En 1983, cuando el trabajo ya menguaba, el doctor Julio Cesar Balonchard decidió dejar el país. Y, junto con su tierra, dejó a su familia. Una dura decisión, probablemente. Cruzó las fronteras y terminó instalándose en Barcelona, según cuentan. Atrás quedaban asuntos pendientes, de esos que alguna vez hay que resolver. Con los años comenzó a acercarse a su terruño natal. Dejó Europa en 2010 para ingresar, vía Panamá, a la acogedora ciudad de Medellín, en Colombia, donde cultivó amistades y contrató personal para que se haga cargo de sus menesteres, cuestiones mundanas. El 13 de marzo último las cuentas impagas del pasado regresaron por él: policías de Interpol Colombia lo detuvieron cuando abordaba a un taxi rumbo a una visita médica. Desde hacía cinco años una orden judicial de captura nacional e internacional –aderezada con una recompensa de 100 mil pesos– perturbaba la apacible estadía sudamericana del doctor. Que, ya es momento de revelarlo, nunca estudió ciencias médicas ni se llamó Julio César Balonchard, porque se trata del ex Personal Civil de Inteligencia del Destacamento 121 de Rosario Juan Carlos Francisco Bossi, un espía de la dictadura acusado por delitos de lesa humanidad contra 122 víctimas que logró mantenerse durante más de tres décadas al margen de la acción judicial.
Esta semana Bossi fue indagado en el hospital de la cárcel de Ezeiza, adonde arribó hace diez días extraditado desde Colombia. No respondió preguntas ante el juez federal Nº4 de Rosario, Marcelo Bailaque, quien le imputa su participación en el circuito represivo ilegal montado por el Destacamento de Inteligencia 121 durante la dictadura, que organizó y administró cinco centros clandestinos de detención en el sur de Santa Fe.
El espía dictatorial pidió más tiempo para hablar detenidamente con su abogado y dijo haber sido víctima del terrorismo de Estado, cuyo aparato integró, según contó a el eslabón el titular de la unidad fiscal de causas de lesa humanidad de Rosario, Adolfo Villate.
“Queremos confirmar a qué se refiere con eso”, dijo el fiscal, que tiene una pista sobre el asunto. En un trabajo conjunto entre quien entonces era subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia, Nadia Schujman, y la unidad a cargo de Villate, se realizó un relevamiento de las causas del archivo de la Cámara Federal de Rosario durante los años de la dictadura.
Allí dormía un expediente que despertó el interés de los investigadores: “En el 76 a Bossi lo detiene un grupo del Servicio de Informaciones (de la Policía de Rosario) y le secuestran panfletos de organización política”, explicó Villate.
Traducido al lenguaje de la época, Bossi llevaba consigo “material subversivo”. Cuya tenencia era penada, por entonces, por la ley 20.840, sancionada en octubre de 1974 para perseguir a las organizaciones políticas armadas.
¿Doble rol?
En la Fiscalía creen que, en realidad, los policías del SI que detuvieron a Bossi desconocían que el “el doctor” realizaba una probable tarea de inteligencia.
El legajo de quien luego asumiría la identidad falsa de Julio César Balonchard registra su ingreso como PCI del Destacamento 121 el 1º de octubre de 1977. Quien lo recomienda a la jefatura es el entonces teniente Daniel Amelong, militar del área inteligencia luego condenado en dos causas por delitos de lesa humanidad. Y quien puso un inmueble de su propiedad al servicio de la represión ilegal, para que fuera utilizado como centro clandestino de detenciones.
Se trata de La Intermedia, un chalet ubicado cerca de La Ribera que pertenecía a la familia Amelong e integró junto a La Calamita (Granadero Baigorria), la Quinta de Funes, la Escuela Magnasco y la Fábrica Militar Domingo Matheu el circuito de centros clandestinos bajo el mando operación del Destacamento de Inteligencia del Ejército.
Villate reveló que la defensa de Bossi en la causa por la ley antisubversiva ofreció como testigo de concepto, justamente, al “Teniente Daniel”. Es decir, a Amelong.
Además, señaló que una nota enviada por la Jefatura del Destacamento al juzgado federal para dejar “constancia que en la comunidad informativa que atañe a este Destacamento, el señor Juan Carlos F. Bossi no registra antecedentes desfavorables gozando de un excelente concepto en todo aspecto”.
Es decir que, en 1976, un año antes de incorporarse formalmente al Destacamento 121, su jefatura poseía un “excelente concepto” de quien en ese momento había sido detenido con “propaganda subversiva” y unos meses después se convertiría en espía civil de la dictadura.
“Todos esos elementos así reunidos y valorados llevan claramente a dilucidar que Juan Carlos Francisco Bossi prestaba servicios en el Destacamento de Inteligencia 121 o en los estamentos represivos diseñados desde el mismo Estado mucho antes de su ingreso formal, de otra forma no se explica que una persona supuestamente detenida y sometida a un proceso judicial por supuesta infracción a la ley 20.840 haya sido luego incorporada como Personal Civil de Inteligencia”, concluyó Villatte en su presentación ante el juzgado de Bailaque.
Sin embargo, el abogado de Bossi, Juan Manuel Dragani, le dijo al diario cordobés La Voz del Interior que su cliente fue víctima del terrorismo de Estado, que sufrió tormentos y por esa razón cobró una indemnización como víctima de la represión ilegal.
Otro dato importante se desprende del expediente contra Bossi por la ley antisubversiva. Según contó Villate a este semanario, quien firma el documento enviado al juzgado federal para dar cuenta del buen concepto que el Destacamento de Inteligencia 121 poseía del detenido es Jorge Roca, segundo jefe de la dependencia castrense. Su verdadero nombre: Pascual Oscar Guerrieri.
Dijo Villate: “Entre la prueba que se ofrece en favor de Bossi está como testigo Amelong. Pero no comparece a prestar testimonio y se lo excusa con una nota que es firmada por el segundo jefe del Destacamento que es Jorge Roca, un apodo que no habíamos podido acreditar con documentos: era el nombre de Guerrieri”.
Cargos
Uno de los ex compañeros de Bossi, el ya condenado ex agente de inteligencia Eduardo Costanzo, alias “Tucu”, lo sindicó en la causa Guerrieri I como “otra de las personas que cargaron los cuerpos” de los desaparecidos que eran arrojados al mar en los vuelos de la muerte.
El testimonio de Costanzo es una de las principales pruebas de cargo contra Bossi, cuya suerte procesal será resuelta por el juez Bailaque antes de fin de año. También existe prueba documental, como el mencionado legajo del Destacamento de Inteligencia al que “el doctor” ingresó en octubre de 1977, y cuyo alias como espía era Julio César Balonchard.
“Usaba chaquetilla de médico y drogaba a las víctimas, les hacía una ‘corbatita’, que consistía en una goma de sacar sangre, que le ponían en el cuello hasta que quedaban muertos”, testimonió Costanzo.
Y agregó en aquel juicio oral: “Bossi es también un integrante de los vuelos de la muerte”, en los que personas previamente asesinadas o solamente adormecidas mediante el uso de drogas eran arrojadas al mar con el fin de hacer desaparecer sus cuerpos.
En el juicio oral de la causa Guerrieri II, Costanzo agregó más información: “(Alberto Enrique) Pelliza junto a Juan Carlos Bossi, que está prófugo (…) eran quienes inyectaban a los presos para luego asesinarlos”.
Según el ex PCI, recordó la Fiscalía, “Bossi se ponía una chaquetilla blanca de médico para hacer el trabajo. En total conozco que inyectaron por primera vez veinte personas en La Calamita, la segunda vez quince, en La Calamita, la tercera vez diez, once o doce en La Calamita, y la última vez 27 en un chalet en la localidad de Monje”.
En la declaración indagatoria del martes pasado se lo acusó a Bossi de los delitos “contra todas las víctimas de los tres juicios Guerrieri y el cuarto que está en instrucción”, precisó Villate. “Se hacía llamar el doctor, en La Calamita se menciona la presencia de dos doctores, uno joven y otro adulto. Pero evidenciaban tener conocimientos de medicina, por lo que por ahora no podemos decir que haya sido Bossi”, añadió el fiscal.
La extradición
El espía impune fue detenido en marzo pasado en Medellín, como se dijo más arriba. Tiene 68 años y está enfermo. Colombia aceptó su extradición con la condición de que, en caso de arribar en Argentina a una sentencia condenatoria, no sea a prisión perpetua. El ordenamiento jurídico de ese país no contempla esa pena.
Los agentes de Interpol Colombia que lo detuvieron cuando tomaba un taxi informaron que había ingresado a ese país seis años antes en forma clandestino desde Panamá. Buscó y consiguió documentos presuntamente irregulares. Con esos papeles se instaló en un barrio lujoso y contrató a unas cinco personas que realizaban trámites en su nombre. Un medio colombiano informó que esas personas no se conocían entre sí, como un reflejo de la vieja actividad de inteligencia.
Según fuentes del caso, Bossi consintió el proceso de extradición sin poner obstáculos que demoraran el trámite. ¿Quería regresar a la Argentina? Por eso llegó hace diez días al hospital de la unidad penal de Ezeiza a disposición de la Justicia local, que le señala aquellos viejos asuntos pendientes que hace 36 años lo llevaron a emigrar voluntariamente con el fin de enterrar en las penumbras de la impunidad al doctor Julio César Balonchard.
Fuente: El Eslabón
