La Justicia Federal de Rosario sobreseyó a los tres patovicas y dos policías santafesinos imputados como presuntos autores y encubridores del crimen de Gerardo Pichón Escobar (23), el joven que desapareció el año pasado a la salida de un boliche y fue encontrado muerto en el río Paraná una semana después.
El juez federal 4 de Rosario, Marcelo Bailaque, dictó este miércoles el sobreseimiento de los cinco acusados en el caso, que era investigado en el fuero federal como desaparición forzada de persona.
“Mañana nos vamos a reunir con el fiscal (Federico Reynares Solari) y vamos a presentar cuanto antes la apelación para intentar revertir esto en la Cámara”, dijo a a la agencia de noticias oficial Télam Guillermo Campana, abogado querellante de la familia de Escobar.
Escobar, un empleado municipal de Parques y Paseos, fue visto por última vez la madrugada del 14 de agosto de 2015 al salir del after hour “La Tienda” del centro de Rosario.
Una semana después su cuerpo sin vida apareció flotando en el río Paraná pero la autopsia y otras pericias posteriores determinaron que no tenía agua en los pulmones, por lo que estaba muerto cuando fue arrojado al río.
De acuerdo a las pericias que constan en la causa, la principal hipótesis de su muerte es por asfixia.
La causa se investigó al principio en la Justicia ordinaria de Rosario como homicidio, y por el caso fueron detenidos tres patovicas del boliche y dos policías que prestaban servicios adicionales en el lugar.
La Justicia provincial había dictó la prisión preventiva al patovica Cristian Viva (36), acusado de haber matado al joven «con golpes de puño y de la rodilla en distintas partes del cuerpo».
Además, fueron imputados por el presunto encubrimiento agravado los policías Luis Alberto Noya (32) y el efectivo con carpeta psiquiátrica Maximiliano Anselmi (32).
La misma acusación recibieron los patovicas César Darío Ampuero (30) y José Luis Carlino (33) por «haber ocultado el cuerpo» para luego «arrojarlo a la orilla del río Paraná».
Tras un planteo de competencia, la causa pasó al fuero federal parar ser investigada como desaparición forzada de persona, atento a la presunta participación de agentes policiales en el hecho.
El juez Bailaque rechazó la competencia federal por entender que no constituía un caso de desaparición forzada, pero la Cámara revocó esa resolución y le ordenó investigar.
Finalmente, el magistrado dictó el sobreseimiento de los cinco acusados, y ordenó su libertad.
