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Foto: Manuel Costa.

Una parte muy numerosa de la población, local, nacional y hasta mundial, no puede elegir. Entre las opciones que se les escurre como agua entre los dedos está la del techo propio, casi un mandato atávico, tener un lugar donde vivir, crecer y hacer proyectos. No tenerlo impacta de lleno en la subjetividad, pocas situaciones son más abismales que pisar de prestado el lugar al que volver cada noche. Así que los que negados, a como dé lugar, deben buscarse un lugar bajo el sol y muchas veces casi a costa de su dignidad.

Al tema llegaron por distintos caminos el interés de los ediles Eduardo Toniolli (Partido Justicialista) y Celeste Lepratti (Frente Social y Popular). En el primer caso, se pide al Ejecutivo que realice un relevamiento periódico de los asentamientos irregulare de la ciudad; en el segundo, se busca frenar el desalojo de 24 familias que habitan en un terreno de 27 de Febrero y avenida Circunvalación. ¿Por qué convergen las miradas? Porque es un problema insoslayable. En 2013, la Organización No Gubernamental Techo, relevó la situación: 110 asentamientos irregulares con 35.610 familias, la mayoría sin acceso a los servicios básicos. Tomando esta referencia, se disparan los interrogantes.

Dónde y cuántos

La iniciativa de Toniolli propone actualizar los datos para que, a partir del cuadro de situación que se determine, se ponga en marcha un verdadero proceso de promoción para sus habitantes. El edil habló de “inexistencia de datos oficiales actualizados sobre los asentamientos humanos, incluidos en la trama urbana de Rosario, en áreas marginales”. “Las personas que habitan allí carecen de viviendas adecuadas, de servicios básicos urbanos como agua potable, conexión a la energía eléctrica, cloacas y gas natural”, aseguró. Y dijo que esa carencia se despliega en calles de tierra, en estado de anegamiento, sin trazados regulares que aseguren la conectividad y movilidad y hasta sin líneas de transporte urbano.

En los fundamentos de su pedido, el edil consignó que hace 16 años, el Servicio Público de la Vivienda y el Hábitat relevó 91 asentamientos irregulares, cifra que en 2008, trepó a 115 y que en 2011, había 30 mil familias en estos hábitat precarios y marginales.

De las citas anteriores se desprende que el problema viene en franco ascenso. Si a esto se le agrega el daño estructural de las políticas neoliberales con un aumento de la pobreza a nivel país, la conclusión llega como fruta madura. Se necesita actualizar cifras para poner manos urgente a políticas públicas operativas, porque las cifras representan personas, cuya condición humana queda amortiguada en el frío ropaje de las estadísticas.

“En la apertura de la sesiones ordinarias del Concejo, el 3 de marzo, al exponer su Programa de Gobierno, el Ejecutivo fijó la inclusión y la equidad urbana como objetivos para que quienes habitan en asentamientos irregulares puedan ir progresivamente, integrarse y acceder a condiciones dignas”, comentó el edil al presentar su proyecto.

El proyecto de ordenanza en cuestión recomienda al Ejecutivo realizar un relevamiento periódico de los asentamientos irregulares de la ciudad. La medida permitiría contar “con datos oficiales confiables y actualizados que sirvan de diagnóstico para la elaboración de programas de recuperación de estas áreas, con la posibilidad de priorizar las respuestas más urgente a la marginalidad urbana y revertir las situaciones más alarmantes de la ciudad”.

El proyecto también pide la elaboración de mapas de cada área o barrio, con información cartográfica que deberá actualizarse en forma periódica, configurando un “Mapa de asentamientos irregulares de Rosario”, público y de fácil acceso, incorporado al sitio web Infomapa. ¿Qué se relevará? De mínima, datos demográficos, población por edad, sexo y nacionalidad, cantidad de hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), nivel educativo alcanzado así como niños y adolescentes que no asistan a la escuela. Además de la situación dominial del suelo ocupado y su propietario (Estado Nacional, provincial, municipal o privado). También se deberán recabar datos sobre la situación laboral, los jefes de hogar, las personas desocupadas, subocupados y ocupadas así como la capacidad para integrar cooperativas de autoconstrucción de viviendas u otros oficios.

Por supuesto, las viviendas constituyen uno de los núcleos más importantes. Sobre ella se deberá informar qué cantidad hay en situación precaria, de transición o consolidadas, los materiales de las que están construidas y el nivel de hacinamiento y si existen redes de agua potable, cloacas, energía o gas natural y los sistemas con los que suplen estos servicios (mangueras, pozos ciegos, conexiones irregulares y ubicación de residuos sólidos).

La lista de ítems para relevar se completa con pasillos, saneamiento, anegamiento, drenajes, servicios comunitarios de salud y proximidad de acceso a centros más complejos, así como guarderías y escuelas de distintos niveles.

Frenar el desalojo

La concejala Lepratti presentó un proyecto de declaración de interés para frenar un inminente desalojo que angustia a unas 24 familias que ocupan un inmueble de 27 de Febrero y avenida Circunvalación. La iniciativa ya logró luz verde en las comisiones de Planeamiento y Gobierno y sobre el tema hablaron los propios afectados frente a los ediles en el Palacio Vasallo. En la próxima sesión, se espera el tratamiento en el Pleno.

Se trata de dos lotes y según el relato de las propias familias, al mes de abril de 2016, viven 73 personas, de las cuales 41 son adultas y 32 niños, niñas y adolescentes, quienes integran las 24 familias que ocupan igual número de viviendas. En este grupo hay dos personas con discapacidad y dos con VIH, lo que potencia la vulnerabilidad. Además, manifestaron su intención de pagar por el terreno que ocupan según sus posibilidades.

Según Lepratti, “resulta imperioso considerar ambos inmuebles para brindar una solución integral al problema habitacional de las familias afectadas”. El juicio de desalojo se tramita ante el Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial de la 1ª Nominación, a cargo de doctor Daniel Humberto González, con sentencia firme desde 2008 y fecha de lanzamiento para el 30 de noviembre de 2016.

En uno de los fundamentos del fallo, en 2013, el magistrado cita una recomendación del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU): “Los desalojos no deberían dar lugar a que haya personas que se queden sin vivienda o expuestas a violaciones de otros derechos humanos. Cuando los afectados por el desalojo no dispongan de recursos, el Estado Parte deberá adoptar todas las medidas necesarias, en la mayor medida que permitan sus recursos para que se proporcione otra vivienda, reasentamiento o acceso a tierras productivas”.

En las circunstancias así planteadas, según la iniciativa de Lepratti, “la expropiación de los inmuebles resulta la vía más adecuada para preservar el derecho a la vivienda en el terreno en litigio, puesto que fracasaron las demás intervenciones intentadas a pesar de la voluntad de los vecinos afectados para resolver el conflicto”.

Además, el 21 de septiembre, ingresó en la Legislatura provincial, un proyecto de ley de expropiación del inmueble en litigio por parte de la diputada Verónica Benas. Lepratti, por su parte, presentó su proyecto de ordenanza considerando una solicitud de declaración de interés social ingresado cuatro años atrás por el entonces edil Alberto Cortés. Su iniciativa, además de declarar de interés social sujeto a expropiación los inmuebles en cuestión, pide a las Cámaras de Diputados y Senadores de Santa Fe el tratamiento y sanción de utilidad pública y expropiación, según el proyecto ingresado en septiembre.

Fuente: El Eslabón

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