Cuando los representantes de los poderes fácticos evaluaron a quién poner como presidente una vez consumado el golpe de Estado contra Dilma Rousseff, algunos apuntaban a Michel Temer, pero otros cuestionaban su debilidad: por no haber surgido de los votos y por sus muchas denuncias de corrupción, que lo mantienen siempre al filo del traje a rayas y la celda. Y preferían la legitimidad de un nuevo llamado a elecciones para así tener un presidente nuevo, que pueda hacer la restauración conservadora con la legitimidad de los votos y sin problemas con la Justicia. Esta posibilidad, sin embargo, fue descartada de plano: si llamaban a elecciones ganaba Lula. Por eso tuvieron que conformarse con Temer y ahora están pagando las consecuencias.
La misma Justicia que conspiró contra la presidenta legítima, Dilma Rousseff, ahora no tiene más remedio que dar curso a alguna de las muchas denuncias por corrupción contra el círculo más íntimo de Michel Temer, cercado por derecha y por izquierda.
La derecha y los ciudadanos indignados (los mismos que estaban contra Dilma) lo critican por corrupto y salen a la calle produciendo enormes movilizaciones. El pueblo, los movimientos sociales, y el Partido de los Trabajadores (PT) lo critican por ajustador y corrupto, se organizan, resisten, producen enormes movilizaciones (bajo la consigna Fora Temer) y ya definieron que el próximo candidato será Lula.
Mientras tanto, Temer sigue con el ajuste a toda costa. Con represión, con infiltrados en los movimientos sociales. Pero Brasil es una olla a presión y el futuro es incierto. En medio de este tembladeral, con graves problemas de gobernabilidad, acosado por derecha e izquierda, la topadora neoliberal avanza todo lo que puede. Por ejemplo, sigue su rumbo parlamentario la nave insignia del ajuste neoliberal: la Propuesta de Enmienda de la Constitución 241 (PEC 241), que congela el gasto público por 20 años, a partir de 2017, en salud y educación. Se vota en forma definitiva en el Senado el 13 de diciembre.
Una vez que esté implementada y forme parte de la Carta Magna, el Estado sólo aumentará los fondos en estas áreas de acuerdo a la inflación correspondiente al año anterior, según el índice de precios al consumidor. Pero no se considerará un factor clave: la considerable expansión demográfica de un país como Brasil, que cuenta hoy con más de 205 millones de habitantes. Dejando de lado este factor, esta política producirá una progresiva desfinanciación de la salud y la educación, que se irán deteriorando con el paso de los años. Por más que Brasil crezca, por más que aumente la recaudación impositiva, la ley prohíbe que el estado invierta en salud y educación. La Constitución lo prohíbe, le pone un techo, un límite.
Un juez del Supremo Tribunal le quiso bajar un jugador a Temer
Marco Aurelio Mello, integrante del Supremo Tribunal Federal (STF) y una de las nuevas estrellas del firmamento jurídico del Brasil, dictaminó el inmediato alejamiento de Renan Calheiros de la presidencia del Senado. La decisión, sin embargo, fue resistida por el Senado y Calheiros, finalmente y tras un escándalo de proporciones, permaneció en su cargo, aunque ya no ocupa el lugar en la línea sucesoria de la presidencia.
En septiembre, el partido de Silva pidió al STF que prohíba que alguien que acusado de corrupción pueda integrar la línea sucesoria de la Presidencia de la República. Como presidente del Senado, Calheiros era el segundo en esa línea, después de Rodrigo Maia, presidente de la Cámara de Diputados. En 2007, siendo presidente del Senado, Calheiros fue denunciado por corrupción. Se descubrió que entre 2004 y 2006, la pensión mensual que pagaba, por determinación judicial, a una hija tenida fuera de su matrimonio con una presentadora de la Red Globo, era abonada por una empresa constructora. En total, la cifra alcanzó los 750 mil dólares.
Fue la respuesta, inmediata, al pedido del partido Red Sustentabilidad, la agrupación encabezada por Marina Silva, la ecologista evangélica apoyada por los grandes banqueros privados de Brasil que disputó y perdió frente a Dilma Rousseff dos elecciones presidenciales. Pero además, la salida de Calheiros, definida por un juez y luego revertida por el tribunal, fue asimismo la respuesta a las enormes movilizaciones que tuvieron lugar el pasado fin de semana en varias ciudades de Brasil, todas ellas convocadas por agrupaciones anti-corrupción, muchas de ellas con una fuerte impronta anti-PT, pero también contrarias a la corrupción del gobierno de Temer.
Miles de brasileños salieron a las calles de las principales ciudades del país para repudiar la corrupción y defender investigaciones en marcha, principalmente las que comanda el juez federal Sergio Moro y el grupo de fiscales de la llamada Operación Lava Jato.
El detonante de esta nueva jornada de protestas fue un polémico proyecto de ley contra la corrupción, que aún debe de ser aprobado por el Senado, y las recientes detenciones de dos ex gobernadores del estado de Río de Janeiro. Los manifestantes pidieron el retiro del proyecto de ley y exhibieron consignas a favor de la independencia de las instituciones que combaten la corrupción.
Para 2018, la carta de triunfo se llama Lula
El hombre es Lula. Es el as bajo la manga del PT para volver en 2018. El titular de ese partido, Rui Falcão, aseguró que el ex presidente será el candidato presidencial para las elecciones generales de ese año porque “no hay plan B”.
“Quien piensa en un plan B, descarta el plan A”, señaló Falcão en una entrevista publicada por el diario Folha de San Pablo.
El dirigente explicó que la decisión responde no sólo a la voluntad del partido, sino también a la de todas las ciudadanas y todos los ciudadanos brasileños que ven a Lula como “un líder”.
Por otra parte, Falcão también se refirió a las muchas acusaciones que el Ministerio Público está impulsando contra Lula, en el intento de relacionarlo con la megacausa de corrupción Lava Jato, que investiga sobreprecios en contratos para la petrolera estatal Petrobras.
Un Senado rebelde que desafía las leyes para seguir ajustando
El Senado brasileño anunció el martes que no cumpliría con la medida cautelar del juez de la Corte, Marco Aurelio Mello, quien apartó del cargo de presidente de la cámara alta a Renan Calheiros, a raíz de un procesamiento por corrupción, lo que produjo una inédita situación de desobediencia del Congreso con relación al Supremo Tribunal Federal (STF). El cuerpo suspendió las sesiones y congeló el reemplazo del titular del cuerpo: un verdadero golpe dentro del golpe, todo en nombre de la “institucionalidad”, claro. En realidad, los retobados dijeron que sólo acatarán la medida cuando sea revisada y votada, cosa que finalmente ocurrió el miércoles, a favor de Calheiros.
El TSF, de mayoría oficialista, decidió mantener en el cargo al presidente del Senado en una decisión bochornosa, a la medida de las necesidades de Temer, que ahora podrá seguir adelante con sus ajustes. La decisión, tomada por seis votos a favor y tres en contra, revirtió la medida cautelar dictada por el juez Mello y ratificó en la jefatura del Senado a Calheiros, pero le impide asumir la presidencia de Brasil en caso de ausencia del mandatario.
El anuncio de la rebeldía que hizo el propio Calheiros puso a Brasil en una situación de grave crisis institucional con un enfrentamiento directo entre el Poder Legislativo y el Judicial. Además, la decisión del legislador de rebelarse a la orden judicial privó al senador Jorge Viana, del ahora opositor Partido de los Trabajadores (PT), de asumir el cargo el día martes, que era lo que correspondía, según la medida cautelar (o “liminar” según la terminología jurídica brasileña) dictada por el STF.
No es un dato menor. Calheiros, del Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB), correligionario y hombre de confianza de Temer, asegura la agenda legislativa del presidente ilegítimo, que incluye una serie de ajustes y medidas antipopulares. Viana, en cambio, pone en peligro el avance de la topadora neoliberal que representa la gestión golpista.
Además, la decisión del juez Mello se dio en medio de una disputa entre el Congreso y el Poder Judicial debido a un proyecto anti-corrupción que incluye sanciones para abusos de poder de fiscales y magistrados que filtren informaciones de expedientes a la prensa en forma irregular o actúen por pasiones político-partidarias.
Fuente: El Eslabón
