En la historia periodística que narra la causa que investiga las estafas inmobiliarias de alta gama faltan piezas. ¿El gobierno provincial puede desentenderse tan fácil? ¿Qué hubiera pasado si los ministros defensores hubieran sido K? Decano vs decano, un round aparte. ¿La salida será un puñado de juicios abreviados y todos a casita?
Todo comenzó hace dos años. La más misteriosa clave del caso es cómo, en una provincia como Santa Fe, con la enmarañada trama que constituye y entrevera al poder judicial con el político, no se llegó a filtrar nada de la investigación que dice tener como objetivo que las Escrituras Voladoras por fin toquen tierra.
La megacausa que investiga la jueza Mónica Lamperti contempla operaciones con dinero que podría provenir tanto de estafas como de narcotráfico, y todo en el marco de una asociación ilícita. Pero nada de eso hubiese alcanzado para sacudir la modorra del modesto establishment jurídico, político y empresarial de Rosario si no estuvieran imputados escribanos, contadores, desarrolladores inmobiliarios y hasta el gerente general del máximo poder supraestatal de la región, el diario La Capital.
Eso solo obligó al Decano a publicar la noticia, con la salvedad de poner al resguardo a Pablo Abdala, su ejecutivo involucrado, y omitir el allanamiento de que fue objeto el propio edificio que fundara Ovidio Lagos.
Pero acto seguido del estallido de la noticia, el espesor político jurídico de la misma adquirió proporciones inusuales: tres ex ministros de las anteriores gestiones socialistas, dos de Justicia y uno de Seguridad, que luego desistió o lo desistieron, asumieron las defensas de tres de los once imputados.
Héctor Superti, titular de la cartera judicial en el mandato de Herms Binner, representa al agente bursátil Jorge Oneto, y su par durante la gestión de Antonio Bonfatti, Juan Lewis, defiende al escribano Luis María Kurtzeman, precisamente uno de los dos que recuperó la libertad bajo fianza. El otro fue Abdala, que iba a ser representado por Cuenca pero finalmente terminó bajo la defensa de Iván Hernández Larguía.
Un joven pero importante dirigente del peronismo santafesino, al ser consultado por este semanario, razonó: “Si tres ex ministros de Justicia y Seguridad del kirchnerismo hubiesen asumido la defensa de José López, o de Lázaro Báez, o cualquiera de los pocos procesados por delitos muy condenados socialmente, las tapas de los diarios hubieran estado semanas celebrando alrededor de las cabezas de esos tres ex funcionarios”. Nada de eso sucede en Santa Fe, ni en Rosario, aunque las consecuencias políticas aún no pueden darse por sucedidas en su máxima intensidad.
A los ministros de las anteriores administraciones frenteprogresistas se le suma la vinculación colateral de Ricardo Silberstein, actual ministro de Lifschitz, a quien todos sindican como virtual socio de Superti, pero además es protagonista de un episodio de encono judicial mutuo con el diario La Capital.
Lo que se dice poco o no se dice
“En los tribunales de Rosario no deja de haber situaciones por lo menos extrañas. Por ejemplo, sólo se castigan el 20 por ciento de los homicidios que se cometen, pero además, porque desde la operación mediático-político-judicial (juez provincial Juan Carlos) Vienna/Monos todo lo que ocurre o casi en los tribunales de Rosario está teñido de sospecha”. Lo escuchado pertenece a una fuente de esas que transitan con asiduidad aritmética los pasillos del edificio de Balcarce y Pellegrini, de esas voces que conocen el paño.
Una teoría, que en el socialismo se apuran a descalificar por conspirativa, aduce que en realidad toda esta investigación de más de 24 meses tiene como principal objetivo que estos delitos no queden vinculados con algún caso federal, como podría ser una ramificación del lavado de activos con las actividades del narcotráfico o la evasión fiscal proveniente del narcolavado.
Otro dato poco divulgado y que esa misma fuente confió a este medio es que “el fiscal interviniente, Sebastián Narvaja, reportó como empleado en el Ministerio de Justicia cuando eran encabezados durante años por Superti y Lewis y luego pasó, sin solución de continuidad -como su mujer, Carla Cerliani, quien no sólo trabajó como directora del CAJ con Superti, sino que antes fue empleada de su estudio- al poder judicial”.
Para el informante, “la intención sería sobreactuar la gravedad de la causa para sacarla de la órbita federal. Total, después todo puede ser resuelto en un juicio abreviado, de esos que contempla el nuevo sistema procesal penal. Este es el método que el socialismo y sus socios radicales encontraron para evitar que las causas se salgan del alambrado judicial de la provincia”, completa.
En la misma línea, otros argumentan lo siguiente: “Al presentarse Lewis y Superti como defensores, ¿buscaban correr al fiscal Narvaja o se garantizaban que la causa avance sólo en la medida que ellos quieran? Porque se sospecha que Narvaja hizo el trabajo en esta causa para bloquear la causa federal, controlar la investigación y ofrecer buenos acuerdos. ¿A cambio de que? Acceder al cargo de Fiscal Regional de Rosario, movida que sería complementada designando a Jorge Baclini como Fiscal Provincial”.
La palabra pública de Gabriel Ganón, titular de la Defensoría General de la Provincia, es menos contundente, pero no descarta nada: “Si eso es cierto o no el tiempo lo dirá. Lo que sí es cierto y nadie puede poner en duda, es que más allá de los chisporroteos de la interna socialista hay algo que no cierra. Mientras algunos se rasgan las vestiduras sobre la participación de Superti y Lewis lo cierto es que históricamente Silberstein y Superti han sido socios virtuales. Superti atendiendo los casos penales de Silberstein y éste atendiendo las cuestiones privadas de los clientes de Superti. Entonces le pregunto: ¿El Gobernador y su ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro no lo saben? ¿O lo saben y lo que dicen ante la pública es solo una fachada?”.
A esa duda nada tranquilizadora, agrega: “No lo sabemos, pero lo que nadie puede negar es la existencia de esta relación que se remonta al conflicto del Diario La Capital, en el que Silberstein y Superti defendieron a (Carlos María) el Bocha Lagos en la causa por estafa en la venta del capital accionario. En fin, veremos que hace el Gobernador. Si mantiene a su ministro (por Silberstein) en el cargo, se vuelve claro que aquello que se dice acerca de que Narvaja hace los mandados se vuelve mucho más que cierto. Veremos cómo sigue la historia, quizás Narvaja se aparta del caso o renuncia el ministro socio virtual de Superti por décadas”.
Decano vs decano
El 4 de junio de 2001, el diario La Nación publicaba una noticia de alto impacto en la ciudad y toda la provincia: “El empresario periodístico Carlos María Lagos, ex dueño del diario La Capital, de Rosario, denunció penalmente al empresario mendocino Daniel Vila, hombre fuerte de Grupo Uno, y a José Luis Manzano, ex ministro del Interior de Carlos Menem, por ‘administraciones fraudulentas reiteradas, estafas, balances falsos y asociación ilícita en forma simple y calificada’”.
El matutino de los Mitre agregaba: “La demanda penal, radicada en el juzgado penal de la 11a nominación de Rosario, a cargo del doctor Carlos Alberto Triglia, se extiende también a ‘Luis María Casero, Alfredo Luis Vila Santander, Neil Bleasdale, Sergio Ceroi, Jorge Robiolo, Silvio Micozzi, Néstor Carné y el escribano Luis María Kurtzemann padre’”.
Demasiados apellidos que se repiten, y uno de ellos es el de Silberstein, que asumió la representación de Lagos y quedó enfrentado al poder de La Capital y el Grupo UNO.
En aquel lejano 2001, la odisea espacial que fue la transacción de las acciones del Decano derivaron en una guerra de ex servicios de inteligencia, escuchas ilegales y mandobles judiciales que no arrojaron muertos pero dejaron heridas de consideración.
Un párrafo de La Nación aclara casi todo: “La situación de Lagos es hoy compleja, pues a la luz ‘de la mala administración de La Capital, sus acciones valen cada vez menos’, señaló un vocero del empresario. En una de las frases más elocuentes de la denuncia, los abogados Luis Micó y Ricardo Silberstein dicen: ‘Dolorosamente se ha vaciado una empresa de Rosario (diario La Capital), sustrayendo sus capitales en beneficio de empresas de Mendoza’”. Vila y Manzano juraron vengar esa afrenta.
La devolución de favores ocurrió tiempo después, cuando La Capital abrió su edición acusando a Silberstein de “tráfico de influencias” en favor de una de sus hijas, cuando el actual ministro era decano de la Facultad de Derecho, nada menos.
Los mendocinos mandaron a publicar esto: “Un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario denunció ayer por ‘manejos autoritarios y turbios’ al decano de esa casa de estudios, Ricardo Silberstein, y reveló cómo se utilizó su cargo para incluir indebidamente a su hija en la nómina de alumnos habilitados para cursar dos materias de la carrera de abogacía. Según la imputación, que también involucra con un rol protagónico a la esposa del decano, el tráfico de influencias excede a la hija de Silberstein y es una práctica ‘habitual’ en esa facultad”. Chupate esa mandarina.
El barro surge en la siguiente parrafada: “La grave denuncia de los estudiantes incluye como prueba una serie de escuchas telefónicas que dejan claramente al descubierto la maniobra y también desnuda a sus ejecutores: además de Patricia de Silberstein y de su hija Alejandra, involucra al menos a dos funcionarios de la facultad. Se trata del secretario de Asuntos Estudiantiles, Marcelo Marchionatti, y del subsecretario académico, Emiliano Díaz, quien además, según los estudiantes, es socio del decano en su bufete de abogados”.
Vila y Manzaron no olvidaron que al decir “una serie de escuchas telefónicas que dejan claramente al descubierto la maniobra”, cualquier inadvertido preguntaría cómo se obtuvieron esos audios, si fue a partir de una orden judicial o eran ilegales. ¿Quién haría semejante pregunta?
El periodista Caludio Scabuzzo, sin embargo, en el blog laterminalrosario, publicó, en torno de aquellas intervenciones telefónicas: “Las fuentes periodísticas no fueron declaradas, pero no parecía surgir de una investigación para la prensa, sino de servicios de inteligencia”. Y la dupla mendocina tenía, por cierto, estrechas relaciones con ex servicios, uno de ellos Juan Bautista Tata Yofre. Manzano, además fue y sigue siendo jefe político del ex jefe de la Side Miguel Ángel Toma.
Lo cierto es que a Miguel Lifschitz le resultará muy difícil despegarse del todo de la megacausa de las Escrituras Voladoras.
