Ajustar no es ninguna ciencia

Los trabajadores se mueven entre la preocupación laboral por los despidos y las suspensiones que no cesan, las denuncias de recortes presupuestarios, los reclamos de reapertura de paritarias desalentada por el Estado y la demanda de una bonificación de fin de año ante la fenomenal pérdida de poder adquisitivo de los salarios, petición que sigue siendo resistida por la mayoría del empresariado. Según datos oficiales que contradicen las propias afirmaciones de funcionarios del gobierno nacional, la actividad económica sigue en recesión, el consumo no repunta y la industria no encuentra piso en su caída libre. El Indec informó que la mitad de los hogares argentinos no cubre el costo de la canasta de alimentos y servicios básicos con sus ingresos mensuales, aplastados por la alta inflación.

Las organizaciones sindicales, políticas y sociales se fueron reacomodando a las transformaciones coyunturales socio-económicas desatadas desde que gobierna Cambiemos. Con más o menos reacción frente a los serios problemas que trajo el modelo político del macrismo, diferentes sectores coinciden en que la situación es de emergencia social, laboral y salarial. La distribución regresiva del ingreso que emprendió el proyecto neoliberal de la alianza PRO-UCR trae graves consecuencias.

Después de acordar la negociación de un bono de fin de año para el sector privado con una referencia de 2.000 pesos y la exención parcial en Ganancias para el medio aguinaldo, la CGT, que viene siendo blanco de críticas por parte de otros sectores sindicales, resolvió volver a la calle junto a movimientos sociales: marcharán al Congreso el 18 de noviembre para pedir la inmediata sanción de la ley de Emergencia Social. De todos modos, desde la central obrera volvieron a descartar la posibilidad de convocar a un paro nacional.

Un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (Cepa) calculó que los trabajadores deberían percibir bonos adicionales de entre 9 mil y 15 mil pesos, según el sector, para recuperar algo del poder adquisitivo perdido durante un año con brutal inflación, aunque desde el sector empresarial se muestran reticentes a pagar un extra de 2 mil pesos, en especial desde el sector pyme, donde se sintió más el impacto de la retracción del consumo, la apertura importadora y los tarifazos. Mientras, el plus salarial para estatales sigue sin definirse.

En las últimas semanas, el bono pareció dejar rezagados los reclamos por despidos y suspensiones de trabajadores, que igual siguen a la orden del día y muestran cierta falta de respuestas de parte de las conducciones gremiales. El gobierno había conseguido correr prioridades en la agenda del movimiento sindical, que durante este año pasó de discutir porcentajes de suba salarial en paritarias a poner el foco de atención en los despidos, tanto en el sector público como privado.

Según informó el Ministerio de Trabajo de la Nación, el empleo privado registrado bajó en septiembre un 0,8 por ciento respecto de igual mes del año pasado y ratificó una tendencia decreciente. De la Encuesta de Indicadores Laborales que elabora la cartera que comanda Jorge Triaca, quien niega que haya crisis de empleo, se desprende que la construcción y la industria manufacturera llevaron las de perder más trabajadores. De acuerdo a cifras del Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa), que contabiliza altas y bajas, desde que asumió Macri la merma en el sector privado fue de 124.778 empleados. Estimaciones privadas, en tanto, contabilizan más de 200 mil despidos públicos y privados en lo que va de la era Cambiemos.

La actividad económica cayó en agosto un 2,6 por ciento contra igual período de 2015, según el Indec, aunque para el gobierno y economistas amigos, “dejó de caer”. Afectada principalmente por el achique del consumo y la reiterada caída de la producción automotriz, la economía sumó así seis meses consecutivos de retrocesos. En la misma senda, datos de la consultora liberal Fiel reflejaron que la industria cayó en septiembre 8 por ciento en comparación al mismo mes de 2015, lo que supone una de las peores marcas registradas en el año para el sector fabril.

El aumento de las importaciones afecta a la industria nacional. El último reporte del Observatorio de Importaciones de la provincia y de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) marcó que la suba de las importaciones tiene su efecto inmediato en las industrias de línea blanca de Rosario, que pasarán de producir 1,2 millón de heladeras en 2015 a 800 mil unidades cuando termine 2016. En efecto, entre 2015 y 2016 el aumento de la importación de heladeras fue del 292%. “Uno ve que el mercado interno se va deteriorando día a día y estamos bastante preocupados. No vemos que en la Argentina tengamos un proyecto industrial delineado”, sostuvo el titular de la Fisfe, Guillermo Moretti, al criticar al gobierno nacional por su política económica.

Química destructiva

Además del “boom de endeudamiento” que contempla el proyecto de Presupuesto 2017 que se discute en el Congreso, moldeado por el año electoral venidero, la iniciativa impulsada por Cambiemos propone recortes de fondos en áreas claves para el desarrollo del país: el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) y el Ministerio de Ciencia y Tecnología son dos ejemplos claros de la destemplanza de la tijera amarilla. “Macri cierra programas nacionales de tecnología y abre las importaciones”, se quejan científicos e investigadores.

Trabajadores del Inta denunciaron un recorte de 1.140 millones de pesos en el presupuesto 2017, poda de recursos que pone en peligro más de 600 puestos laborales, asistencia a productores y diseño y desarrollo de proyectos estratégicos. Para profesionales y técnicos del Inta, el modelo de trabajo que intenta darle Cambiemos al Instituto “se parece al de los 90”.

Científicos, estudiantes, becarios del Conicet y docentes marcharon el jueves pasado al Congreso para protestar contra el recorte presupuestario del 32 por ciento (1.400 millones de pesos) que proyecta el gobierno para el Ministerio de Ciencia y Tecnología que capitanea Lino Barañao. La jornada nacional de lucha tuvo eco en Rosario, en la esquina de Córdoba y Corrientes, donde integrantes de la comunidad científica y universitaria alertaron sobre las consecuencias sociales, académicas y laborales del ajuste presupuestario que busca imponer el gobierno de Macri.

El recorte “significará menos becarios, menos investigadores, salarios más bajos, menor cantidad y monto de subsidios, y desactivación de proyectos”, tal como vienen planteando desde los distintos sectores de la comunidad científica. Antes de ser presidente, Macri los había mandado a “lavar los platos”. El temor a que Argentina vuelva a sufrir la llamada “fuga de cerebros” a partir de la política de ajuste del gobierno macrista contrasta con la inversión y el trabajo que realizó el kirchnerismo para repatriar a los científicos que se habían ido del país a fines de los 90 y principios del 2000, empujados por la crisis.

Fuente: El Eslabón