Las escuchas de la causa por estafas inmobiliarias y lavado de activos indican que la mayoría de los involucrados se conocía y sabía de su accionar al margen de la ley. Nervios y peleas tras la denuncia del dueño de un campo apropiado. Negocios sin escrúpulos.
—La paloma está en el nido… acaba de firmar—, informa Lelo con críptico lenguaje.
—Bueno, ya estamos. Ahora la vemos de afuera—, responde aliviado su interlocutor.
La conversación telefónica se produjo una mañana de otoño del año pasado. El que refiere la metáfora colombófila es Leandro “Lelo” Pérez, un vendedor de autos que salió de las sombras que opacan la vida del común de los mortales a la luz de un affaire amoroso con la vedette Vicky Xipolitakis. Su interlocutor es el contador Marcelo Basilio Jaef, conocido por el Instituto de Implantes Dentales que lleva su apellido, ubicado en la esquina de bulevar Oroño y San Juan. El ave que anidó es Jorge Oneto, agente de bolsa, desarrollador y comercializador de la torre de alta gama Aqualina, de Alem y San Luis.
Ese día de mayo de 2015, Lelo Pérez y Marcelo Jaef habían conseguido vender un campo de 124 hectáreas ubicado en Villa Amelia a Oneto, a cambio de dos departamentos en Aqualina. Pérez no figuraba en los papeles de la venta: el gerente general del diario La Capital, Pablo Abdala, era, aparentemente, su testaferro. El alivio de los vendedores era comprensible: catorce días antes, el hijo de la verdadera propietaria del inmueble rural había presentado una denuncia en el Ministerio Público de la Acusación por la apropiación ilegal del terreno, que había pasado ya por tres manos. Aunque todavía faltaba una venta más, en esta ocasión a un comprador de buena fe.
El caso del campo de Villa Amelia es uno de los seis hechos de presunta apropiación de inmuebles –rurales y urbanos- que la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de Rosario, a cargo de Sebastián Narvaja, endilgó esta semana a once personas entre empresarios, escribanos, un dirigente gremial y un falso corredor inmobiliario.
Narvaja los acusó de conformar una asociación ilícita destinada al lavado de activos y con capacidad para procesar flujos financieros provenientes del narcotráfico. También de estafas y falsificación ideológica de instrumento público, entre otros delitos de menor cuantía.
La jueza penal Mónica Lamperti dictó esta semana prisión preventiva por distintos plazos –treinta días en algunos casos, sesenta en otros- para ocho de los acusados. Otros tres imputados, Abdala, el escribano Luis María Kurtzeman y Ramona Isabel Rodríguez, continuarán ligados al proceso pero en libertad los dos primeros, y en prisión domiciliaria para el cuidado de su hijo, la tercera. Mientras tanto, el decimosegundo acusado, Tránsito Manuel Portillo, continúa prófugo.
La Fiscalía acusó a todos los implicados por asociación ilícita. Entiende que, a diferencia del concepto clásico de esa figura penal, que establece uno o varios organizadores y una estructura vertical de mando, en este caso los participantes actuaban en red y separados por células con diferentes roles, sin que necesariamente todos se conocieran entre ellos (ver aparte).
Los inmuebles presuntamente apropiados de modo ilegal son, además del campo de 124 hectáreas en Villa Amelia, el 50 por ciento de un terreno lindero; un inmueble de Córdoba 7654; una vivienda de Presidente Roca al 20 –cuya operación quedó frustrada-; otra de Pasco 1038/40, donde vivía uno de los acusados, y una ubicada en Viamonte 5390. Los investigadores calculan que las estafas oscilan entre los 40 y los 50 millones de pesos.
En todos los casos aparecen involucrados: Juan Roberto Aymo, quien conseguía poderes con firmas falsificadas para vender los inmuebles; el escribano Eduardo Marín Torres, quien los certifica; Ramona Rodríguez, pareja de Aymo, que figura en la causa como compradora de algunos de los inmuebles que vendía ilícitamente su marido, del mismo modo que en un caso es Jonatan Zárate, el implicado en la compra. Se trata de un ex chofer de un camión que tenía Aymo.
Malos empresarios
Por su importancia patrimonial, el caso del campo de Villa Amelia es uno de los más trascendentes. La presunta estafa se inició en febrero de 2014 cuando el falso corredor inmobiliario Aymo –el colegio del sector confirmó que no pertenece al rubro- obtuvo un poder especial de venta y trámites administrativos a su favor de parte de Ana Josefina Luppi, propietaria del campo de Villa Amelia. Dio fe de ese documento el escribano Torres. Según la investigación, la firma de Luppi en el poder fue falsificada. Una pericia oficial lo confirmó.
Un mes después, el 31 de marzo, Aymo vendió el campo a un sindicalista llamado Maximiliano Rodrigo Fabián González De Gaetano por 3 millones de pesos, operación que fue escriturada por otro escribano, Juan Bautista Aliau. Según una tasación oficial solicitada en el expediente, el predio rural tiene un valor de mercado de 18 millones de pesos.
A pesar del buen negocio realizado por De Gaetano –cuyo sindicato no posee afiliados en Rosario–, apenas tres meses después de haberlo adquirido le vendió en partes iguales el campo al gerente de La Capital, Abdala, y al contador Jaef, por 3,2 millones de pesos. Barato. Estos, a su vez, lo transfirieron menos de un año después, el 27 de mayo de 2015, al agente financiero Jorge Oneto por 3,5 millones de pesos, precio también considerado “vil” por los fiscales. Esa escritura fue realizada por el escribano Kurtzeman, quien también quedó implicado.
De acuerdo a un análisis patrimonial efectuado por la jefa de investigaciones de la Fiscalía de Delitos Económicos, “la operación en la que Aymo le vende a González De Gaetano implicó costos estimativos por $ 243.000, luego en la venta que éste último le hace a Jaef y Abdala los costos estimativos implicaron $ 374.000, luego en la venta que éstos últimos le realizan a Oneto los costos estimativos fueron de $ 547.000, por lo que en todos los casos se verifica que los costos incurridos superan ampliamente la supuesta ganancia que debía registrarse en una operación comercial del tipo, para resultar una decisión económicamente viable”.
Ese dato es sustancial: en sus declaraciones ante la Justicia, los acusados señalaron que compraron de buena fe el campo y luego lo vendieron. Abdala y Jaef explicaron, por ejemplo, que tras la adquisición advirtieron que el terreno era inundable. Pusieron más de 1,5 millón sin realizar consultas previas o fueron engañados. Pero lo más sospechoso es que las ganancias producidas en cada venta del campo (De de Gaetano a Jaef y Abdala, y de estos a Oneto) son menores a los costos de escrituración, sellos y demás gastos administrativos. Siguiendo el razonamiento de los acusados, hacían la operación para perder plata.
Para los fiscales, dicha venta se realizó “con el objetivo de que el mismo siguiera circulando en el mercado y adquiriera apariencia de origen lícito”. El 2 de septiembre del año pasado el campo volvió a ser vendido: esta vez Oneto se lo transfirió a Juan Marcelo Borgui –ligado a la inmobiliaria Gilli que pensaba lotearlo para hacer un parque industrial- por 1,6 millones de dólares.
Los fiscales consideraron que la última transacción fue efectuada de buena fe, atento a que el precio acordado corresponde con los valores de mercado, por lo que Borgui no fue acusado.
“Un hombre peligroso”
El 13 de mayo de 2015 Martín Navarro, hijo de Ana Luppi, presentó la denuncia ante la fiscalía por la apropiación del campo de su madre, viuda de un ex camarista rosarino. Explicó que advirtió la maniobra al intentar descargar de internet los aforos para pagar los impuestos del inmueble rural, pero su progenitora ya no era más la titular registral. Y, en una averiguación en el Registro de la Propiedad, advirtió las sucesivas ventas.
El 16 de septiembre Luppi declaró en la fiscalía. Dijo que tras enterarse de lo ocurrido buscó el número telefónico de Jaef en la guía y lo llamó. No estaba, pero la secretaria le tomó los datos. El contador finalmente se comunicó con ella.
Este es el relato de la mujer: “Le pregunto si había comprado un campo en Villa Amelia y me dice que sí, le digo todas las características del campo y me dice que sí que era ése, y me dice pero yo a usted no se lo compré, la persona que era propietaria cuando lo compré era González De Gaetano. Entonces me dice, esto lo tenemos que arreglar entre nosotros, usted no haga ninguna denuncia, porque si usted es mala conmigo, yo voy a tener que ser malo con usted y hay un hombre peligroso suelto”.
Si los dichos de la mujer son ciertos, Jaef ya sabía de la ilegalidad de las operaciones de compra-venta con el campo, a diferencia de lo que declaró en la audiencia imputativa de la semana pasada. ¿Por qué razón, si no, querría “arreglar las cosas entre nosotros”, sin denuncia y con apelaciones a siniestro cuco?
Testaferros en crisis
Según la investigación, Jaef aparece como comprador del campo junto a Abdala, aunque el verdadero socio sería Lelo Pérez, quien de acuerdo a las escuchas es el que intermedia y arregla los detalles del negocio. Antes de venderlo a Oneto, el ex de Vicky Xipolitakis habla con Jaef sobre los costos de la escrituración y el pago de impuestos y señala: “El campo es de los dos, mío y tuyo”.
Luego discuten sobre el dinero que deben aportar para los trámites de venta, que Pérez estima en más de 500 mil pesos. Jaef responde: “Estamos en el filo, es gravísimo. Estamos en el filo. O sea, yo ya más no puedo hacer. Puse los dedos en todos lados”.
Según las escuchas telefónicas, Pérez y Jaef buscan un acuerdo con De Gaetano para que éste aporte parte del dinero necesario. Están urgidos por vender para despegarse de la maniobra. Los propietarios del campo ya presentaron la denuncia.
Lelo le informa a Jaef que el sindicalista “tiene la plata para ponerla, pero quiere el Smart en garantía”, en relación a automóvil Mercedes Benz propiedad del contador. La propuesta despierta la iracundia del titular del instituto de implantes dentales: “Decile que yo le voy a dar una pija mía y que voy a sacar los tres contratos que tengo de setenta y cinco mil dólares cada uno, antes de coso, y lo voy a ir a hacer mierda. Yo voy a perder todo, pero él va a quedar culo al norte”.
Jaef da cuenta en la conversación que sabe del problema en el que está metido: “¡Que se acuerde de lo que yo le digo!, porque yo me estoy cagando la vida por este gordo, así que, ¿yo le di un millón de dólares y el flaco quiere un Smart de garantía?”, le dice a Pérez.
Las conversaciones grabadas por la Justicia entre Jaef y Abdala tras la venta también echan luz sobre el asunto. El primero trata de tranquilizar al gerente de La Capital diciéndole que el problema “cada vez está más lejos”.
“Nosotros ya pasamos a ser un intermediario”, se alivia, creyendo que la venta a Oneto los desliga de responsabilidad penal.
Abdala, igualmente, continúa preocupado por su situación. Si bien ante la Justicia declaró que el campo lo compró a medias con Jaef a cambio de un dinero que le había prestado, en las charlas con su amigo asegura que sólo figuró como testaferro.
“Yo soy dueño de la mitad del campo por hacer un favor, y dentro de tres años capaz que tengo que pagarle la mitad de algo a alguien, y ni siquiera la recibí”, se lamenta sobre un posible reclamo.
Finalmente, le dice a Jaef que es un prestanombre del negocio de otro: “Vos lo tenés (al campo), no yo, ¿entendés? Yo voy a tener que pagar de mi plata, el millón setecientos cincuenta”, en referencia a la mitad del valor que le pagaron a De Gaetano por el inmueble rural. “Es sencillo lo que te digo. Porque es una cosa súper lógica, porque como yo soy testaferro, ¿entendés? Por eso cago, porque soy testaferro”.
En otra llamada, Jaef revela que el negocio era de Lelo Pérez, dueño de la concesionaria de autos Reina Automotores, mencionada en la causa de Los Monos por la venta de vehículos a integrantes de la banda.
Jaef le dice a Oneto: “Pablo (Abdala) tiene que salir. Y no entra más…y yo tampoco, y yo tampoco porque yo no hice nada. Yo no te vendí nada a vos Jorge. La operación la hizo él (por Lelo), la operación de compra mía la hizo él, entonces que se ocupe él”. Algo distinto a lo expuesto por el acusado durante la audiencia imputativa.
“Dos sinvergüenzas”
Las escuchas con clarificadoras. Jaef habla con Abdala. Si bien ya le vendieron el campo, quieren que ahora el desarrollador de Aqualina se desligue del bien. El pasamos, cree, les brindará tranquilidad. “Ojalá lo venda. Pero ojalá. Dios nos ilumine. La vieja del campo no lo ve más”, sostiene Jaef, reconociendo saber los detalles del asunto.
Abdala le cuenta que los propietarios del inmueble apropiado estuvieron en La Capital, y le explica que el infortunio es el destino de los dueños originales. “Los del campo, vinieron al pie los tipos, de Villa Amelia. Te digo, no van a poder hacer una mierda. Vinieron acá al diario, vinieron a hablar, te digo. .. no se puede hacer nada. Por ahora, sin nuestro consentimiento no se puede hacer nada”.
Cuando se entera de la inscripción litigiosa de la escritura del campo en el Registro de la Propiedad, Oneto lo llama a Jaef. “Acá explotó la bomba”, le informa. “Porque parece que atrás de esa inscripción litigiosa hay una denuncia penal, por medio de la cual yo no puedo disponer del campo”.
Oneto busca entonces asesoramiento con el abogado Walter Stramazzo, quien averigua en la fiscalía sobre la denuncia. Pero, para acceder al legajo, debe representar a un damnificado. Oneto habla con Jaef y deciden no recurrir a esa vía, porque pueden quedar expuestos. En cambio, le piden al abogado Carlos Varela que obtenga un informe de la causa para saber cómo conducirse.
Oneto refiere luego, en una charla con Jaef, que lo llamó el abogado Diego Bianchi, que representa a Ana Josefina Luppi en la demanda por la apropiación. Y se produce este diálogo.
—Jorge, qué calamidad. Me enteré que vos habías comprado»-, dice Bianchi
—Sí—,replica Oneto.
—¿Sabés de quién era ese campo?
—No
—De la mujer del camarista Navarro. Y todo el Poder Judicial la va a defender. Porque esto se lo afanaron.
—¿Cómo se lo afanaron?—, se muestra preocupado Oneto.
—Sí. Se lo afanaron.
—Pero a mí es gente honorable la que me lo vendió—, dice Oneto.
—Sí, ¿Abdala y Jaef?—inquiere el abogado.
—Sí—, admite el agente de bolsa.
—Son dos sinvergüenzas. Si ellos sabían todo, de quién era el campo, siempre supieron todo. Te embocaron, te empomaron—, sugiere el letrado.
El fiscal Narvaja no cree que Oneto haya sido víctima de empomamiento, sino parte de un acuerdo espurio para transferir un bien apropiado indebidamente con el fin de insertarlo en los carriles institucionales y dotarlo de apariencia de legalidad.
De hecho, en medio de las discusiones por la denuncia penal por el campo, Oneto habla con Jaef y le propone hacer de “fronting”. Aparecer como quien encabeza el negocio en apariencia legal.
Al agente le preocupa haber entregado las escrituras de dos departamentos de la torre Aqualina, pero no sabe si va a poder vender el campo, algo que finalmente consiguió.
“Yo me tengo que cubrir –le plantea a Jaef–. Entonces, la idea era que firmáramos todos un acuerdo, que yo haga el fronting, que siga todo igual, como está, e inscribimos las escrituras. Yo haga el fronting del campo, trate de sacar esto adelante, pero que firmáramos un acuerdo, que hasta que no se resuelva el tema del campo, tampoco se puede disponer de las otras propiedades”.
Jaef le responde en relación a Lelo Pérez: “Quiero hablar con él, porque vos fijate que nosotros firmamos la venta del campo, y por otro lado, él (Pérez) se llevó un departamento”.
Y asegura que fue Pérez quien participó como intermediario de las sucesivas compra-venta: “La operación la hizo él, en los dos lados. Él la hizo con vos (por Oneto), e hizo la anterior”.
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