Foto: Emergente
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Curtidores, gráficos y empresas recuperadas tomaron la mañana de este miércoles la sede del Ministerio de Energía. Los trabajadores informaron que la policía federal clausuró la instalaciones del Ministerio, dejando a los trabajadores encerrados. La dependencia, además, está acordonada por Gendarmería. La toma pacífica es en reclamo de la implementación de una tarifa diferencial para estos sectores, muy castigados por la suba de tarifas en los últimos meses.

La protesta los trabajadores de las empresas recuperadas fue definida tras la negativa del Ministerio que tiene a  Juan José Aranguren a la cabeza, de contemplar la situación de las 400 cooperativas en todo el país que se encuentran al borde del colapso por los aumentos tarifarios. Según explicaron en declaraciones mediáticas, sus facturas de energía eléctrica y gas se multiplicaron entre cinco y ocho veces, y eso afecta la posibilidad de mantener las plantas en funcionamiento. A eso se le suma la caída del consumo y una reducción del poder adquisitivo de la población.

“Lo que veníamos discutiendo era la posibilidad de que las fábricas continuaran produciendo. Nosotros sostuvimos las plantas cuando los patrones se fueron porque queremos trabajar. Pero la semana pasada cerraron las negociaciones y nos empujan al cierre”, explicó a los medios Eduardo Montes, integrante de la Cooperativa Gráfica Patricios, una empresa recuperada con capacidad para realizar todo tipo de impresiones. Allí sintieron el impacto de la suba de tarifas: pasaron de pagar 27.231,44 pesos en febrero a 127.940,39 en julio pasado.

Según informó el sitio InfoGremiales, hasta el momento desde el Ministerio nadie se hizo presente para dar respuestas. De hecho la peligrosa movida que produjo la cartera fue dejar encerrados a los trabajadores y rodearlos de policía. Por el momento la decisión de las empresas recuperadas (gráficas, textiles, cuero, etc), con el respaldo de la Federación Gráfica Bonaerense y del Sindicato de Obreros Curtidores, es quedarse hasta ser atendidos y mantener la ocupación pacífica del edificio que implica la defensa de 25 mil puestos de trabajo.

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