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Macri ya evaluó las cajas que quedan por vaciar, al estilo de Menem, pero con el ADN propio de la voracidad empresarial. Deuda, Aerolíneas, Banco Nación, tierras fiscales y la obra pública, son el botín. Para birlarlo necesita, al menos, cuatro años más en el gobierno.

El presidente Mauricio Macri y su jefe de Gabinete, entre otros miembros del staff gubernamental, se expresaron en torno de la necesidad de permanecer al menos cuatro años más luego de que finalice el mandato de Cambiemos en 2019.

No es que resulte sorpresivo, pero tal revelación explícita se inscribe en la tradición política, tan denostada por la pretendida extracción outsider de los cuadros macristas.

Desde fines de diciembre a la fecha, se produjeron cuatro cambios importantes en el elenco gubernamental. Dos en el gabinete propiamente dicho y dos en organismos públicos.

Antes de concluir 2016, Alfonso Prat Gay abandonó involuntariamente el despacho del Palacio de Hacienda y Finanzas, siendo dividido ese Ministerio en dos, Hacienda, que quedó comandado por Nicolás Dujovne, y Finanzas, que ahora conduce Luis Caputo.

Acto seguido, la titular de Aerolíneas Argentinas, Isela Costantini, fue reemplazada por Mario Dell Acqua, que hasta entonces encabezaba la estatal Intercargo.

El miércoles que pasó se produjeron dos nuevas dimisiones. La sorpresiva eyección de Carlos Melconián de la jefatura del Banco de la Nación Argentina, y la del secretario de Obras Públicas de la Nación Daniel Chaín, que dependía directamente del Ministerio del Interior. El primero fue reemplazado por Javier González Fraga, y para el segundo aún no está previsto su reemplazo.

El más simple de los casos es el de Obras Públicas. El funcionario cesanteado en un año no logró avances decisivos a la hora de sostener la tesis “se robaron todo” con que el macrismo quiere enlodar a todo el período kirchnerista. Y además, lo que se viene es una verdadera orgía de adjudicaciones a dedo de la obra pública con la que el gobierno nacional cree que podría ganar las elecciones de medio término, por lo que es preciso colocar allí a alguien con muñeca y estómago a prueba de pruritos morales y legales.

Cada cual atiende su juego

Los sucesores de Prat Gay, el mayor endeudador del Estado desde los tiempos de Domingo Cavallo al frente de Economía en los 90, tiene dos metas difíciles de cumplir, una de las cuales se puede permitir prescindir de la otra.

La primera misión es profundizar y diversificar la estructura de la deuda, el gran negocio del cual se extirpan jugosas comisiones y se sacia la angurria de la banca transnacional y local. Este objetivo es complementado desde el Banco Central por la bicicleta financiera que, hábil pero despiadadamente, ejecuta Federico Sturzenegger, a quien recién en julio pasado la Cámara Federal le confirmó el sobreseimiento en la causa en la que estaba procesado por su participación en el Megacanje cuando era funcionario del Ministerio de Economía durante la Alianza.

En manos de Dujovne queda la difícil faena de alcanzar el equilibrio fiscal, aunque esa labor tiene más de enunciado pour la gallerie que otra cosa. Si bien es cierto que es una de las condiciones ya explicitadas por el Fondo Monetario Internacional en reuniones secretas y no tanto con funcionarios macristas, la verdad es que la prioridad es contraer la máxima deuda posible, primero con el mercado, y finalmente a través de los organismos financieros internacionales, llámese FMI, Banco Mundial o Banco Interamericano de Desarrollo. Estos últimos son los que, para abrir la billetera, exigen prolijidad fiscal, lo que explica el discurso de Macri y sus secuaces.

La presencia de los máximos tahúres de Hacienda y Finanzas en el Foro Mundial de Davos tiene como única justificación tejer acuerdos en ambos sentidos descritos: más deuda, con la cual financiar el pavoroso déficit fiscal que genera el neoliberalismo del siglo XXI.

Para tener una idea de la velocidad con que se mueve Toto Caputo, sólo basta recordar que antes aún de jurar como ministro, batió el récord de emisión de deuda en dos días: luego de tomar fondos de la Ansés para paliar el déficit y contar con dinero líquido, tomó 450 millones de dólares con una Letra del Tesoro, los que deberán ser devueltos en marzo de 2017, dentro de unos 40 días.

Vuela, vuela

La partida de Costantini tiene una sola explicación. Macri quiere privatizar nuevamente  Aerolíneas Argentinas, y no es que la ex CEO de General Motors sea contraria a esas políticas, pero tanto el jefe de Gabinete como su patrón político evaluaron que la mujer no tiene la fibra necesaria para llevar adelante lo que será una verdadera carnicería, si es que los múltiples gremios de aeronavegantes reaccionan a la altura de los acontecimientos.

Para Macri y Marcos Peña, Isela fue desbordada por los paros y medidas de fuerza de los sindicatos del sector, y terminó resultando demasiado permeable al diálogo y el consenso para lo que un plan de desguace y enajenación puede permitirse.

La idea que ya no es secreto para alguien que no quiera mentirse a sí mismo es incrementar el déficit que tiene AA -del que adolecen todas las compañías aeronáuticas del mundo-, merced a la invasión de empresas que coparán las rutas internacionales y de cabotaje, hasta ahogar a la firma de bandera nacional.

La política de cielos abiertos, sumada a la de vuelos low cost, que pretende instaurar Cambiemos, anticipa una batalla para la cual buscaron a un soldado como Dell Acqua, quien asumió confesando algo inaudito: “No conozco nada del mercado de una compañía aérea».

Con ese talante se presentó el nuevo CEO ante unos cien gerentes de empresas vinculadas a la línea de bandera. El flamante funcionario, como se dijo, se había desempeñado como responsable de Intercargo, la empresa estatal que presta el servicio de transporte terrestre en los aeropuertos. Pero antes de eso, el tipo actuó como director de Proyectos de Techint. No es un estatista, aunque haya gestionado para un consorcio que, junto a Socma, de la familia Macri, está acostumbrado a vivir de la teta del Estado.

Qué tan pobre es el Banco Nación

Mucho se recordaron las inquietantes frases de González Fraga cuando se conoció que sería el sucesor de Melconián en el Banco Nación. El acompañante terapéutico financiero de Carlos Menem durante los 90 había expresado, por ejemplo: «Le hicieron creer a un empleado medio que su sueldo medio servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior. Eso fue una ilusión, eso no era normal».

Otro exabrupto del ex dueño de la fábrica de dulce de leche La Salamandra, a la que condujo a la quiebra –un curioso caso de eficiencia empresarial– fue el que protagonizó al preguntarse «qué tan pobres son los pobres», cuando se conocieron los índices de pobreza generada por el aluvión Macri.

Pero González Fraga también tiene antecedentes políticos. Además de haber ocupado el sillón de presidente del Banco Central durante los últimos meses del gobierno de Raúl Alfonsín –cargo que también ejerció con Menem en dos ocasiones–, el hombre acompañó a otro Alfonsín, Ricardo, como segundo en la fórmula presidencial que la UCR presentó en 2011, justo cuando Cristina Fernández de Kirchner obtuvo el 54 por ciento de los votos.

Haciéndose el chistoso, JGF le dijo a algunos periodistas cuál será su primera medida al frente del Banco Nación: «Voy a introducir un cambio muy importante, reemplazar las cuatro camisetas de Racing por cuatro de Independiente», en alusión a su condición de hincha del Rojo, y a la de su antecesor, simpatizante del otro club de Avellaneda.

Menos hilarante, expresó algo que cabrá dilucidar con el paso del tiempo: «Yo no soy un cirujano enamorado de un bisturí».

Lo concreto es que Macri no lo llamó para ensayar stand up en conferencias de prensa ni para que reedite sus ocurrencias gorilas, sino para que intente lo que ni el menemismo pudo lograr: pasar a la esfera privada al banco más antiguo de la Argentina.

Al 9 de enero de este año, el Banco Nación lidera el otorgamiento de créditos hipotecarios en el mercado local por unos 6.500 millones de pesos. Según datos correspondientes al 30 de junio de 2016 (los actuales aún están en proceso), el BNA contaba con depósitos por casi 358 mil millones de pesos, y había otorgado préstamos por 164.492 millones. Sus activos representaban unos 474 mil millones, y el patrimonio neto alcanzaba los 70.762 millones. Para ser un balance del primer semestre de gestión, se observan dos cosas: ningún resquicio de pesada herencia, y prolijidad administrativa de parte del ultramercadista Melconián.

¿Por qué reemplazarlo, entonces? Sin otros argumentos que las intenciones hasta ahora ocultas de saquear esa joya de la corona estatal, Marcos Peña, en encuentros reservados con algunos crápulas que exhiben chapa de periodistas, se aferra a un viejo artilugio neoliberal: el banco estaría sobredimensionado en varias áreas. Exceso de personal, cobertura territorial excesiva e ineficiencia tecnológica son los caballitos de batalla que el jefe de Gabinete, junto a Mario Quintana, coordinador del gabinete económico de Macri y ex capo del directorio de Farmacity -verdaderos promotores de la salida de Melconián-, aducen como los motivos del arribo de JGF al Banco Nación.

Sin embargo, los 18.057 empleados que se distribuyen en “629 sucursales, 60 anexos operativos, 4 agencias móviles, 14 puestos de promoción y 3 dependencias en empresas clientes y 1 oficina de atención transitoria, lo que hace un total de 711 bocas de atención distribuidas a lo largo y a lo ancho de la geografía argentina”, tal como reza el prospecto de la propia entidad bancaria, no parecen configurar una “sobredimensión” de personal, máxime teniendo en cuenta lo reseñado como perfomance crediticia y activos.

El BNA, además, cuenta con 13 sucursales en el exterior y tres oficinas de representación: Caracas (Venezuela), Pekín (China) y Porto Alegre (Brasil), a las que atiende con apenas 238 empleados.

Está claro que esos números descartan también el argumento de la excesiva cobertura territorial, que se parece más a una queja de la banca privada para sacarse de encima a un molesto competidor que a una saludable sugerencia de mejoramiento administrativo.

La ineficiencia tecnológica podría ser motivo de reformas, pero no de una privatización, sobre todo teniendo en cuenta los beneficios que produce a sus clientes la distribución de más de dos mil cajeros automáticos en todo el país.

Pasando en limpio, Macri y sus más fieles cómplices quieren vender a la banca extranjera el BNA, para lo cual acaban de sentar a un esbirro que se despachó con su contundencia habitual: “No sirve estimular el consumo porque genera más inflación, subida de capitales y estancamiento”. O sea.

La Pacha Mama fiscal

Otra de las suculentas cajas que el macrismo quiere saquear es la venta a precio vil pero con comisiones infartantes de las cuantiosas tierras fiscales que aún tiene la Argentina. Los episodios de El Bolsón, en Río Negro, y de Chubut, con Joe Lewis y Luciano Benetton como artífices de proyectos de expansión en lo que alguna vez fueron tierras públicas, son apenas la punta del iceberg que el macrismo tiene previsto concretar en los próximos años.

Como recuerda la historiadora y especialista en desarrollo rural Silvia Lilian Ferro, “en la Reforma Constitucional de 1994, en plena etapa neoliberal, y a pesar de la incorporación de una serie de nuevos derechos y reconocimientos de carácter social, se legitimó la quita de potestades nacionales sobre el patrimonio natural del país, cuando en el último párrafo del artículo 124 se instituye que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”.

Por esta razón el gobierno de Macri, que negocia en forma permanente con los gobernadores en un toma y daca clásico de recursos, ha incluído en la agenda en los últimos tiempos la cuestión de las tierras fiscales.

De ese modo, por ejemplo, anudó con los gobernadores Mario Das Neves, de Chubut; Alberto Weretilneck de Río Negro y Ricardo Colombi, de Corrientes, acuerdos cooperativos de apoyo logístico en seguridad, cuyo carácter eufemístico dejó paso a la más cruda acepción represiva cuando fuerza conjuntas provinciales y federales balearon y apalearon a vecinos mapuches que se oponen a la intrusión de Benetton en Chubut.

La diputada nacional del bloque Evita, Silvia Horne, respecto del caso de El Bolsón, señaló esta semana que termina que “el presidente Macri ha utilizado la primera conferencia de prensa del año para respaldar a su amigo Joe Lewis”.
Para explicar por qué lo hace, la legisladora ilustra a partir de un contexto que los grandes medios soslayan. “Esta semana, la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minería y Sucesiones de la Tercera Circunscripción de Río Negro emitió una medida de no innovar que impide la continuidad del loteo en las laderas de Pampa de Ludden. La propiedad de estas tierras sigue en litigio. Se ha demostrado fehacientemente que su adquisición adoleció de todas las violaciones posibles a la ley Nº 279 de tierras de Río Negro”. En buen criollo: se trata de tierras que podrían revertirse a favor del Estado. Por ello se vio a Macri desusadamente entusiasmado en adjudicar loas y alabanzas a su amigo británico.

Y nada parece detener la angurria macrista respecto de los beneficios de lotear tierras fiscales a favor de capitales foráneos. Ni siquiera la noticia publicada el lunes 11 de julio de 2016 en el diario Ámbito Financiero bajo el título “Rechazan decreto de Macri que facilita venta de tierras a extranjeros”.

El artículo daba cuenta de la decisión del intento de modificación de la ley que se sancionó en 2011, durante el gobierno de CFK. Esa norma, recordaba el periódico de negocios, “introdujo fuertes restricciones para la venta de campos a extranjeros. Estableció el 15 por ciento como límite a toda titularidad de dominio o posesión de tierras rurales en el territorio nacional, provincial y departamental o municipal”.

Otro de los impedimentos que Macri barrió por decreto es el que determinaba que los titulares extranjeros no podían adquirir más de mil hectáreas cada uno, o su equivalente en la zona núcleo, o sea el norte bonaerense, sudeste de Córdoba y sur de Santa Fe, en tanto, que “una misma nacionalidad no podía superar el 30 por ciento de la propiedad”.

Ámbito subraya que aquella ley fue en realidad “una respuesta al registrado avance de empresarios como Joe Lewis (dueño de 12 mil hectáreas en Lago Escondido, Río Negro), los herederos de Douglas Tompkins (dueños de cerca de 1.500 hectáreas en los Esteros del Iberá), Luciano Benetton (dueño de un millón de hectáreas en la Patagonia), o Ted Turner (propietario de unas 5.000 hectáreas en Neuquén y Tierra del Fuego)”.

En ese sentido, es justo recordar que en ese momento, la diputada nacional Silvia Frana, del FpV-PJ, de Santa Fe, reaccionó enérgicamente: «Pedimos que se respete la división de poderes, porque no se puede modificar una ley con un decreto del Presidente».

Actualmente, las tierras en manos de extranjeros, en Santa Fe, ascienden a más de 540 mil hectáreas, el 4,7 por ciento del total de la superficie rural total. En Corrientes, llegan al 13, 86 por ciento; en Chubut, al 4,27, y en Río Negro, para citar sólo las mencionadas, al 2,11. Para Mauricio, se trata de poca cosa, y allí hay mucho por hacer.

Los teólogos cristianos dicen que una las posibles traducciones de Belzebú, o el Demonio, es “El Gran Engañador”. Macri no será Belzebú, pero cuando dice cualquier cosa, es esperable que haga lo contrario. Y si alguien no puede decir la verdad porque si no, como reconoció alguna vez Menem, no lo votaba nadie, es porque nada bueno pueden esperar quienes lo escuchan. En su última intervención pública, el Presidente aseguró: “El desafío es crecer 20 años seguidos para terminar con los problemas de pobreza y exclusión que hay en nuestro país”.

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