Casi a coro, desde Cambiemos festejaron los últimos datos que divulgó el Indec sobre inflación. El índice de precios al consumidor oficial arrojó una suba de apenas 0,2 por ciento en agosto en comparación a julio, la medición más baja de los últimos 12 años. La tendencia descendente se da después de picos de inflación cercanos al 6 por ciento en los primeros meses del año. El nivel de precios se contuvo por el freno temporal al tarifazo tras el fallo de la Corte y, sobre todo, por la brusca caída de la actividad económica, del consumo y del empleo.
La política económica del gobierno de Mauricio Macri, con las primeras medidas de devaluación y quita y rebaja de retenciones en beneficio del complejo agroexportador, generó un shock inflacionario, que pese a la merma en el ritmo de suba de precios hace proyectar igual una tasa anualizada de alrededor del 40 por ciento, muy por encima de los acuerdos salariales alcanzados en las negociaciones paritarias.
La pérdida de poder adquisitivo de los salarios –estimada en 12 por ciento–, la desbocada suba de la inflación en el primer semestre del año, el tarifazo –que sigue vigente para industria y comercio– y el aumento sostenido de la desocupación trajeron una retracción en el consumo popular y en el nivel de actividad productiva, fabril y comercial. Esta recesión económica con notable caída de los ingresos de la población, más la apertura importadora de bienes finales, menguaron el incremento acelerado de los precios.
Esto no tiene nada que ver con la “etapa maravillosa que vive el país” descripta por Macri en el Foro de Inversiones y Negocios ante CEOs y ejecutivos de grandes empresas locales y multinacionales que aplauden al gobierno aunque le piden “ir a fondo” con el ajuste. Al inaugurar el foro, el presidente les habló en inglés, les distinguió sus políticas pro-mercado, la “vuelta al mundo”, presentó a la Argentina como una marca registrada, pero ni así los pudo convencer de que hagan llover inversiones en el país.
Al presentar los detalles del Presupuesto 2017 en el Congreso, el ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay estimó un crecimiento económico para el año que viene del 3,5 por ciento. Comparado con la bestial contracción del nivel de actividad económica de este año, con el consiguiente deterioro del tejido sociolaboral, ese potencial rebote de la economía es casi insignificante. El proyecto oficial calcula una inflación para 2017 del 17 por ciento. Para el año en curso el ministro había estimado un 25 por ciento de inflación y después tuvo que reconocer que rondará el 40 por ciento.
La desaceleración de los precios revelada por el Indec, como se indicó más arriba, se debió en parte al fallo de la Corte que retrotrajo el aumento del gas residencial. En agosto, el rubro vivienda y servicios básicos, que contempla la boleta del gas, retrocedió un 5,6 por ciento. Sin embargo, la denominada inflación núcleo, que deja de lado variaciones reguladas o estacionales, subió 1,7 por ciento.
Esto significa que los aumentos en la canasta básica de alimentos continuaron a buen ritmo y para los próximos meses se esperan nuevas remarcaciones. De hecho, el índice de precios de supermercados que elabora el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (Ceso) anotó en agosto una suba del 2,1 por ciento en el nivel general y 5,6 para la canasta básica, con lo cual la proyección inflacionaria anual del Ceso trepa al 43 por ciento.
Además, desde el gobierno, después de las audiencias públicas, señalaron que las facturas de gas residencial reflejarán el tarifazo en octubre, con lo cual ahí volverá a acelerarse el índice de inflación. También hay que tener en cuenta que varios gremios tienen que negociar la paritaria del segundo semestre, pulseada distributiva que siempre genera tensión inflacionaria. Y para el año que viene, elecciones legislativas mediante, los trabajadores buscarán recuperar el poder de compra en los salarios perdido este año, además de seguir atajando despidos.
Desde la Cámara de Comerciantes Mayoristas e Industriales aseguraron que «hay una clara desaceleración de los precios» pero a raíz de «la malaria» que existe entre los consumidores, «que no aceptan más aumentos». Las pymes «sufrimos ya ocho meses consecutivos de caída de ventas. El pico fue en mayo y junio. Ahora está cayendo menos, pero cae. Ahora hay una desaceleración en los aumentos de precios, pero por la recesión».
Pese a su renovado optimismo económico para el país tras fumar la pipa de la paz con Macri por el tema seguridad, entre otros tópicos, el gobernador Miguel Lifschitz declaró hace algunos días en situación de emergencia económica al sector de comercio y servicios de la provincia ante el derrumbe del consumo. En Rosario, la ciudad con mayor índice de desempleo según el Indec, organizaciones sociales y sindicales marcharon el miércoles pasado en reclamo de que el gobierno declare la emergencia social y laboral.
El panorama es desalentador. Caen las ventas y el nivel del empleo. El Centro de Economía Política Argentina (Cepa) contabilizó en agosto que casi 14 mil personas tuvieron problemas de empleo, fueron despedidos o suspendidos. En julio los echados habían sido 15 mil. Las ventas de los comercios minoristas cayeron 7,4 por ciento anual en agosto a pesar de las estrategias para impulsar el consumo con ofertas y cuotas, según informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came).
En el gobierno nacional celebran con pitos y matracas la desaceleración de la tasa inflacionaria como si fuese un signo de despegue en el promocionado segundo semestre, aunque en verdad es puro ilusionismo económico, porque nada es lo que parece.
