Una serie de compromisos asumidos por el secretario de general de la municipalidad, Pablo Javkin, y una promesa de reunión el próximo miércoles con la intendenta Mónica Fein, destrabaron este jueves el conflicto con los representantes de comunidades originarias de Rosario. Habían tomado la Dirección de Derechos Humanos en respuesta al “abandono» por parte del Estado local.
Más de 20 dirigentes indígenas de la ciudad mantuvieron tomada la Dirección de Derechos Humanos del municipio, desde la tarde de este miércoles hasta las 4 de la mañana de este jueves, tras haber sido plantados por el ejecutivo, desde donde les habían prometido una reunión que fue levantada porque, según indicaron los representantes originarios, “la intendenta se ofendió tras la publicación de una nota en el diario La Capital” en la que cuentan las penurias de sus comunidades.
Los principales reclamos de los integrantes del Consejo de Coordinación y Participación de Políticas Públicas Indígenas de Rosario apuntan a la falta de reglamentación de ordenanzas aprobadas en el Concejo Municipal para sus comunidades, situación que fue denunciada en un documento que comenzó a circular públicamente esta semana, que provocó el interés de la prensa y el posterior “enojo” del Ejecutivo local.
Tras mantener la toma durante toda la tarde-noche de este miércoles, y habiendo planteado que “hasta ser recibidos por un funcionario” no se moverían de ahí, finalmente Pablo Javkin arribó a la madrugada (12.30) de este jueves a la dependencia municipal, por donde ya habían pasado algunas concejales de la ciudad como Celeste Lepratti y Fernanda Gilgliani a interiorizarse de la protesta.
“Estuvimos hasta las 3 mañana hablando con Javkin, tratando nuestro petitorio, donde hay puntos muy importante que el Consejo Indígena había convenido una reunión plenaria de las comunidades”, explicó este jueves a Redacción Rosario Ricardo López, uno de los voceros de la protesta.
López contó que hablaron con Javkin de “la necesidad de la reglamentación de las ordenanzas” votadas en el Palacio Vasallo, la “creación de una oficina propia del Consejo Indígena creado por esas ordenanzas”, y sobre el “presupuesto para el funcionamiento de dicho órgano.
“En algunas cosas se comprometió hacerlas posibles y dijo que de acá a cinco días nos iba a contestar”, comentó López y añadió que “en materia de los proyectos que los hermanos presentan y no vienen siendo ejecutados, Javkin dijo que iba hablarlo con cada dependencia para que tengan mayor viabilidad”.
López indicó que acordaron con Javkin una próxima reunión en dos semanas y por otro lado una reunión con la intendenta el miércoles que viene en el distrito noroeste.
De todas formas, los representantes indígenas remarcaron que mantienen la convocatoria a una conferencia de prensa para el próximo martes a las 11 en ATE Rosario (San Lorenzo 1879), “para contar la situación que padecen los Pueblos Originarios de la ciudad”.
Documento de las comunidades
El famoso documento que puso por unas horas en la agenda de la ciudad la problemática, denuncia el “estado de abandono, vulneración y hacinamiento” que padecen las colectividades Qom, Moqoit y Kolla que habitan la periferia de la ciudad.
“Hemos declarado estado de emergencia a través de un documento elaborado en asamblea comunitaria con fecha 30 de septiembre entregado al presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas de Nación”, indica el texto de los originarios.
Los representantes de los pueblos originarios detallan en el documento que los “incumplimientos” por parte del Ejecutivo Municipal están referidos las ordenanzas N° 9.119 –aprobada por el Concejo Municipal el 21 de noviembre de 2013–, que habilita la forma de organización según “las propias necesidades de Los Pueblos Indígenas en Países Independientes, respetando su cultura”; y la ordenanza N° 9.382 –aprobada el 12 de marzo de 2013–, que habilita la incorporación de la figura de “Agente Sanitario para Pueblos Originarios (ASPO) dentro del sistema de Salud en Atención Primaria de la Salud (APS) en Población Indígena”.
Desde las entidades indígenas consideran que el incumplimiento de la reglamentación de las dos ordenanzas “no hace más que agravar nuestra situación de exclusión de toda índole en materia Gubernamental, vulnerando así todos los derechos contraídos a escala mundial en los Estados Independientes, Democráticos”.
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