En Chile las marcas del pinochetismo son palpables. Entre ellas, una de las más presentes es la política económica, que implica una concepción de la sociedad y del mercado de neto corte neoliberal. La educación elitista, inaccesible para las mayorías, es una de las consecuencias de estas políticas. El sistema de jubilaciones y pensiones, privado, especulativo, pensado para beneficiar la especulación financiera en perjuicio de la ciudadanía es otra de las marcas.
Gigantescas multitudes salieron a las calles de Chile, por segunda vez en un mes, para reclamar el fin del sistema privado de jubilaciones y pensiones que rige desde 1981. La presidenta Michelle Bachelet encaró una reforma del sistema, pero esta no incluye su total estatización, por lo que la ciudadanía se mostró disconforme y salió a la calle produciendo enormes movilizaciones.
El régimen privado que rige en Chile es un verdadero monumento a la inequidad. Los haberes previsionales de altos cargos de fuerzas armadas y de seguridad en muchos casos equivalen a casi cincuenta jubilaciones mínimas. Los privilegiados cobran más del setenta o el ochenta por ciento del sueldo de un activo. El resto de las ciudadanas y ciudadanos, en cambio, en muchos casos apenas cobran un tercio, o bien la mitad, de los haberes de los activos.
La historia de la instauración de este régimen también es indignante, y explica por qué Chile es una de las sociedades más desiguales del mundo. Cuando en 1981 se impuso el sistema privado de jubilaciones y pensiones, dejaron fuera a las fuerzas armadas y de seguridad, que continúan en el antiguo sistema de reparto estatal y tienen haberes similares a los que perciben quienes están en actividad. En cambio, los trabajadores cuyos fondos están sujetos a los vaivenes financieros perciben jubilaciones equivalentes a entre un tercio y la mitad de lo que ganaban durante la vida laboral activa.
La mandataria pretende crear un sistema estatal que conviva y compita con el privado, lo que está muy lejos de lo que el pueblo pide en las calles. “Continuaremos adelante con la creación de una administradora de fondos estatales, que introduzca más competencia, que sea una alternativa para los que la quieran y que acoja a los trabajadores y trabajadoras que hoy carecen de cobertura previsional”, indicó la presidenta.
Más de un millón de personas marcharon el domingo 21 en más de 50 ciudades y 250 comunas de Chile, encabezadas por el movimiento No+AFP, convocante de la protesta. El 24 de julio pasado marcharon más de 750 mil personas y todo indica que el movimiento va a seguir creciendo. En Chile, estas compañías privadas se denominan Administradoras de Fondos y Pensiones (AFP).
Bachelet anunció un proyecto de ley para reformar el sistema previsional, pero la iniciativa no elimina el régimen privado sino que crea uno mixto, que incluye una AFP estatal. “Fortaleceremos el carácter solidario del sistema; nuestro sistema debe ser verdaderamente mixto y tripartito, incorporando el esfuerzo compartido de los trabajadores, los empleadores y el Estado. Deberemos asegurar que el sistema no sólo sea justo sino sustentable”, señaló la mandataria en cadena nacional el 10 de agosto, tras las primeras movilizaciones.
“Justo, pero sustentable”. Toda una definición de la dualidad y la tibieza del proyecto de Bachelet. El primer término tiene que ver con una concepción de la política que ponga el interés de las mayorías por encima del afán de lucro de las corporaciones. El segundo, es un eufemismo que utilizan los neoliberales para justificar la mercantilización total de la sociedad.
Justicia y sustentabilidad, en este contexto eufemístico, son incompatibles; y así se lo hizo saber el pueblo a la presidenta con la segunda manifestación, que casi duplicó la concurrencia de la primera.
La experiencia argentina y el origen del odio
La administración de los fondos de jubilaciones y pensiones no es un tema menor y el ejemplo argentino resulta muy esclarecedor en este sentido. Hay miles de millones de dólares en juego y las corporaciones defienden este negocio con uñas y dientes.
En la Argentina, las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) eran empresas privadas, dedicadas a administrar los fondos de los aportes jubilatorios realizados por los trabajadores que optaran por ser incluidos en el régimen de capitalización individual establecido por la Ley 24.241 de reforma previsional del año 1993, durante el gobierno de Carlos Menem.
La AFJP percibía una comisión, deducida del aporte previsional obligatorio de los afiliados, y administraba la inversión del capital acumulado. Una vez alcanzada la edad jubilatoria, la AFJP debía entregar al afiliado el capital acumulado. En noviembre de 2008, la presidenta Cristina Fernández eliminó, a través de una ley votada por ambas cámaras, tanto el sistema de capitalización como las AFJP que lo administraban. Así se volvió a establecer un régimen de reparto estatal. El negocio de las AFJP era ideal para la patria financiera, y una verdadera estafa para la gente: sólo financiaban el 40 por ciento del total y el restante era financiado por el Estado.
Los poderes fácticos, encabezados por los bancos y las corporaciones financieras, jamás le perdonaron al gobierno de Cristina Fernández haberles arrebatado semejante negocio. Es más: esta decisión figura entre las principales causas del odio, la difamación y los permanentes intentos destituyentes que padeció esa administración.
En Chile, tras las marchas del domingo, Bachelet dio a conocer, en cadena nacional, los lineamientos que seguirá su Gobierno en pos de mejorar el actual sistema de pensiones, según informó el sitio de Radio Cooperativa. “Las pérdidas en los fondos de los trabajadores no pueden ser un negocio para nadie. Por ejemplo, en los periodos en que los fondos de un afiliado tengan rentabilidad negativa, las administradoras deberán devolver en su cuenta las comisiones cobradas durante ese tiempo”, señaló la mandataria chilena.
En abril de 2014, Bachelet creó la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones, que en septiembre de 2015 entregó su informe final con propuestas para mejorar el sistema de pensiones. Las propuestas todavía no pasaron por el Congreso.
“Mantendremos y fortaleceremos el actual pilar solidario de invalidez y vejez, que permita asegurar la pensión mínima a aquellos que no han trabajado o que carecen de cotizaciones”, agregó la mandataria al tiempo que anunció que se “incorporarán representantes elegidos de los cotizantes en la administración de los fondos, de manera que puedan participar desde definiciones claves como las políticas de inversión, la elección de los directores y de las compañías en que se invierten los recursos o las campañas de información”.
Bachelet prometió además que van a modificar “las diversas formas de comisiones ocultas o las comisiones de intermediación, que quitan recursos a las cuentas de los afiliados sin justificación real”.
“La presidenta no escuchó la voz de la ciudadanía”
Las promesas de la presidenta no conformaron a buena parte de la ciudadanía y la agrupación No+AFP, que ya encabezó dos importantes marchas, promete seguir profundizando el plan de lucha y no descarta un paro general.
“Somos los que juramentamos no descansar hasta lograr que nuestros ahorros previsionales dejen de estar al servicio de los grupos económicos y que de una vez por todas se pongan al servicio de quienes son sus verdaderos propietarios: los trabajadores y las trabajadoras”, expresó el coordinador de No+AFP, Luis Mesina, según informó el diario Página|12 en su edición del lunes 22. Mesina señaló, además, que no descartan llamar a un paro general si el gobierno no accede a los reclamos.
“La Presidenta no escuchó la voz de la ciudadanía. Lejos de generar simpatía lo que hizo fue generar indignación”, agregó Mesina.
“Si no quieren escuchar a la ciudadanía, bueno tendrán que hacerlo tarde o temprano, porque nosotros estamos pidiendo nada más y nada menos que un sistema previsional que permita a los chilenos asegurar cosas que son fundamentales y en el marco de las AFP, la capitalización individual no se resuelve de aquí a 50 años”, señaló en declaraciones al diario La Tercera.
Fuente: El Eslabón
