En el marco de la histórica jornada sobre aborto legal que se realizó el miércoles pasado en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, una de las disertantes fue la abogada Soledad Deza, que representa a Belén, la joven que fue condenada por la Justicia tucumana a 8 años de cárcel por “homicidio agravado por el vínculo” tras sufrir un aborto espontáneo en 2014, y que fue puesta en libertad tras una larga e intensa lucha que se extendió a todos los rincones del país. En diálogo con el eslabón, Deza, que además es integrante de la ONG Católicas por el Derecho a Decidir, destacó la importancia de la organización de la sociedad civil para reclamar por la libertad de la joven: “Logramos alinear la movilización social detrás de una estrategia jurídica. Los argumentos de la defensa fueron replicados a las bases”. En este sentido, Deza reivindicó la mesa intersectorial de esa provincia como una experiencia enriquecedora e innovadora para el movimiento de mujeres del país. “Pusimos al descubierto que la penalización del aborto sí funciona, que una mujer puede pasar 900 días presa por un aborto, y encima espontáneo”. La letrada también valoró la jornada de debate en Medicina al estipular que el sistema de salud pública es un operador fundamental para el acceso y la criminalización del aborto.
—Después de conseguir la libertad de Belén, ¿en qué estado está la causa?
—La Corte tiene 90 días para pronunciarse sobre un recurso de casación penal que tiene como objetivo que se reconozca su inocencia, declarando la anulación de su condena y finalmente la absolución. Creemos que es una cuestión de tiempo, porque tenemos un dictamen del ministro fiscal que, si bien no es vinculante, es contundente. porque ha dicho que la causa es nula desde foja uno. Tiene valoraciones tan contundentes que creemos que a la Corte le va a ser muy difícil apartarse de ese dictamen. Si saliera mal, recurriremos a un recurso extraordinario a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
—El pedido de libertad para Belén se hizo masivo y a nivel nacional, ¿qué precedentes sienta este caso para las reivindicaciones de género del movimiento de mujeres?
—Nosotros hicimos primero una estrategia jurídica y luego conformamos una mesa provincial, “Para la Libertad de Belén”, con organizaciones de Tucuman que incluyen un arco político muy amplio, desde organizaciones de mujeres, de derechos humanos, agrupaciones estudiantiles, e incluso partidos políticos y sindicatos. Eso nos permitió alinear la movilización social detrás de una estrategia jurídica, y significó replicar los mismos argumentos de casación, argumentos jurídicos, y amplificarlos con cada compañera que a su vez los repetía y reproducía en la calle y en sus espacios.
—¿Cómo se logró esa sinergia entre la defensa y las organizaciones?
—Por un lado, un esfuerzo nuestro en decodificar lo jurídico, que en general suele estar oculto y encriptado; y por el otro, un esfuerzo de las compañeras de aprender eso y traducirlo a las bases, en un lenguaje común a todos, entonces el pedido de libertad tenía mucho contenido. Teníamos a compañeras hablando de presunción de inocencia, de valoración de pruebas, de arbitrariedad, de falta de perspectiva de género, todos en la línea de la defensa. Fue una experiencia muy enriquecedora, muy empoderante para el movimiento de mujeres.
—¿Y cómo repercutió para el resto de la sociedad tucumana?
—Nosotros estamos en un norte que retrasa, bastante anacrónicos en el tema de derechos sexuales y reproductivos. Es más, Tucumán es la única provincia que no ha adherido a la ley de salud sexual. Es un escenario complejo, sin embargo pudimos mostrar a Belén como una víctima del sistema. Ella llega a nosotras como condenada por ser autora de un delito, y nosotros pudimos dar vuelta eso y poner al descubierto a una mujer que se para en una situación desaventajada respecto a un Estado que la maltrata en la salud, una policía que la criminaliza y un poder judicial que termina de consolidar esa triada que es la que la pone en la cárcel, donde estuvo 29 meses.
—¿Qué aporte hace la causa a la lucha por la despenalización del aborto?
—Principalmente que pudimos mostrar, incluso a sectores que no son afines a la discusión, que el sistema penitenciario nos había ocultado que había una mujer presa por aborto. Que hay argumentos de quienes dicen «no vamos a discutir la legalización del aborto porque no se aplica, porque las mujeres no van presas por aborto», y demostramos que van presas incluso por abortos que no son delito. El caso de Belén es punta de lanza para que nuestros parlamentarios accedan a discutir el proyecto de la campaña nacional que lleva 10 años presentándose y que se niegan a debatir. Tenemos un Estado que a través del ministerio de Salud de la Nación reconoce que se llevan a cabo entre 379 mil y 522 mil abortos por año, necesitamos que esas cifras sean vinculadas a una mujer presa por aborto. Creemos que esto conforma un estado del arte suficiente para conmover a nuestros parlamentarios.
—¿Cómo valoran esta jornada de debate en una facultad de Medicina?
—Yo quiero celebrar esta jornada que es muy significativa. La salud pública es un operador del acceso al aborto en los casos en los que es legal, y un operador de la criminalización del aborto aun cuando sea en franca violación de la confidencialidad médico-paciente. El hecho de que se haga una jornada respecto de este tema muestra un gran interés de construcción de ciudadanía plena, lo celebro porque la salud es un derecho humano y no siempre se respeta cuando se trata de interrupciones de embarazos, ya sean legales o ilegales.
Artículo publicado en el número 271 del periódico El Eslabón.
