Concejales de la ciudad expresaron su apoyo al proyecto de Ley presentado en el Congreso Nacional que declara la Emergencia Social. Gremios, organizaciones sociales y trabajadores de la economía popular, se sumaron al reclamo.

Los ediles Eduardo Toniolli, Celeste Lepratti, Juan Monteverde, Lorena Gimenez y Pedro Salinas recibieron en el Palacio Vasallo a distintos referentes de organizaciones sociales, políticas, religiosas y sindicales, en el marco de la jornada por la declaración de Emergencia Social en todo el país.

«Desde hace 11 meses el gobierno de Mauricio Macri sólo toma medidas a favor de los grandes grupos económicos. Mientras tanto los más humildes, los trabajadores, la clase media, los pequeños comerciantes, y la pequeña y mediana industria sufren día a día las consecuencias del ajuste», señaló el edil justicialista Eduardo Toniolli, y agregó: «La situación en los barrios de la ciudad es compleja, y por eso apoyamos el proyecto de ley, porque da un alivio a las familias que pierden el trabajo, se les caen las changas, ven cómo los precios suben y empiezan a caer en la desesperanza».

Por su parte, la concejala del Frente Social y Popular, Celeste Lepratti, aportó: “Sentíamos la necesidad y la urgencia de dar este debate. Adherir al proyecto nacional de emergencia debido a la situación crítica que se viene desarrollando en el país”.

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En tanto, Alejandra Fedele -responsable territorial del Movimiento Evita- agregó que «el diálogo y los buenos modales no alcanzan, los sectores más postergados necesitan respuestas concretas. El hambre no puede esperar».

Al término de la jornada, se elaboró un documento entre los presentes, en el que se menciona la necesidad de proveer de todos los recursos locales, provinciales y nacionales al servicio de los más necesitados para dar respuesta relativas a infraestructura y servicios. Además impulsan un plan de empleo de alcance nacional desde el sector público y cuestionan la “política de importaciones y puertos que afectan la economía nacional”.

También el documento da cuenta y repudia la criminalización de la protesta social, el protocolo de la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich; el ajuste a los beneficiarios del sistema económico desde la dictadura a la fecha; la política de despidos; la especulación financiera; la complicidad estatal, entre otros.

Mientras se desarrollaba la jornada de debate, el Movimiento Evita, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), realizaban ollas populares en el parque frente al Monumento a la Bandera, “con el objetivo de instalar públicamente la problemática que atraviesan los sectores más postergados de la sociedad”, según indicaron.

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