“Se está vulnerando la independencia judicial», aseguraron desde Naciones Unidas al solicitarle al gobierno nacional la liberación de la militante social privada de su libertad en la provincia de Jujuy desde el 16 de enero pasado. “No existen elementos legales para justificar su prisión preventiva», argumentaron.
El Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria de Naciones Unidas sostuvo que “hubo un entramado de «acusaciones consecutivas» e inicio de causas judiciales para sostener su privación de libertad de manera indefinida en el tiempo» y concluyó «que en este caso se está vulnerando la independencia judicial».
Esta resolución fue difundida este viernes en un comunicado divulgado por las organizaciones Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), y Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes).
El Grupo de Trabajo, «al analizar las causas judiciales por las que Sala está privada de la libertad concluyó que no existen elementos legales para justificar su prisión preventiva» y además «consideró que no se demostró que existen en este caso riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación que justifiquen su privación de libertad».
Según el organismo de la ONU, «el Estado impidió el ejercicio del derecho de defensa de Sala por la falta de precisión y claridad de los hechos que se le imputan y por no informarle adecuadamente los delitos por los que es acusada».
Además, «entendió que Milagro Sala por su condición de parlamentaria del Mercosur contaba con fueros que impedían su detención». Y agregó que la detención de la dirigente de la organización Tupac Amaru «se dio como resultado del ejercicio de sus derechos humanos».
En este sentido, solicitó que sea inmediatamente liberada, que se investigue la violación de sus derechos y que el Estado informe cómo va a asegurar que estos hechos no vuelvan a repetirse.
El Estado argentino tiene la responsabilidad de cumplir con las medidas determinadas por el Grupo de Trabajo, en este caso consecuencia de una denuncia presentada por Amnistía Internacional, el Cels y Andhes en febrero de este año, luego de la detención de militante jujeña.
