“La visión del actual gobierno es de la salud como una oportunidad de negocios regulada por el mercado. Hacia eso vamos: hacia la privatización progresiva de la salud en la Argentina”, afirma Daniel Gollán, último ministro de Salud del kirchnerismo. La frase resume sus reflexiones sobre la gestión macrista a la que atribuye el desmantelamiento de las políticas públicas del sector, lo que conjugado con el deterioro de la calidad de vida por la carestía –alimentos, tarifas, remedios– está impactando con dureza sobre la salud de la población.
Gollán entiende que esa lógica es la que impera en el excluyente modelo norteamericano –sin regulación estatal y sometido a las corporaciones–, que parece ser el ejemplo a imitar, lo que se desprende del anuncio del actual titular de la cartera sanitaria, Jorge Lemus, acerca de la posible instrumentación de la Cobertura Universal de Salud (CUS). Esa, sostiene, será la plataforma de la embestida privatista, así como –sin soslayar el escenario internacional– opina que un eventual ingreso al Acuerdo Transpacífico será funcional a los intereses de las corporaciones de la industria farmacéutica.
Gollán visitó Rosario el pasado 25 de agosto para exponer en la charla-debate “El ajuste y su impacto en la Salud”, que se desarrolló en la Asociación de Empleados de Comercio bajo la organización de la agrupación gremial Municipales para la Victoria. Horas antes, conversó con El Eslabón y, desde su especialidad, contribuyó a completar ese panorama general signado por la amenaza de la pérdida de derechos y la profundización de inequidades.
—Los sanitaristas enfatizan en que las condiciones de vida son determinantes en la salud-enfermedad de la población. ¿Preocupa el panorama socioeconómico?
—Sí, porque si tomamos en cuenta que los dos tercios de las cosas que mejoran la salud de la población están vinculados con las condiciones de vida de la sociedad y un tercio con lo que hacemos desde el sector propiamente dicho, en estos momentos estamos atacados por dos frentes. Por un lado, hay un ajuste feroz que, por poner ejemplos concretos, está haciendo que muchísimos jubilados hoy no lleguen a comer bien, entre la suba de tarifas, de los medicamentos que el Pami no cubre y los precios de la canasta familiar; y eso impacta sobre la salud.
Por el otro lado, y más allá de las particularidades de cada provincia, estamos con un retiro prácticamente absoluto de los aportes del Ministerio de Salud de la Nación a través de los diferentes programas, como los de enfermedades crónicas, agudas, de transmisión sexual, procreación responsable, HIV-Sida, prevención en general o los programas de maternidad-infancia. Los 18 millones de kilos de leche que la Nación entregaba en todo el país este año se redujeron a 4 millones doscientos mil.
En general, no es que los programas desaparecen sino que se reducen a la mínima expresión, las determinantes que hacen que uno se mantenga sano se deterioran y el sistema de salud se está retrayendo, con muchas menos posibilidades de que la gente acceda a métodos de prevención o de cura.
—Se trata también de un cambio cultural, porque esos programas entendían a la salud como un derecho.
—La visión del actual gobierno es de la salud como una oportunidad de negocios regulada por el mercado y hacia eso vamos: hacia la privatización progresiva de la salud en la Argentina.
Para eso, necesitan debilitar aún más al subsector público: los hospitales y centros de atención primaria. Hay provincias, sobre todo las económicamente más débiles, que dependían en forma casi vital de los aportes de Nación para sostener esos centros, con lo cual se está debilitando la atención primaria; y tampoco se pueden mantener los hospitales. Hay municipios donde no hay medicación para la diabetes; y lo mismo sucede con las vacunas de la gripe A, con los insumos de programa de hiv-sida, que no faltaron jamás, y eso hoy lo están denunciando las mismas asociaciones de pacientes.
Esto ocurre todos los días y en todos los programas. Van a seguir debilitando al subsector público, para que la gente se atienda en el privado, a través de un sistema de aseguramiento. Les van a dar un carnecito. Al principio, les van a decir que vayan al hospital a atenderse. Después, va a estar la opción para hacerlo en una clínica privada y la gente se va a ilusionar, creyendo que va a estar mejor, pero eso ya lo vimos en los 90 en la Argentina y muy claramente en países como Colombia, que en el 93 decidió terminar con el subsector público. Ya no tienen hospitales públicos, los sectores de menos ingresos reciben una prestación que es puramente asistencial, con un acceso muy restringido a las necesidades; y, así, han segmentado a la sociedad entre aquellos que tienen menos dinero, un poco más o mucho dinero. Ese es el modelo de Macri, donde la salud se concibe como una oportunidad para vender servicios, según la capacidad de pago.
—Además, la salud es una de las actividades que más se ha mercantilizado y más se ha marcado la inequidad.
—El modelo mercantilista necesita vender muchos servicios de salud, mucha tecnología, sobremedicalizar a la población.
Si vendo más servicios, gano más dinero. Ese es el sistema, cuyo paradigma son los Estados Unidos de Norteamérica, donde hay seguro, 40 millones no pueden acceder y el resto lo hacen en forma progresiva, según su capacidad de pago. Un estudio de la Universidad de Harvard muestra que el 63 por ciento de las familias norteamericanas que empobrecen es porque no pueden afrontar una enfermedad catastrófica. Cuando eso les ocurre y no están en un seguro, venden todo lo que tienen.
Días atrás, les decía a unos compañeros: “¿Por qué no comparamos ese sistema con el de un país equivalente, como Gran Bretaña?”. También es un país capitalista e imperialista, pero con una diferencia: hay un sistema único organizado y administrado por el Estado, que se financia con impuestos de rentas generales de la población. Los Estados Unidos, dejando 40 millones afuera y con una inequidad absoluta, gastan 9.300 dólares per cápita; los ingleses, donde todos acceden sin excepción, gastan 3.000 dólares y los indicadores duros e indicadores sociales de satisfacción están muy por encima del norteamericano.
Esta es la prueba más palpable de que si el sistema lo organiza y lo administra el Estado, es muchísimo más eficiente. Por ejemplo, en los Estados Unidos un tratamiento para la hepatitis C sale 100 mil dólares, porque los laboratorios tienen una rentabilidad del 30 mil por ciento. En Inglaterra, como administra el Estado tienen otras herramientas para defenderse. Dicen “busco una alternativa y lo compro en otro mercado”.
En Estados Unidos, como regula el mercado, no hay Estado. El año pasado, un medicamento que hace 61 años que está a la venta, como el Daraprim –nombre comercial de la pirimetamina–, para el tratamiento de la toxoplasmosis, se vendía a 13 dólares el comprimido. A través de una serie de argucias, que están haciendo los laboratorios y que si vamos al Acuerdo Transpacífico va a ser la norma, lograron quedarse con los derechos de exclusividad de la comercialización y al día siguiente lo llevaron a 750 dólares. Ese es el paradigma del gobierno de Cambiemos.
—Como parte de esa visión que señala, el gobierno piensa instrumentar la Cobertura Universal de Salud (CUS). ¿Dónde está la trampa?
—La trampa es decir que va a haber cobertura universal, cuando en realidad vamos a tener menos que ahora, que ya tenemos cobertura universal. En la Argentina, todo el que no tiene una obra social o una prepaga se atiende en el hospital público. Es más, un 25 por ciento de la gente que tiene obra social y prepaga también se atiende allí. Uno se deberá preguntar por qué: ¿son kamikazes si los sistemas públicos son tan malos? Van, porque si uno compara la clínica del barrio con el hospital, por más mal que esté, es mucho mejor. Seguro que van a estar el neonatólogo y el anestesista las 24 horas; y, además, hay que decirlo: hoy en ciudades menores a 30, 35 mil habitantes ya no quedan clínicas ni sanatorios. Están cerrando, porque no pueden sostener la alta complejidad por la tasa de uso.
El concepto PRO es que vuelva a aparecer como rentable el sanatorio y la clínica privada; y donde no lo puedan hacer van a pseudo-privatizar el sistema del hospital, le van a restringir tanto el presupuesto, que va a pasar como en Santa Rosa (La Pampa), donde si una persona se va a atender al hospital y tiene obra social, debe pagar ciento cuenta, doscientos pesos de bono; y los fines de semana, cuando todos los médicos cierran sus consultorios, no queda otra que ir al hospital y pagar.
Así, se empieza a canibalizar el sistema. En municipios de 30, 40 mil habitantes, el rubro Salud del presupuesto se lleva entre el 35 y 45 por ciento del presupuesto; y si tiene alta complejidad, hasta el 55. Esa demanda va a ser creciente. ¿Qué va a hacer un intendente cuando ya no pueda hacer ni bacheo? Va a poner un bono en el hospital. Esa es la política hacia la que vamos.
Fuente: El Eslabón
