Cinco allanamientos se realizaron este miércoles en escribanías, estudios jurídicos y financieras de la city de Rosario en busca de documentación relativa a la megacausa por lavado de activos y fraude inmobiliario millonario que involucra a empresarios locales.
La megacausa que investiga la jueza Mónica Lamperti contempla operaciones con dinero proveniente tanto de estafas como de narcotráfico en el marco de una asociación ilícita. En la audiencia imputativa que se desarrolló el martes la magistrada dictó la prisión preventiva a nueve de un total de once imputados de asociación ilícita, fraude inmobiliario y lavado de activos.
Este miércoles, la Justicia buscaba en los sitios allanados documentación sobre posibles operaciones financieras ilegales realizadas a través de una presunta asociación ilícita.
Los procedimientos se realizaron en una “cueva” financiera que funciona en Córdoba 1464 y en la “Mutual 18 de Julio” de Rioja y Mitre, ambas en el centro de la ciudad.
Personal de la Dirección de Inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI) de Rosario, con el apoyo de las divisiones de Trata de Persona y de Prevención y Control de Adicciones allanaron también una escribanía en 9 de julio al 500 y oficinas en Santa Fe al 1200 y Corrientes al 700, precisaron los informantes.
Fuentes de la investigación dijeron a Télam que “no se ordenaron nuevas detenciones sino que se está buscando información vinculada a la causa”.
En ese proceso judicial fueron imputados el martes por lavado de activo y asociación ilícita –entre otros delitos- once personas entre empresarios, escribanos y un falso corredor inmobiliario.
Entre ellos se encuentra el gerente general del diario La Capital de Rosario, propiedad del Grupo UNO, quien quedó en libertad tras pagar una fianza de 800 mil pesos, aunque sigue ligado a la investigación.
El vendedor de autos Leandro “Lelo” Pérez, ex novio de la vedete Vicky Xipolitakis, quedó por su parte detenido con prisión preventiva por 60 días como parte de la organización que se dedicaba a realizar estafas con inmuebles, tanto urbanos como rurales, según la acusación fiscal.
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