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Si se observan las películas sobre la última dictadura militar, en general las víctimas que aparecen pertenecen principalmente a sectores sociales medios, y en muchos casos estudiantes o profesionales. Sin embargo, la dictadura militar tuvo un propósito principal que fue hacer retroceder los derechos de los trabajadores. Por eso es importante analizar el rol de la clase empresarial en dicho proceso. Desde hace un tiempo, el Programa Verdad y Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos investiga las responsabilidades civiles en el terrorismo de Estado y analiza el rol de los cuadros empresariales, desde dueños, miembros de dirección y otros jerárquicos, en la comisión de delitos de lesa humanidad sufridos por trabajadores y trabajadoras. El historiador Alejandro Jasinski forma parte de ese grupo y antes de la conferencia que brindó mostrando los avances de su investigación, dialogó con Redacción Rosario. Las presentaciones fueron este jueves 8 de septiembre en San Lorenzo, invitado por el ISP Nº 22 “Maestro Adad”, y este viernes 9 de septiembre, a las 19, en IES Nº 29 “Galileo Galilei” (Oroño 1145), junto al fiscal Gonzalo Stara y un trabajador de Acindar, Zenón Sánchez.

—¿Por qué recién ahora se comienza a hablar de responsabilidad civil y empresarial durante la última dictadura militar?

—No es que recién en la actualidad se habla sobre la responsabilidad civil y empresarial en el Golpe de marzo de 1976. Esta realidad está presente en distintos registros desde los inicios de los años posdictatoriales. En las denuncias ante la Conadep o por ejemplo ante la Comisión Bicameral de Tucumán, en el propio juicio del Nunca Más, existen denuncias sobre el rol activo que tuvieron empresarios, con nombres y apellidos, en el terrorismo de estado. El periodista Alejandro Olmos inició en 1982 una denuncia contra José Alfredo Martínez de Hoz, Walter Klein y otros funcionarios, por la estafa de la deuda externa y el beneficio que representaba para muchas grandes empresas. Por condiciones políticas e históricas, la sistematicidad de estas denuncias concretas pero aisladas, aparece entonces sí mucho después. La propia denominación de dictadura cívico-militar desde hace algunos años refleja esto. Pero en la Justicia el proceso es más lento y las causas que tienen trabajadores como víctimas y empresarios como imputados o denunciados han tardado más en iniciarse. Mercedes Benz, Ford, Las Marías, Minera Aguilar, Acindar, Ledesma, La Veloz del Norte, Molinos Río de la Plata, Astilleros Río Santiago, La Fronterita, son algunos de estos casos. Otras causas tienen casos de víctimas obreras, juntos o dispersos, pero no apuntan a la responsabilidad empresarial, sino militar o policial, como el caso de Dálmine-Siderca, Astilleros Mestrina y Astarsa, Cerámicas Lozadur y Cattáneo, Propulsora Siderúrgica, entre otras.

En muchos de estos casos, las evidencias de la responsabilidad empresarial son muy fuertes, aunque en el primer grupo se trabe el desarrollo de la investigación o en el segundo ni siquiera se abran las puertas para que se inicie. Pero más allá del campo judicial, en la batalla por la memoria y la verdad, la responsabilidad de estas empresas en los crímenes de lesa humanidad se hace incuestionable.

—¿Qué prácticas llevaron a cabo los empresarios, existió una estrategia de disciplinamiento?

—Cuando nosotros decimos que existió una estrategia de disciplinamiento del trabajo que se ancló en las prácticas del terrorismo de estado y que fue adoptada por un grupo de empresarios nacionales y extranjeros, nos basamos en el análisis de prácticas empresariales represivas que se replican con sorprendente similitud en las distintas empresas analizadas. No nos referimos a un sólo caso, sino a una comparación en escala extendida. Y no sólo observamos la réplica de prácticas, sino que observamos además en todos los casos una trama de conflictividad similar y la coordinación que se refleja en documentos militares. Por ejemplo, las Directivas del Ejército 504/77 de abril de 1977, analizan el desarrollo de la «reorganización nacional» que emprendió la dictadura, y cuando en el Anexo III se refieren específicamente al ámbito fabril, dicen que los militares están haciendo esfuerzos conjuntos con algunos dirigentes sindicales y empresarios, a las que les llaman «fuerzas amigas» y que están «consubstanciados con el PRN».

Allí se explicitan coincidencias y diferencias con los empresarios en cuanto a métodos y objetivos. Puede causar sorpresa que los militares se quejan de que los empresarios quieren ir más allá de lo acordado y solicitan reprimir a trabajadores que, desde la perspectiva militar, pueden ser indisciplinados, pero no subversivos. De todas formas, los objetivos generales que compartían radicaban en recuperar el orden y la disciplina en las fábricas, achicar el costo laboral y reducir el factor obrero a un problema técnico.

–¿En qué empresas santafesinas se desarrollaron estas prácticas funestas?

—De Santa Fe seleccionamos el caso de Acindar, que tenía una causa judicial ya iniciada y a la cual buscamos contribuir lo más posible. Acindar y Villa Constitución se destacan por la virulencia de la represión, por ejemplo, por el hecho de disponer de espacios de la empresa como centros clandestinos de detención y tortura, por la cantidad de víctimas, ya que se trata de una de las cinco empresas con más de 70 víctimas, y por lo temprano de la represión. Como en el caso de los ingenios tucumanos Fronterita y Concepción y del ingenio Ledesma en Jujuy, en Acindar se reprime fuertemente antes del Golpe, en este caso en marzo de 1975, cuando el gobierno nacional ordena la ocupación militar de la ciudad. A pesar de que no lo hayamos incluido nosotros, hay otros casos de la provincia, como el de la aceitera Vicentin en Avellaneda, o en el caso de San Lorenzo de otras empresas como PASA o Celulosa Argentina, donde las empresas se valieron del cambio en las relaciones de fuerza para reprimir a los trabajadores y obtener diversos beneficios económicos. Esto consta en distinta documentación que juntamos y en las investigaciones recientes y en curso que están haciendo investigadores sobre la represión en Rosario y el Gran Rosario.

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