Este fin de año fue de regalitos del hijo para Papá (Noel no, Franco).
Este fin de año fue de regalitos del hijo para Papá (Noel no, Franco).

Las advertencias de la oposición real sobre la verdadera intención de Mauricio Macri al enviar al Congreso su proyecto para lavar activos en negro, que Sergio Massa, Elisa Carrió y Miguel Pichetto, entre otros, votaron a favor con la excusa de que los parientes de funcionarios quedarían exceptuados, dejó al desnudo la trama de complicidades entre Cambiemos y el llamado opoficialismo, que ahora pone el grito en el cielo pero mantiene sus huevos en otro lado, como el tero.

Mientras la cortina de humo producida por la autocalificación del Presidente a su administración hacía que el mundo periodístico y político tejiera frases, bromas y alegorías en torno de la cifra ocho, en el Boletín Oficial se dejaba constancia del verdadero chiste que el mejor equipo de los últimos 50 años le tenía preparado al país.

El colmo de la desvergüenza lo protagonizó el jueves el jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien al ser consultado por los alcances del decreto que echa por tierra el articulado que dejaba afuera del blanqueo a familiares –por ejemplo, el papá presidencial, Franco Macri– argumentó con inocente gesto de colegial: “Creemos que lo que firmamos es una herramienta correcta y que no viola el espíritu de la ley”.

A esa altura, el mundillo político bramaba una furia que en algunos sonó a sobreactuación. Sin embargo, diputados del Frente para la Victoria tradujeron la indignación en una denuncia penal “por abuso de autoridad” contra quienes rubricaron el decreto de marras, esto es el propio jefe de Estado, su mano derecha Peña y el ministro de Hacienda Alfonso Pray Gay.

Las motivaciones de la presentación ante la Justicia no podía ser más transparente: Los legisladores arguyen que el decreto “viola la voluntad expresa del legislador”. Incluso en los pasillos del Congreso, algunos diputados kirchneristas, a quienes se sumaron pares de otras bancadas, procuraban munirse de jurisprudencia que les permitiera armar un caso suficientemente sólido para declarar la inconstitucionalidad de la medida.

Lejos, muy lejos de estos movimientos, también se escucharon voces indignadas de desairados parlamentarios del Frente Renovador, que en su momento se llenaron la boca argumentando que las modificaciones por ellos incluidas justificaban el voto favorable a una iniciativa que por todos lados se mostraba como un traje a medida del oficialismo.

Según el diario Página 12, uno de los impulsores del artículo que exceptuaba del blanqueo a los parientes de funcionarios, el massista Felipe Solá, “amenazó con impugnar judicialmente el decreto presidencial y propuso crear una Comisión Bicameral para investigar a los familiares de funcionarios que blanqueen capitales con la ley del Gobierno”. Al cierre de la edición de este semanario, esa intención no traspasó los límites de una indignante bravuconada.

Pero Massa, el jefe de Solá, ni siquiera llegó a tanto, y se pasó toda la jornada del jueves de canal en canal hablando de las modificaciones que se propone introducir al proyecto macrista que impone cambios al Impuesto a las Ganancias.

Más ominoso resulta el silencio de Elisa Carrió, adalid de la ética republicana, que hasta este viernes no se había pronunciado en torno del tema, al igual que la denunciante serial Margarita Stolbizer.

Sí se conocieron declaraciones de uno de los más conspicuos colaboradores del macrismo en la Cámara de Diputados, los titulares del Bloque Justicialista Diego Bossio y Oscar Romero: “Que el Presidente cambie leyes por decreto no es una buena señal. Cuando se aprobó la ley en el Congreso quedó expresamente prohibido que los familiares directos puedan acceder al blanqueo”. En tren de dejar testimonio, pero sin expresar acciones concretas en contra del decretazo, ambos legisladores plantearon que “el oficialismo pone en riesgo cualquier acuerdo político futuro porque no respeta la voluntad del Poder Legislativo”. Son tantos los acuerdos pasados entre esa bancada y el macrismo que algunos periodistas tomaron con sorna la tibia protesta.

Otros indignados con la rúbrica presidencial del decreto 1.206/2016 que permite a las familias PRO y asociados poner en blanco la negrura de sus activos es el principal socio de Cambiemos, la Unión Cívica Radical (UCR). Según el periódico Perfil, la movida “generó ruidos, cortocircuitos y disidencias entre los radicales”. Abriendo un poco más el foco, el diario digital de Jorge Fontevecchia reproduce lo que el jefe de la bancada de la UCR, Mario Negri, publicó en su cuenta de Twitter: “Ratifico lo manifestado oportunamente. Creo inconveniente cualquier forma de incluir a los ya exceptuados en la ley de Blanqueo”. No es que se esperara algo más enérgico de parte del socio pobre del macrismo, pero las tibias protestas del legislador cordobés se asemejan mucho a una burla. A ese inocuo gesto se sumaron las declaraciones de otro diputado de la misma fuerza, Ricardo Alfonsín, quien sostuvo, en la misma red social que Negri, una tardía lamentación “Necesitamos espacio en Cambiemos para debatir decisiones. Abrir el #Blanqueo a familiares de funcionarios (y ex) es una de ellas”. Como algún asesor le debe haber dicho que sonaba a poco tirando a nada, el hijo del fallecido ex presidente Raúl Alfonsín exclamó por Twitter que “la UCR debe hacerse oír. Si esto ocurriera ciertas cosas no se hubieran hecho. Una vez más la realidad lo confirma”.

Como es su costumbre, el portal desinformativo La Política On Line operó dando pedaleadas en el aire: “Estos días, Negri se reunió varias veces con Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica, y preparan una embestida contra el Presidente”. Si algún lector se enteró de que el toro haya corneado algo más que el papel pintado de algún viejo afiche de campaña, se le ruega que avise a este columnista.

¿Ingenuos o cómplices?

El decretazo deja al desnudo las frágiles argumentaciones tanto de los socios en la coalición Cambiemos como de quienes integran el esperpéntico dispositivo parlamentario que se propone otorgar “gobernabilidad” a una administración que la pone en riesgo día a día con sus medidas.

Ante esto, sólo hay dos miradas posibles. Quienes acompañan las políticas del macrismo y luego son llevados puestos por el vendaval de hechos consumados con que se maneja el gobierno de los CEOs lo hacen por ingenuidad, o son cómplices.

La experiencia legislativa de muchos de los actores que desde diciembre de 2015 pregonan que son una oposición que no tiene entre sus planes poner “palos en la rueda” del gobierno más impiadosos con los sectores más vulnerables de los últimos tres lustros impide creer que no advierten, ante cada toma y daca que le propone el macrismo, que se trata de atajos para sortear la minoría parlamentaria de que adolece Cambiemos en ambas cámaras del Congreso nacional.

Que esas concesiones las haga la UCR, la Coalición Cínica o incluso el GEN de Stolbizer, resulta esperable. Al fin de cuentas se trata de socios explícitos o aliados coyunturales que se reservan críticas formales pero en concreto operan como satélites del oficialismo neoliberal.

Otra cosa es el Frente Renovador de Massa, el patético Bloque Justicialista de Bossio o, peor aún, los vergonzantes desgajamientos del FpV, en Diputados pero particularmente en el Senado, donde Pichetto, como jefe de bancada, Juan Manuel Abal Medina y otros pares que tienen por lo menos la excusa de depender de gobernadores que precisan fondos federales, votan prácticamente todo lo que envía el macrismo al Congreso.

La más benigna de las miradas es condenatoria de quienes se autoproclaman alternativa de recambio en caso de un estrepitoso fracaso de la coalición gobernante. ¿Políticos incautos, inocentemente engañados en forma serial por el macrismo, pretenden acceder al poder y cambiar el paradigma neoliberal que arrasa con el poder adquisitivo de quienes aún mantienen su empleo? ¿Ingenuos dirigentes sorprendidos en su buena fe en modo sistemático, ley tras ley, se postulan como los más aptos para tomar las riendas una vez finalizado el mandato de Cambiemos? ¿Legisladores que votan el escandaloso pago a los fondos buitre poniendo límite al endeudamiento se ven traicionados por Macri, que se endeuda en decenas de miles de millones de dólares por encima de ese tope, y quieren ser gobierno? Parece poco serio y amerita sopesar qué sería de esos precandidatos si no fuera por el beneficio que les depara el blindaje mediático que los alienta como parte de su propio Plan B.

Por los motivos que fuere, desde los más inconfesables hasta los políticamente incorrectos pero no tipificados en el Código Penal, las razones de tamaño acompañamiento al gobierno de Macri revela más una vocación cómplice que un espíritu incauto.

Una prueba de que es posible actuar de otra manera la dio el bloque de senadores del Frente para la Victoria hace diez días, cuando paró en seco la reforma política que llevaba en su seno el Caballo de Troya de la boleta electrónica. Ese fracaso del oficialismo no fue ponderado por la mayoría peronista como “un palo en la rueda” en absoluto. Lo que se vio es una firme posición ante la apertura de una Caja de Pandora que podía incluso afectar al propio corazón de la democracia.

Frente a esa muralla legislativa, el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, Adrián Pérez, esbozó un argumento tan gorila como imbécil: “Es una ley en pos de la transparencia, pero muchos gobernadores feudales lo tomaron como una ley contra su poder territorial”.

Ante las críticas al descarado decreto que mete por la ventana a los parientes de quienes en algunos casos están siendo investigados por evasión mediante empresas offshore en paraísos fiscales, Marcos Peña sostuvo, desde Chapadmalal, donde Macri y sus estrellas pasan su retiro espiritual, que quienes se quejan lo hacen “para evitar el desfile por tribunales que estamos viendo hoy”.

Que se sepa, Massa, Negri, Bossio, Alfonsín, Solá, y otros críticos de la medida no son parte de ese desfile por Comodoro Py, pero tal vez el jefe de Gabinete les esté lanzando una advertencia a futuro.

Fuente: El Eslabón

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