La edad de la inocencia

Luego de que Macri admitiera que pretende bajar la edad de imputabilidad, de 16 a 14 años, desde Unicef señalaron que sería “dar un paso atrás” ya que no se respetarían los estándares internacionales, aunque admitieron que hay que “rediscutir el régimen penal de menores”.

La oficial nacional de Protección y Acceso a la Justicia de Unicef, María Angeles Misuraca admitió que hay una necesidad de rediscutir el régimen penal de menores, pero bajar la edad de imputabilidad sería dar “un paso atrás”.

Misuraca refirió así a la información publicada por varios medios de alcance nacional que daban cuenta de que, cuando vuelva de sus vacaciones, uno de los primeros decretos que firmará Mauricio Macri será para oficializar la convocatoria a una comisión especial que se encargará de analizar y confeccionar un anteproyecto para reformar el régimen penal juvenil. Algo que fue confirmado por el ministro de Justicia, Germán Garavano, quien –según Clarín– expresó: “Impulsamos la reforma del régimen penal juvenil porque la ley actual es de la época de la dictadura y debe ser modificada. En esa discusión se pondrá sobre la mesa el tema de la edad de imputabilidad pero, principalmente, el tratamiento de los jóvenes en conflicto con la ley penal”.

En la misma nota, aparecida este miércoles en el diario de Magnetto y Noble, se desliza que “la intención de la Casa Rosada es bajar de 16 a 14 años la edad de imputabilidad, con distintas escalas según el delito cometido: la pena de prisión sería sólo para los casos más graves, como homicidio, violación y delitos con armas”.

Una de las voces que se pronunciaron rápidamente en contra de las intenciones de Macri y sus asesores, llegó desde la oficina de Protección y Acceso a la Justicia del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) Argentina. María Ángeles Misuraca, oficial a cargo de esa dependencia, indicó que bajar la edad de imputabilidad sería dar “un paso atrás” en lo que refiere a protección de los derechos de los niños y jóvenes, y que “no se estarían respetando los estándares internacionales”.

“La normativa vigente es incompatible con los derechos de los niños. Se trata de una ley elaborada durante la dictadura, de corte tutorial, que es necesario modificar”, agregó Misuraca, y argumentó:

“Bajar la edad de imputabilidad de los menores es dar un paso atrás, retroceder. A Unicef le interesa que se trabaje en la ampliación de medidas alternativas a la privación de la libertad”.

Además consideró que cuando se establecen penas para jóvenes, se puede primar en los jueces la creatividad necesaria como para que dicten “buenos fallos”, que piensen soluciones acordes y no recurran sólo a la privación de la libertad. “Hay buenos jueces, creativos, y buenos fallos de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Interamericana de Justicia”, confió la funcionaria del organismo internacional, para quien “el eje de la justicia penal infantil debe ser la prevención y alejada de la ley penal”, respetando la Convención Internacional de los derechos del Niño.

La funcionaria del organismo internacional cuestionó la normativa vigente del criterio discrecional a la hora de decidir la detención y privación de la libertad de un menor cuando comete un delito, y lo relacionó con el estado de pobreza, abandono o falta de asistencia al niño o adolescente y remarcó que “la privación de la libertad debe ser la excepción”, que se deben fortalecer “las políticas públicas” porque “los derechos de estos jóvenes se han vulnerado previamente al no tener un sistema de protección presente con anterioridad a cometer el delito”.

Según un relevamiento realizado con Unicef en 2015, hay 82 menores de 16 años privados de su libertad (el 6,3 por ciento), entre 16 y 17 años hay otros 789 (60,5 por ciento), es decir un total de 871 sumando ambas edades. El resto son jóvenes que hoy tienen más de 18 años, pero que cometieron sus infracciones siendo menores. La suma total de jóvenes privados de libertad es 1305.