La Multisectorial contra el tarifazo realizó una reunión en el Centro de Unión de Almaceneros de Rosario, donde se analizaron acciones para frenar los nuevos incrementos en los servicios públicos.
En el encuentro se evaluaron varias medidas de carácter judicial y político. En primer lugar, interponer un amparo en la órbita de la Justicia para frenar los aumentos, de gas (federal) y luz y agua (provincial).
Además, la diputada Claudia Giaccone, presente en la reunión, señaló que la intención es “unir voluntades políticas para una gran movilización al Monumento a la Bandera para demostrar el descontento ante un nuevo asalto al bolsillo de la gente”.
En la pulseada contra los gobiernos provincial y nacional se suman representantes de todos los centros comerciales de la ciudad, pequeñas y medianas industrias, almacenes y autoservicios, carnicerías, bares y restaurantes y, distintas cámaras. “El pedido es concreto y es parar la mano ante nuevos aumentos que muchos ya no podrán afrontar”, señaló Giaccone, lo cual se traduce “en más recesión y pérdidas de puestos laborales”, sentenció.
Participaron de la reunión representantes almaceneros y de pymes, diputados nacionales, provinciales, concejales de Rosario, organizaciones sociales, y organismos de defensa del consumidor, entre otros.
Asimismo, se convocó a una nueva reunión para el Lunes próximo a las 14 en la sede del Centro de Unión Almaceneros, Rioja 1631, segundo piso.
Los aumentos son expropiatorios e inconstitucionales
“En estos dos meses de 2017 los argentinos, y los santafesinos es particular, nos encontramos con aumentos de impuestos, servicios y consumos básicos que impactan sustancialmente sobre los ingresos salariales y de las PyMEs”, subrayó Giaccone.
“Los combustibles un 8%, la tarifa de la EPE de un 35% -que será mayor luego del aumento que anunció el ministro (Juan José) Aranguren-; Aguas Santafesinas, un 39% -y se suma al 48% de 2016-, el gas por redes que subirá y mucho en abril, la telefonía celular sumará un 12%, el impuesto inmobiliario tanto urbano como rural se incrementa 30% -a lo que nos opusimos pero igualmente fue aprobado-; y los peajes, la medicina prepaga”, agregó.
“Ninguno de estos aumentos se ajusta a las recomendaciones de la Corte Suprema de ser razonables y progresivos, entre otras cuestiones. Por lo contrario, son abusivos”, manifestó.
“Un trabajador se encuentra hoy con que debe destinar el 40% o más de su sueldo en pagar impuestos y servicios. Esto es algo expropiatorio que debe considerarse inconstitucional. Pero además todo se traduce en reducción del consumo del millones de personas, que finalmente atenta contra las PyMEs, la industria nacional y otras formas de producción, lo cual sumado a la importación indiscriminada está llevando a despidos, pérdidas de empleos y desesperación”.
La legisladora continuó expresando que observa con preocupación que se considere al valor de los servicios como un “precio” de la economía, en donde el Estado no debe participar. “Esto, que es el pensamiento político del macrismo, se repite en la provincia de Santa Fe; y suena extraño en un gobierno como el socialista, que debería tener una mirada progresista sobre el tema, así como también sorprende que estas medidas regresivas tengan un fuerte acompañamiento de un partido popular como es el radicalismo, abandonando sus banderas”, continuó.
“Lamento que el gobernador (Miguel) Lifschitz acepte estas subas en empresas provinciales, decidiendo una ausencia del Estado en su papel equilibrador del impacto sobre los sectores sociales más desprotegidos. No se puede tomar la decisión política de que nada debe ser aportado por el presupuesto provincial. La excusa es la crisis energética, lo cual es falso porque las tarifas aumentan pero nada se invierte en producción de energía. Se trata de un plan sistemático, decidido, e inminente de que ni un peso del Estado vaya a llevar alivio a los que menos tienen”, expresó Giaccone.
“Hemos levantado nuestra voz en contra de esto, llevamos proyectos a las Cámaras, personalmente fui parte de una presentación judicial para lograr un amparo junto a la Multisectorial, pero creo que debemos pensar en que las elecciones nacionales que tendremos en octubre serán cruciales, debemos considerarlas la herramienta para poner un freno a estas políticas. Estamos yendo hacia una situación social de desestabilización, con los gremios en pie de guerra corriendo desde atrás para que las paritarias logren recomponer las pérdidas de la capacidad adquisitiva, pero muchas veces esos pedidos salariales justos y necesarios son imposibles de pagar por innumerables comercios o industrias pequeñas y medianas, generando un gran descalabro. Se pretende una Argentina donde el 20% viva bien, y el resto se las arregle como pueda”, concluyó.
