Los sobreseimientos de los imputados por la desaparición y el homicidio de Gerardo Pichón Escobar –tres patovicas y dos policías integrantes de la seguridad del bar La Tienda–, dispuestos la semana pasada por el juez federal Marcelo Bailaque, obligaron a la familia de la víctima a redoblar esfuerzos para que no haya impunidad. En la calle y en el expediente, el togado comenzó a cobrar protagonismo, aunque negativo desde la perspectiva de la parte acusadora. El miércoles 17 de agosto se presentaron las apelaciones a la resolución del magistrado, que fue acompañada a la tarde con una masiva movilización desde los tribunales provinciales a los federales. La fiscalía, incluso, pidió su apartamiento. “Che Bailaque che, che Bailaque, te queremos avisar, sin justicia por Pichón, que quilombo se va armar”, coreó la multitud frente al palacete de bulevar Oroño.
Gerardo Escobar (23) trabajaba en el área de Parques y Paseos de la Municipalidad de Rosario. El 13 de agosto de 2015 fue visto por última vez con vida en el bar La Tienda. Tras estar una semana desaparecido, su cadáver fue encontrado en el río Paraná. Entre otras pruebas, testigos y cámaras de videovigilancia identifican a integrantes de la seguridad del boliche golpeando al joven aquella fatídica madrugada. Los acusados, sobreseídos por Bailaque, son los patovicas Cristian Jesús Vivas, César Darío Ampuero y José Luis Carlino; y los policías Luis Alberto Noya y Maximiliano Amiselli.
Apelación y apartamiento
El miércoles pasado, previo a la movilización, tanto la querella como la fiscalía presentaron sus apelaciones a los sobreseimientos de los cinco imputados ante la Cámara Federal. “Los argumentos que tenemos se desprenden de la evidencia recolectada”, contó a El Eslabón Guillermo Campana, uno de los abogados que representa a Luciana Escobar –hermana de Gerardo– y a su familia.
“Entendemos que el juez, como hizo cuando recayó en su fuero el caso de Gerardo Escobar como un hecho de desaparición forzada, pretende desvincularse de la causa”, evaluó el representante legal.
Para Campana, lo que hizo Bailaque con su resolución “es analizar la evidencia de forma separada”. “De esa manera, en un caso tan complejo como éste, es más fácil deslindar responsabilidades”, remarcó.
“En cambio –comparó el abogado querellante–, nosotros creemos que lo que se debe hacer es analizar de manera integral toda la evidencia, abordar los antecedentes del boliche, las conductas anteriores y posteriores de las personas que participaron en la golpiza a Gerardo y, luego de eso sí, analizar la participación de cada uno”.
Según la querella, el juez debió además “ordenar nuevas medidas, profundizar la investigación, y sin embargo tampoco lo hizo”.
“La irresponsabilidad de la Justicia –remarcó Campana–, es que prácticamente desde diciembre no se lleva a cabo una medida de investigación. Si el juez considera que estas personas no participaron, nosotros lo podemos discutir. Ahora, que no realice ninguna medida de investigación para esclarecer el hecho es una irresponsabilidad de su parte y muestra a las claras su voluntad de desligarse de la causa”, fustigó el abogado.
Que se aparte
El fiscal Federico Reynares Solari también apeló los sobreseimientos dictados por Bailaque, pero fue aún más allá y requirió a la Cámara Federal de Apelaciones el apartamiento del juez. Según confirmaron fuentes de la fiscalía a este periódico, la solicitud de remoción del magistrado se funda en que Bailaque desoyó los planteos que realizó la propia Cámara cuando lo obligó a instruir la causa, luego de que el juez rechazara en un primer momento la competencia del fuero federal para investigar el hecho.
Para la fiscalía, en la resolución de la Cámara que instó a Bailaque a tomar el caso, el tribunal superior le ordenó al magistrado investigar y dejar de lado su primera intención de no seguir con la causa. Ahora, la representación local del Ministerio Público Fiscal entiende que por hacer primar su criterio original, antes que el fijado por la Cámara, Bailaque debe ser apartado del expediente.
«Consideramos que, al menos, existe probabilidad para sostener que existía a la fecha de los hechos, un grupo mixto público privado que ejercía la gestión de la seguridad no sólo en el boliche ‘La Tienda’ sino en sus adyacencias, el que actuaba no sólo con la aquiescencia sino en coordinación con la Comisaría tercera, el que ‘señalaba’ personas que eran acreedores de diferentes ‘castigos'», señaló el representante del Ministerio Público en su presentación del miércoles pasado.
«¿Cómo pudo llegar un cuerpo sin vida, por asfixia, al río sin la intervención de una tercera persona? Las conclusiones a las que se arribó en el resolutorio aquí en crisis lucen arbitrarias y despojadas de las constancias de la causa», indicó el fiscal.
En otro tramo, el escrito de Reynares Solari –difundido por el portal fiscales.gob.ar–, remarca que “Gerardo Escobar fue visto por última vez luego de que fuera golpeado por miembros” del “grupo mixto” que “en la Comisaría tercera existió un ingreso no registrado de una persona, que no puede descartarse que se trate de Gerardo Escobar”, y que el joven “no volvió a ser visto y encontró la muerte de un modo tal que tuvo que haber sido producida por terceras personas”.
El fiscal, consideró en su escrito que en la resolución de la Cámara que instó a Bailaque a tomar el caso, el tribunal superior le ordenó al magistrado investigar y dejar de lado su primera intención de no seguir con la causa. Ahora, la representación local del Ministerio Público Fiscal entiende que por hacer primar su criterio original, antes que el fijado por la Cámara, Bailaque debe ser apartado del expediente.
De acuerdo al planteo de Reynares Solari, Bailaque cometió “dos graves falencias” al sobreseer a los cinco imputados.
«La primera de ellas es que se apartó sin motivo alguno que lo justificara de estándares de interpretación probatoria que habían sido establecidos por el tribunal de alzada en una intervención anterior a la causa”, afirmó el fiscal en su texto. Y añadió: “Y la segunda es que la misma no supera el test mínimo para que pueda considerarse como tal dado que (…) el señor juez ha realizado una desajustada interpretación de los elementos existentes en la causa y de aquellos disponibles jurídicamente, y al intentar dar apoyatura a su decisión ha echado mano a argumentos sin fundamentos, contradictorios , sólo aparentes y arbitrarios”.
Según la lectura de Reynares Solari, la decisión de Bailaque impide la continuidad de la investigación sobre los acusados, lo que, para el fiscal “se da de bruces con la manda que la alzada había dispuesto”, y que reproduce en su escrito: “Profundizar la investigación en torno a la hipótesis que habilitó la competencia federal, es decir la circunstancia de que en el hecho hayan intervenido estructuras creadas y disciplinadas por el derecho público, en el caso particular al menos estructuras de la Policía de la Provincia de Santa Fe”.
El fiscal recordó que en su indagatoria el imputado José Luis Carlino manifestó que el grupo de seguridad se ocupaba de cuidar los automóviles estacionados en la cuadra y hasta de las personas que por ella pasaban. Apoyado en esas afirmaciones, el fiscal concluyó que la declaración “evidencia que dicho grupo participaba de la gestión de la seguridad pública, mucho más allá de lo que su función en el boliche lo requería. Ello resulta imposible sin al menos la anuencia de la autoridad pública de prevención”. Vale mencionar aquí que el cuerpo de Escobar fue hallado recién una semana después en el río Paraná.
En la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, que el fiscal cita para poner en contradicción a Bailaque, el tribunal de alzada sostuvo que “los informes realizados al cuerpo de la víctima determinaron que «es un cadáver rescatado o recuperado del agua, es decir, un cadáver sumergido por un espacio de tiempo entre cinco y siete días» y que «no presentaba agua en los pulmones», que «del examen interno surgen como relevantes: pulmón ‘seco’, no hiperinsuflado» y que «los hallazgos histopatológicos, en especial el concluyente de La Plata, sumados a los propios de autopsia, sugieren que la muerte está relacionada con un mecanismo asfístico»». De acuerdo a esos peritajes citados por el tribunal “el cuerpo de Escobar puede haber ingresado sin vida al medio líquido”.
Marcha de la bronca
El miércoles pasado, los familiares y amigos de Escobar, acompañados por diversas organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, se movilizaron desde los tribunales provinciales a los federales para repudiar a Bailaque.
“Hoy es un día de bajón, que cuesta, pero también de mucha bronca e impotencia, porque estos papeles que tengo acá en la mano (por la resolución de Bailaque), escritos por este juez, pretenden tirar por la borda todo el trabajo que venimos haciendo con los abogados”, dijo Luciana Escobar al llegar a la sede de los tribunales federales este miércoles.
La joven señaló a Bailaque como un “juez cagón”. “No tuvo los huevos para encarar la investigación del asesinato y desaparición de mi hermano”, se quejó Luciana.
“Para él (Bailaque), nunca fue una desaparición forzada, cuando hay pruebas suficientes”, dijo Luciana a través de un megáfono, y repasó las principales pruebas del expediente: “Tenemos el video donde se ve que sale mi hermano y lo siguen estas personas; tenemos en la otra cuadra donde se ve cómo (Cristian) Vivas le pegaba; tenemos el testimonio del conocido de mi hermano que apunta directamente contra Vivas”.
La joven también destacó que se detectó la “señal del celular de mi hermano en el radio donde vivía esta persona (Vivas)”, y recordó la existencia del testimonio de un detenido de la comisaría tercera que dice haber visto cómo llevaron a un pibe en la madrugada del 14 de agosto. “Se comprobó que mi hermano fue arrojado al río sin vida”, indicó Luciana, y remarcó: “Teníamos tantas cosas y ahora no tenemos nada”.
Con el compromiso de “seguir en la lucha y no bajar los brazos”, Luciana confirmó que continuarán realizando movilizaciones y actos para que el crimen no quede impune.
Fuentes: El Eslabón/Redacción Rosario/Fiscales
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