El TOF N° 1 de Córdoba condenó a 38 de los 43 imputados, 28 de ellos a prisión perpetua, en el megajuicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención de “La Perla” y “La Ribera”.
El Tribunal Oral Federal N° 1 de Córdoba leyó este jueves la sentencia del megajuicio por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en los centros clandestinos de detención de “La Perla” y “La Ribera”. Por unanimidad condenaron a 38 de los 43 imputados, 28 de ellos a prisión perpetua, mientras que a otros 10 con penas que van desde los dos años y seis meses hasta los veintiuno años. Cinco acusados fueron absueltos. La extensa lectura del veredicto, estuvo acompañada por una enorme movilización encabezada por las organizaciones de derechos humanos.
Cuatro años de juicio, 22 expedientes acumulados, 716 víctimas de las cuales 340 son sobrevivientes y constituyeron la prueba testimonial fundamental para la sentencia. Tras las declaraciones de 581 testigos, en la audiencia numero 354, el Tribunal integrado por los jueces Jaime Díaz Gavier (presidente), Julián Falcucci, José Camilo Quiroga Uriburu y Carlos Arturo Ochoa dio lectura al esperado veredicto.
La sentencia, fue seguida y celebrada desde afuera por una masiva movilización que siguió la lectura del veredicto mediante pantallas y un escenario montado para la ocación.
Entre los presentes en la sala estuvieron el gobernador Juan Schiaretti; la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto, representantes de Hijos y Familaires de Córdoba.
Tampoco faltó la provocación Cecilia Pando, quien se llegó hasta el lugar para hacer su acting en defensa de los procesados y condenados por crímenes de lesa humanidad.
En la sentencia, el máximo represor juzgado entra los casi cincuenta, Luciano Benjamín Menéndez, volvió a recibir la pena de “prisión perpetua” al ser considerado como autor y coautor de crímenes por privación ilegitima de la libertad, tormentos y desaparición forzada de personas seguida de muerte, entre otros delitos cometidos contra centenares de “perseguidos políticos”.
El octogenario exjerarca de La Perla escuchó pasivo una nueva condena a prisión perpetua junto a los ex carapintadas Héctor Pedro Vergez y Ernesto Barreiro, también condenados a la misma pena por delitos similares.
Se trata de la primera condena que recibe Barreiro por su actuación durante el terrorismo de Estado.
Barreiro estaba imputado por 518 delitos: 228 privaciones ilegitimas de la libertad agravadas, 211 imposiciones de tormentos agravadas, 65 homicidios calificados, 13 imposiciones de tormentos
seguidos de muerte y el robo de un menor de 10 años.
La lectura de los fundamentos de la sentencia en la presente causa se difiera para el próximo día 25 de octubre del corriente a las 12 horas.
El gobernador se hizo presente
“Vengo a expresar el respaldo del Estado cordobés a este juicio que llevó adelante la Justicia de la democracia, que trabajó de manera impecable garantizando a los acusados la posibilidad de ser juzgados, algo que ellos le negaron a sus víctimas”, dijo Schiaretti.
“La Justicia le dio a todos estos asesinos la chance defenderse que ellos no le dieron a sus víctimas. En esto hay un gran mérito de las organizaciones de derechos humanos que permanentemente levantaron las banderas y permitió que hoy juzguemos a la dictadura. Que nunca más se repita”, expresó en declaraciones a la prensa el gobernador cordobés. “Si hay un símbolo de ese horror es La Perla”, añadió el mandatario.
“La Perla es el símbolo del horror, de la barbarie, la muerte, de la violación a los derechos humanos, de los crímenes de lesa humanidad y del terrorismo de Estado que tuvo la dictadura genocida en nuestra provincia”, remarcó Schiaretti.
Doce perpetuas para Menéndez
Condenado en 14 oportunidades, 12 a prisión perpetua, Menéndez, alias «Cachorro», de 89 años, fue jefe del Tercer Cuerpo de Ejército y máximo responsable de los crímenes cometidos en la denominada Subzona 33, Zona 3, según el organigrama de la represión en la que dividieron el país con el fin de «aniquilar el accionar subversivo».
Uno de los genocidas no beneficiados por la ley de Obediencia Debida dictada en 1987, se hallaba implicado en unas 800 causas por crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado.
En 1988 fue procesado por 47 casos de homicidio, 76 de tormentos, cuatro de ellos seguido de muerte y cuatro sustracciones de menores, pero la Corte Suprema lo desprocesó por la ley de Punto Final.
En 1990 recibió el indulto del entonces presidente Carlos Menem y ocho años después, al reabrirse una causa por 30 fusilamientos y asesinatos de presos políticos cometidos en 1976, estuvo detenido algunos días por negarse a declarar, aunque pronto recuperó la libertad.
La justicia se abrió paso a partir de la anulación de las leyes de impunidad y una sentencia dictada en Córdoba el 24 de julio de 2008, por los secuestros, torturas y asesinatos de miembros del Partido Revolucionario de los Trabajadores abatidos en un operativo montado por el Tercer Cuerpo en diciembre de 1977.
Un mes después, la justicia lo condenó en Tucumán junto a Antonio Domingo Bussi por la desaparición del ex senador provincial justicialista Guillermo Vargas Aignasse, un hecho perpetrado el 24 de marzo de 1976.
Recibió la tercera condena a fines de 2009, también en Córdoba, por el secuestro, tortura y asesinato del comisario Ricardo Albareda y los secuestros de otros perseguidos políticos.
El 18 de mayo de 2010, un tribunal de Tucumán volvió a condenarlo por los padecimientos de 22 personas en el centro clandestino de detención que funcionó en la ex Jefatura de Policía de la capital provincial.
En diciembre del mismo año la justicia lo condenó por los homicidios de 31 presos políticos alojados en la Unidad Penitenciaria San Martín de la ciudad de Córdoba, cometidos en 1976 bajo el paraguas de la llamada «Ley de Fugas», entre otros crímenes.
El 23 de marzo de 2011 recibió otra condena en Tucumán por homicidios y otros delitos en la causa Romero Niklison, y ese mismo año en Salta fue encontrado culpable del asesinato de 11 presos políticos en la causa conocida como «Palomitas II».
Tras la confirmación por parte de la Corte Suprema de Justicia de la condena a prisión perpetua que dictó en 2008 el Tribunal Oral Federal de Tucumán, Menéndez fue dado de baja del Ejército y perdió su rango en 2011.
En 2012, la justicia en La Rioja impuso a Menéndez la pena de prisión perpetua en cárcel común por los homicidios de los curas Carlos Murias y Gabriel Longueville, conocidos como los «Mártires de Chamical».
En 2013, fue condenado otra vez en La Rioja a 20 años de prisión por los delitos de privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos cometidos en 1977, cuando un grupo de docentes y agricultores fueron detenidos ilegalmente y torturados por integrantes de Gendarmería.
A fines de 2013, la justicia en Tucumán lo condenó a 12 años de prisión por la privación ilegítima de la libertad de Rita Ariza de Toledo y de su yerno Jorge Ygel en noviembre de 1977, y el 4 de julio de 2014 en La Rioja fue una vez más condenado a prisión perpetua en cárcel común por el asesinato del obispo Enrique Angelelli, cometido el 4 de agosto de 1976.
El 1 de junio de 2015, el Tribunal Oral Federal de Córdoba le dictó prisión perpetua por delitos que tuvieron como víctimas a tres estudiantes con militancia en la Juventud Universitaria Peronista en junio de 1976.
A fines de marzo pasado, el Tribunal Oral Federal de San Luis lo condenó a prisión perpetua por secuestros, torturas y 11 homicidios en la denominada «Causa 2470».
El último fallo fue el 28 de abril con la sentencia de prisión perpetua por los delitos de homicidio, privación ilegal de la libertad, allanamiento ilegal, torturas, violación, aborto sin consentimiento y asociación ilícita.
Fuentes: CIJ/Télam/NA/La Voz.
