Foto: Ámbito Financiero
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La Cámara de Diputados aprobó con amplio consenso y giró en revisión al Senado el proyecto de ley emergencia social. Durante el debate, hubo fuertes críticas al gobierno de Mauricio Macri. La iniciativa fue impulsada principalmente por las organizaciones sociales, que se movilizaron en apoyo de la norma.

El proyecto de ley que se giró al Senado apuntala el trabajo territorial de las cooperativas de la economía popular, y fue aprobado por 227 votos contra uno, declara la emergencia social hasta diciembre del 2019 y establece un refuerzo adicional de las partidas en unos 30 mil millones de pesos, para lo cual se autoriza al jefe de Gabinete a hacer las reasignaciones presupuestarias para garantizar los fondos necesarios.

De todos modos se establece que esas reasignaciones presupuestarias no podrán afectar los recursos destinados a los gastos sociales sino que deberán obtenerse de otras partidas que están contempladas en el presupuesto.

El proyecto contó con el respaldo del el Frente para la Victoria-P, el Frente Renovador, el Movimiento Evita, el bloque Justicialista, Cambiemos y Progresistas, pero no fue votado por la izquierda, que optó por la abstención.

Durante el debate, desde el Movimiento Evita, la diputada Lucila De Ponti, destacó la importancia del proyecto que declara la emergencia social hasta 2019 y aseguró que la ley busca “achicar la brecha entre los distintos segmentos de la clase trabajadora”.

De Ponti, de la agrupación que impulsó el proyecto de emergencia social, destacó la necesidad de construir políticas públicas “que nos permitan consolidar nuevos sujetos de derecho”.

La legisladora remarcó las raíces del proyecto. “Esta ley nació de la acción, del conflicto, de la negociación colectiva de los trabajadores que luchaban por convertirse en un sujeto social reconocido. Fue construida por quienes la protagonizan, desde la calle, a través de años de organización, movilización, lucha y trabajo colectivo”, y agregó que “esta ley la escribieron los trabajadores de la economía popular, las organizaciones sociales. Como dice Francisco: los poetas sociales».

Su compañero de bloque, Leonardo Grosso afirmó que el acta firmada entre el Gobierno y las organizaciones populares se convirtió «en la primer paritaria de la economía popular» y calificó de «broche de oro” a la ley que declara la Emergencia Social.

En tanto, el secretario general de la CGT Héctor Daer, massista, aseguró que Macri debe hacerse una autocrítica porque la política que está realizando desde que asumió «aumentó la pobreza» y reivindicó la decisión de la central obrera de incorporar a la agenda la problemática de los trabajadores informales.

Al exponer en el recinto de sesiones en el debate del proyecto que declara la emergencia social, Daer dijo que el problema de la pobreza comenzó a hacerse visible con el plan económico implementado por la dictadura en 1976 «donde un sector de los trabajadores comenzó a quedar al margen de la economía, y esto se fue profundizando, pero hizo eclosión en el 2001 donde fue fundamental el trabajo de las organizaciones sociales».

El proyecto tiene como objeto «promover y defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en todo el territorio nacional en la economía popular con miras a garantizarles alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, cobertura médica, transporte y esparcimiento, vacaciones y protección previsional».

Además dispone la creación del «Consejo de la Economía Popular y el Salario Social», que estará integrado por un representante del Ministerio de Desarrollo Social, otro del Ministerio de Trabajo, uno del Ministerio de Hacienda, y tres de las organizaciones sociales que estén inscriptas en el registro respectivo.

Asimismo, establece la creación de un Registro Nacional de la Economía Popular (Renatrep) “a los efectos de la inscripción de los trabajadores de la Economía Popular que serán alcanzados por los beneficios del Registro”.

De acuerdo al proyecto, los actuales programas sociales nacionales se articularán con la intervención del Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario (CEPSSC) promoviendo su progresiva transformación en Salario Social Complementario.

Desde la izquierda, el diputado nacional del FIT, Néstor Pitrola, cuestionó fuertemente hoy el proyecto que declara la emergencia social acordado entre el Gobierno nacional y los movimientos sociales, y dijo que se trata de ”una tregua sin antecedentes”.

Tras anticipar la abstención de esa fuerza a la hora de votar el proyecto, el diputado del FIT advirtió que esa “tregua está coordinada con la CGT”, a la vez que cuestionó la creación del registro de la economía popular contemplado en el proyecto, al sostener que se trata de “un registro de los candidatos a la precarización laboral”.

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