Foto:Alejandro Santa Cruz/Telam/cf.
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Siguiendo la línea de reducción de subsidios destinados a los servicios públicos, un modelo de rebaja salarial indirecta para los trabajadores, el gobierno de Mauricio Macri dispuso el segundo tarifazo de luz a poco más de un año de gestión y en medio de una fuerte recesión económica. El incremento en la boleta de la energía eléctrica va enganchado a la suba en combustibles de enero, que repercutirá en el transporte, y a la del gas que llegará en abril. En Santa Fe, la provincia dispuso un aumento de la luz a comienzos de año y adelantó otro de casi 40 por ciento en el agua potable.

Los anuncios fueron concretados en plenas vacaciones de verano y con bastante anticipación a los comicios legislativos de octubre de este año, como para que lleguen algo borroneados al cuarto oscuro. El ministro de Energía nacional, Juan José Aranguren, reconoció que en noviembre, después de las elecciones, se vendrán nuevas subas en los servicios públicos.

En sus “metas de inflación” proyectadas para este año, Cambiemos estimó una suba de precios anualizada del 17 por ciento. A este ritmo, con el efecto que genera la suba del combustible y de los servicios públicos en los procesos de producción, sobre todo en el de los alimentos, esa meta quedará lejana y tensará más aún las próximas negociaciones paritarias, ya que la suba en la boleta de luz conlleva un rebote inflacionario. Las consultoras privadas hablan de una inflación superior al 25 por ciento para 2017.

Los incrementos tarifarios a partir de la quita de subsidios le pegan de lleno a los bolsillos de los trabajadores, jubilados, comerciantes, industriales, y empeora la situación social. En cambio, beneficia a las empresas del sector, que ven crecer sus ganancias a la velocidad de la luz. Macri reconoció que no era simpático informar sobre una nueva suba de impuestos, al tiempo que mimó a los empresarios energéticos presentes en el acto donde el presidente justificó los incrementos: “Esto es para ustedes”, les dijo. Las compañías energéticas, el complejo agroexportador y las mineras son puntales del modelo productivo que la alianza Cambiemos quiere para la Argentina.

Los aumentos en el servicio eléctrico que aplicarán las empresas Edenor y Edesur para usuarios porteños y bonaerenses, que va del 60 al 150 por ciento entre febrero y marzo, tendrán impacto a nivel nacional, ya que involucra tanto la distribución como la generación de electricidad.

Desde la Empresa Provincial de la Energía (EPE) ya habían resuelto un aumento tarifario desdoblado de alrededor del 35 por ciento repartido entre enero y marzo. La distribuidora santafesina trasladará al nuevo cuadro tarifario el porcentaje derivado de los anuncios de Aranguren (al cierre de esta edición se estimaba un 12% más), ya que la EPE pagará más cara la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista.

El anuncio realizado días atrás por el ex CEO de la petrolera Shell rebotará en el servicio eléctrico que presta la EPE. Entidades que defienden a usuarios y consumidores santafesinos rechazaron los aumentos, coincidieron en pedir a la empresa provincial que en todo caso los imponga de manera gradual y que detalle el destino de lo recaudado, como conocer un plan de obras o las mejoras que se harán en la prestación del servicio.

Los reiterados aumentos de impuestos impulsados por los gobiernos nacional y provincial generan un efecto negativo sobre el poder adquisitivo de la población y la producción industrial. “Esta política atenta contra el mercado interno y pone a las pequeñas y medianas empresas en una situación límite”, aseguró Juan José Sisca, titular de la Asociación de las Pequeñas y Medianas Empresas (Apyme) de Rosario. En declaraciones radiales, Sisca recordó que “ya había empresas en Rosario y en el país con serias dificultades para pagar las tarifas anteriores”.

Durante la campaña proselitista, la vicepresidenta Gabriela Michetti decía que no había que aumentar las tarifas para favorecer así a la gente más humilde. Aranguren llegó a decir que si ganaba Macri habría luz gratis para los hogares pobres. A la espera de las bondades del “segundo semestre”, Michetti trató de sintetizar con una metáfora las andanzas de su gobierno y dijo que al final del túnel se iba a ver una luz. No se sabe si la luz aparecerá en algún momento, lo seguro es que si llega la factura será mucho más cara.

Pobreza energética

Un informe del Observatorio de precios, pobreza y equidad elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (Cepa) y el Instituto de Economía Popular (IndEP) analiza el efecto de los incrementos tarifarios en los hogares de Rosario y plantea una mirada desde la “pobreza energética”.

“La pobreza energética es una dimensión específica de la pobreza en la cual los hogares presentan severas dificultades para hacer frente a los gastos energéticos”, se explicó en el documento divulgado a fines de octubre pasado.

Según los resultados expuestos en este informe, “el 30,5 por ciento de los habitantes de Rosario son pobres energéticos, situación que se agrava dramáticamente si los hogares no cuentan con acceso al gas, siendo un 57 por ciento los hogares que no tienen acceso al gas pero sí al agua, y un 73 por ciento los que no tienen acceso al gas ni al agua”.

En Santa Fe, como se sabe, la electricidad es provista por una empresa que es de propiedad del gobierno provincial. La EPE tiene jurisdicción para la distribución en toda la provincia de manera directa o indirecta. En las ciudades grandes provee el servicio de forma directa y en las ciudades pequeñas, pueblos y poblaciones rurales provee a cooperativas que realizan la distribución final. Con relación al abastecimiento de gas, lo realiza la empresa privada Litoral Gas, aunque lejos está de prestar el servicio en todo el territorio provincial.

“Santa Fe es una de las regiones del país que enfrenta los costos energéticos más elevados”, se resaltó en el informe. “A contra corriente de una década de precios de energía subsidiados en todo el país, en la provincia de Santa Fe los costos de la electricidad superaron ampliamente al promedio nacional. Los incrementos tarifarios no representan una novedad para los rosarinos, pero no por eso sus efectos dejan de ser nefastos para la economía y las condiciones de vida de los hogares locales. Durante el año 2016 se establecieron en Argentina dos incrementos tarifarios relativos a la energía eléctrica y el gas natural domiciliario. Estos incrementos a nivel nacional se sumaron a los provinciales, de un 27 por ciento para la tarifa de luz”, se remarcó.

“El incremento del costo de los alimentos básicos fruto de la devaluación del peso y quita de retenciones a los granos, aunados al denominado tarifazo, generaron un incremento importante en los niveles de pobreza e indigencia en todo el país. Numerosas familias están experimentando o experimentarán en el corto plazo grandes dificultades para hacer frente a los gastos de energía, situación que es conocida como pobreza energética”, se lee en el reporte publicado en la página web del Cepa.

“A pesar de ser una empresa provincial, de la cual es esperable que vele por los intereses del pueblo santafesino, el comportamiento de la misma no se diferencia demasiado del de cualquier empresa privada. Como muestra de esto, en la página oficial de la EPE se resaltan como un logro las caídas en el consumo eléctrico, desconociendo toda la evidencia internacional que relaciona el consumo energético con el desarrollo humano de las sociedades”, se planteó en el documento que abunda en datos estadísticos.

Fuente: El Eslabón

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