Según el fiscal Franco Picardi, los sobreseimientos de Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble, Bartolomé Mitre y Guillermo Gainza Paz son de “un gravamen irreparable”.
Según consigna un artículo del portal informativo politicajudicial.com, «el fiscal federal interpuso un recurso de apelación contra el sobreseimiento de Magnetto, Mitre, Raymundo Juan Pío Podestá, Herrera de Noble y Gainza Paz en la causa en la que se investiga el presunto desapoderamiento del paquete accionario controlante de la empresa Papel Prensa S.A. al Grupo Graiver, en noviembre de 1976. El representante del Ministerio Público Fiscal consideró que no sólo no corresponde la desvinculación de los imputados del proceso, sino que están en condiciones de ser convocados a prestar declaración indagatoria por los hechos investigados».
El resto de la nota expresa lo siguiente:
Picardi recordó en el escrito que “la imputación que pesa sobre Héctor Magnetto, gerente general del diario Clarín, y sobre Bartolomé Mitre, director del diario La Nación, es la de haber participado en el desapoderamiento extorsivo del paquete accionario controlante de la empresa Papel Prensa en supuesta calidad de adquirentes, mientras que Raymundo Pío Podestá, en su carácter de secretario de la junta de dictadores, lo hizo dentro del plan persecutorio contra la familia Graiver y allegados desarrollado por funcionarios del régimen de facto”. “Sus contribuciones -señaló- se realizaron con pleno conocimiento del riesgo de vida que corrían titulares del paquete accionario (familia Graiver) y representantes al haber sido señalados por la junta de dictadores como enemigos del país”. Asimismo, indicó que “la misma imputación pesa sobre Ernestina Herrera de Noble -quien otorgó un mandato al abogado Bernardo Sofovich sin el cual no habría podido instrumentar la operación extorsiva-, y Guillermo Gainza Paz -quien acercó a los coautores de la extorsión con sus víctimas-, aunque con diverso grado de intervención”.
En ese sentido, el fiscal federal sostuvo que el sobreseimiento dispuesto el 16 de diciembre por el Juzgado Federal N°10 a cargo de Julián Ercolini causa un “gravamen irreparable” que habilita al MPF a interponer el recurso. Al respecto, precisó que “dicha desvinculación resulta a todas luces improcedente” al contrastarse el material probatorio recabado, que para el fiscal federal demuestra el ‘motivo bastante para sospechar’ que los imputados “han cometido ese delito”. En particular, rechazó tres cuestiones que fueron tenidas como no probadas por el juez: la vinculación entre los adquirentes de PPSA y los acusados en los hechos previos de coacciones, intimidaciones y amenazas; la vinculación causal entre los delitos de lesa humanidad sufridos por los Graiver -ya juzgados y condenados- y el negocio de transferencia accionaria de Papel Prensa S.A.; y la evaluación de si la participación accionaria fue vendida a un precio vil o de desproporción alevosa a Clarín, La Nación y La Razón.
Hechos previos a la transferencia del 2 de noviembre de 1976
Sobre ese punto, el titular de la Fiscalía Federal N°5 indicó que el gobierno militar era la responsable de haber sumido al Grupo Graiver en un “descalabro financiero” -en palabras del juez interviniente- a través de la intervención en los bancos de su propiedad, como el Hurlingham y Comercial de La Plata, y no la muerte de David Graiver.“Tal situación había sido generada (…) en connivencia con los dueños de los diarios, pues, en definitiva, éstos también iban a beneficiarse con toda la maniobra delictiva pergeñada y luego llevada a cabo”. Ello fue declarado por el hermano de David, Isidoro Graiver, y su hombre de confianza en el grupo, Rafael Ianover.
Para el fiscal, Magnetto y Mitre junto a Patricio Peralta Ramos, Bernardo Sofovich y Manuel Benito Campos Carlés “fueron parte de las extorsiones”. “En efecto, los nombrados se pusieron en contacto a través de Guillermo Gainza Paz con Isidoro Graiver e hicieron la primera oferta de adquisición durante el mes de octubre de 1976, que fue considerada inadecuada por el grupo. Ante ese rechazo y su diferimiento hasta el 2 de noviembre de 1976, la intimidación se intensificó, debido a que el contador Rafael Ianover, hombre de suma confianza del grupo al que se había confiado la titularidad de parte de las acciones pertenecientes a David Graiver y, además, vicepresidente de Papel Prensa S.A., refirió que para entonces había comenzado a circular el rumor de que sería detenido”.
Los elementos que darían cuenta “de una sistemática intimidación directa” consistieron en que “los militares tenían la intención de ‘liquidar’ los bienes de una familia identificada como enemigo del país”, tal como los presentaban los periódicos en las publicaciones por el supuesto vínculo con la agrupación Montoneros; que forzaban a la familia a no vender la empresa a extranjeros y judíos; y que garantizarían la vida y la integridad física de los Graiver y allegados si vendían las acciones a los imputados representantes de los diarios, entre otros.
El vínculo entre los delitos de lesa humanidad y la venta de las acciones
Respecto a esta cuestión, Picardi indicó que se verifica “una conexión causal” entre la privación ilegítima de la libertad y torturas de las que fueron víctima los integrantes y allegados del grupo económico. Al respecto, puso de resalto que los aproximadamente cuatro meses transcurridos desde la operación en las oficinas de La Nación -el 2 de noviembre de 1976- no permiten sostener que haya una interrupción causal con la posterior detención ilegal, porque “inicialmente los diarios abonaron menos del 1% del valor estipulado, para luego depositar el 98% restante, justamente, el mismo día en que Videla ‘blanqueaba’, en conferencia de prensa, el secuestro del grupo Graiver”.
“Quienes habrían resultado damnificados por el accionar ilícito denunciado en la presente, no serían otros que aquellos integrantes del grupo Graiver obligados a desprenderse de las acciones de Papel Prensa SA en su poder o que hubieran resultado perjudicados —aun indirectamente— por la transferencia compulsiva, a saber: Isidoro Graiver, Lidia E. Papaleo, Rafael Ianover, Eva Gitnatch, Juan Graiver y María Sol Graiver (estos últimos tres en su calidad de sucesores legitimarios de David Graiver)”, detalló Picardi.
Sobre el precio de la venta y la configuración de la extorsión
Finalmente, en cuanto al monto en que fue vendida la participación accionaria, el representante del MPF reseñó que “de la lectura conjunta de la totalidad de las respuestas brindadas por los peritos contadores y licenciados en economía no puede concluirse que el precio abonado se ajustó a los valores de mercado. Ello, en virtud de que no hay un importe unívoco que surja de la labor realizada por los peritos que indique que el precio pactado coincidió con el valor de la empresa”. De todas formas, reiteró que aun cuando “el precio de venta-adquisición podría resultar adecuado a los valores de mercado de la época, o incluso mayor a lo esperado”, “si el negocio se llevó adelante como consecuencia de intimidación y/o amenazas, la extorsión se configura de todos modos”.
“Es que no podría obviarse que las conductas endilgadas se llevaron a cabo violentando el consentimiento de los denunciantes en el marco de un contexto de persecución por motivos políticos y religiosos respecto del grupo, y de gravísimas violaciones a los derechos humanos respecto de la sociedad en general. De ello, puede colegirse que cualquiera que fuese el resultado final del peritaje contable, el mecanismo extorsivo utilizado en las maniobras atribuidas a los imputados, no desaparecería”, añadió.
Fuentes: Ministerio Público Fiscal / politicajudicial.com
