó el nuevo pedido en la Legislatura contra el funcionario judicial, y no es casual que lo haga ahora, cuando el cuerpo cuenta con un procedimiento para la remoción de fiscales y defensores.

Como si hiciera falta, Enrico explicó que «éste no es un proceso administrativo, sino político. Por eso es la Legislatura la que tiene que decidir y analizar las causales de remoción».

Ganón también dijo lo suyo: “Nos cuestionan porque quieren silencio. ¿Silencio para qué? Para que la diputada (Alicia) Ciciliani, por ejemplo, pueda circular por todos los canales de televisión asumiendo posiciones pseudo progresistas que en la provincia no existen. ¿Un ejemplo? La diputada cuestionó con dureza al Presidente por sus posiciones en relación a la administración de justicia. Se llenó la boca con una retórica sobre la división de poderes. Claro, habla de la Nación, pero si alguno de los periodistas le preguntara: Diputada, ¿y por casa cómo andamos? No sabría qué decir, porque hacen lo mismo”.

Como se ve, no sólo Macri tiene en la mira a la Justicia que no puede dominar o tener bajo su órbita.

«La data es mía, mía y sólo mía»

La gravedad institucional de la embestida contra la Justicia federal sólo es comparable con el último de los feroces zarpazos que Macri dio en la última semana: la decisión de su gobierno de poner a disposición de la Secretaría de Comunicación Pública la base de datos de la Ansés.

La resolución 166 publicada el lunes pasado, que revela el convenio por medio del cual la Ansés pasará a la órbita de Marcos Peña su base de datos con nombres y apellidos, domicilios, teléfonos y email de todos los registrados en la seguridad social, reza lo siguiente: “La Secretaría de Comunicación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros, mediante sus unidades orgánicas, debe mantener informada a la población a través de diversas modalidades, que incluyen desde las redes sociales y otros medios de comunicación electrónicos, hasta el llamado telefónico o la conversación persona a persona, de forma de lograr con los ciudadanos un contacto individual e instantáneo”.

Mientras el especialista informático Ariel Garbarz alertaba el miércoles que en sólo 48 horas ya sería tarde, puesto que la mera desencriptación de la base de datos la tornaba vulnerable ante los miles de hackers que existen en la Argentina, las diputadas Alicia Ciciliani, socialista, y Margarita Stolbizer, del GEN, presentaron un proyecto de ley para declarar nula la resolución del Ejecutivo. El análisis en comisiones de dicha iniciativa excede en semanas al perentorio plazo que dio Garbarz para que se haga algo. La reacción de ambas legisladoras habla a las claras del estado en que se encuentra parte de la oposición, narcotizada o cooptada por las políticas neoliberales.

Más efectiva fue la respuesta que dieron los diputados nacionales Juan Cabandié y Rodolfo Tailhade, quienes denunciaron al jefe de Gabinete por firmar la resolución que transfiere la base de datos de la Ansés a la secretaría de Comunicación Pública de la Nación. El problema es que la denuncia penal recayó en el juzgado Criminal y Correccional Federal N° 4, a cargo de Ariel Lijo, y será investigada por el fiscal Guillermo Marijuan, ambos íntimos amigos del gobierno macrista.

Además de lo que advirtió Garbarz, los legisladores del Frente para la Victoria (FpV) acusaron a Peña de pretender “utilizar los datos para hacer propaganda política, campañas de desprestigio y operaciones de manipulación de la opinión pública”, y señalaron que aún si la declarada finalidad de “mantener informada a la población” fuera cierta, el área de gestión de Peña no cuenta con los recursos humanos, materiales y presupuestarios necesarios para tratar ese enorme banco de datos personales.

En ese sentido, explicaron algo que casi ningún medio de comunicación reprodujo: “O generan un ingreso masivo de miles de nuevos trabajadores a la Secretaría, o contratan distintas consultoras para que realicen la tarea. No parece muy difícil conocer la respuesta: los datos personales de todos los argentinos que Anses remitirá periódicamente al licenciado Peña y su equipo terminará en las manos de empresas privadas”.

Arsat ya no es un lavarropas

Lanzado en el kirchnerismo, Clarín en su momento calificó al satélite geoestacionario Arsat-2 como «un lavarropas en el espacio». Pues bien, en los últimos diez días se profundizaron las negociaciones para que Torneos y Competencias, junto con Clarín terminen utilizando los servicios del satélite producido íntegramente en la Argentina.

De ese modo, se conoció que el canal deportivo y el multimedios firmaron un contrato con la empresa estatal Invap para hacer uso del satélite en la transmisión de eventos y noticias. El martes 19 de julio pasado, Diario Registrado publicó que «después de las constantes críticas de Clarín al desarrollo satelital nacional realizado durante el kirchnerismo, un acuerdo permitirá que puedan acceder a los beneficios de tener un satélite propio».

El medio digital agregó que «la señal de TV por cable podrá transmitir eventos deportivos en Argentina a través del satélite nacional», ya que a TyC le asignaron 18MHZ sobre un transpondedor de 72MHZ correspondiente al Arsat-2.

En El Destape, otro sitio web de noticias, se publicó lo siguiente: «Hace poco menos de diez años, una gran cantidad de señales argentinas, entre ellas TyC Sports, tomaba la decisión de elegir a una empresa satelital norteamericana para realizar sus transmisiones».

Quien sostuvo eso es nada menos que el presidente de Arsat, Rodrigo de Loredo, quien añadió: «Hoy, fruto de numerosas gestiones, logramos que confíen en nuestra empresa pública y así contraten nuestros servicios». De lavarropas a instrumento de sus negocios, el Arsat-2 muestra que la «pesada herencia» no deja de asombrar por sus livianas consecuencias.

Fuente: El Eslabón