“No son lo mismo pero se parecen cada vez más”, plantea una de las históricas voces que desde hace décadas acompaña a la ronda de las Madres de plaza de 25 Mayo, en referencia a los Ejecutivos provincial y nacional. En medio de las actividades de apoyo a las causas contra represores de la última dictadura cívico militar y la preparación de la marcha del 24 de marzo, los organismos de derechos humanos locales –junto a otros grupos que integran el espacio Juicio y Castigo– debatieron el pasado martes durante varias horas, en el Centro Cultural La Toma, sobre una preocupación que comparten tanto las organizaciones de Rosario como las de la capital provincial: “el vaciamiento de la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe”. Tras haber solicitado una reunión en octubre pasado con las autoridades provinciales para discutir sobre “la caída de actividades clave y el incumplimiento de promesas hechas por el ministro de Justicia Ricardo Silverstein”, las entidades fueron informadas que serán recibidas la semana próxima, justo cuando afinaban un borrador para hacer pública la situación y el “destrato” al que estaban siendo sometidos por los funcionarios.
Primer encuentro
La actual preocupación que manifiestan los organismos de derechos humanos tiene una breve historia. Tanto las organizaciones de Santa Fe –agrupadas en el Foro contra la impunidad por la Justicia–, como las de Rosario –reunidas en el Espacio Juicio y Castigo–, comenzaron el año pasado a llevar sus planteos a las autoridades provinciales. Además de estar conformados por grupos como Madres, Abuelas, Familiares de desaparecidos, Ex presos políticos, APDH, MEDH e Hijos, el Foro y el Espacio son integrados por un sinnúmero de agrupaciones sindicales, sociales y políticas.
En febrero de 2016, a pedido de las mencionadas multisectoriales, los organismos fueron recibidos por los ministros Pablo Farías, de Gobierno y Reforma, y Ricardo Silverstein, de Justicia y Derechos Humanos. En ese encuentro las organizaciones manifestaron la preocupación de lo que estaba ocurriendo desde el inicio de la gestión del presidente Mauricio Macri en materia de derechos humanos en general y con respecto a las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia en particular. También se planteó el temor de que la provincia siga esa tendencia.
Los detalles del encuentro se conocieron luego, a través de los medios de comunicación.
“Los organismos de derechos humanos locales se reunieron con funcionarios provinciales, quienes se comprometieron a «dar continuidad a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia»”, informaba Redacción Rosario el 4 de febrero de 2016.
La noticia señalaba que una delegación de organismos de derechos humanos de Rosario, entre los que estuvieron presentes Madres, Abuelas, Familiares, Apdh, Hijos y ex presos políticos, se había reunido con el ministro de Gobierno de Santa Fe, Pablo Farías y su par de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silberstein.
“En el encuentro, las autoridades aseguraron dar continuidad a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y se comprometieron a dejar abierto un canal de diálogo para trabajar sobre la agenda propuesta por los organismos”, informaban las organizaciones esos días.
“Los organismos manifestaron su preocupación por lo que está sucediendo con el vaciamiento de las políticas públicas a nivel nacional, como en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, o la persecución ideológica y criminalización de la militancia, como ocurre en el caso de la detención de Milagro Sala”, continuaba el artículo. Y concluía: “Referentes de los organismos coincidieron en calificar la reunión como «cordial»”. “Se pudo plantear una agenda de temas importantes, porque vamos a poder seguir abordando esas problemáticas y por los compromisos de tomar nuestras sugerencias”, decían y culminaban: «Ahora hay que ver cómo cumplen con esos compromisos que asumieron ambos ministros»”.
Participantes de ese encuentro remarcaron luego una frase que les dijo Silverstein para diferenciarse del gobierno nacional: “Para nosotros los derechos humanos no son un curro”, había dicho el funcionario.
En aquella reunión de 2016, los organismos entregaron un documento a las autoridades, en el que detallaban sus principales señalamientos. “Vemos sumamente alarmados –señalaba aquel texto– el vaciamiento que, en el orden nacional, se está llevando adelante en materia de políticas de derechos humanos, que no ocurre sólo en áreas vinculadas con el reclamo histórico de Memoria, Verdad y Justicia, sino en otras que también han formado parte de las demandas de todas las organizaciones de DDHH, como las que refieren a la lucha contra la violencia institucional, contra la criminalización de la protesta, los derechos de las personas privadas de la libertad en penales y comisarías, los derechos de género y los pueblos originarios, por hacer una sintética mención de alguno de ellos”.
El documento de los organismos también denunciaba “los despidos masivos, que resienten, cuando no dan por cerradas áreas y programas enteros, enmarcados en una persecución política ideológica contra el personal expulsado”.
Que se venga la segunda
En octubre del año pasado, tal cual se había acordado en febrero, las organizaciones de derechos humanos reiteraron la solicitud para una segunda reunión con las autoridades con “la intención de manifestar inquietudes vinculadas a diversas problemáticas de derechos humanos en general, y de lucha por Memoria, Verdad y Justicia en particular, y de retomar las cuestiones habladas en el encuentro pasado”, según expresa el texto de la nota presentada.
Cuatro meses después y sin haber recibido respuesta al pedido ingresado por mesa de entrada de los dos Ministerios, con fecha 25 de octubre, las organizaciones comenzaron a puntear un borrador de carta abierta para mandar a los medios, para plantear allí lo que no les podían decir en una mesa de diálogo, ya que no estaban siendo convocados. Pero justo tres días antes a que se haga pública la nota, llegó el llamado anunciando un encuentro para la semana próxima.
Las preocupaciones
En dos reuniones que ya se realizaron del Espacio Juicio y Castigo en lo que va de 2017, el amplio abanico de espacios y organizaciones que participan de esa multisectorial coincidieron en describir que el escenario se ha agravado tanto en materia de derechos humanos como en lo político, económico, social y laboral.
En el plano provincial, las organizaciones resolvieron transformar el borrador de lo que iba a ser una carta pública en un “punteo de temas” para llevar a la mesa de discusión con las autoridades de la provincia.
“Los organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, gremiales y políticas de Rosario que integramos el espacio Juicio y Castigo, queremos manifestar nuestra profunda preocupación por el vaciamiento de la Secretaría de Derechos Humanos y el deterioro de importantes políticas públicas que de ella dependen; situación que se confirma por lo que nos informan los propios empleados del área”, señala el texto que presentarán en la próxima reunión.
Entre los principales señalamientos que llevarán los organismos se mencionan “vaciamiento del área de Memoria” y el “achicamiento del programa de protección de testigos”.
En ambas direcciones, no se han renovado cargos de gente que no pasó el filtro del cambio de gestión (de Bonfatti a Lifschitz), o se jubiló durante el último año.
Otros de los temas que pretenden discutir, y se encuentran en el texto que acompañarán, son el “incumplimiento de la propuesta del ministro Silverstein de que la Secretaría sea querellante en los juicios de lesa humanidad”, y el “incumplimiento en la conformación de la comisión directiva del ex Servicio de Informaciones a más de un año de su apertura al público y el incumplimiento de la propuesta del Ministerio de trabajar los casos de violencia institucional”.
También plantean las organizaciones la “preocupación por la falta de mensajes claros de parte del ministerio y el propio gobierno provincial sobre el ataque permanente a las banderas de Memoria, Verdad y Justicia que realizan funcionarios del gobierno nacional”. Y en el mismo sentido se refieren a “la falta de pronunciamiento sobre la detención arbitraria de Milagro Sala, en línea con las expresiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las diferentes expresiones de distintos voceros la Organizaciones de la Naciones Unidas (ONU)”.
En la lista de temas previstos a charlar, las organizaciones se proponen manifestar su malestar “por el aval y acompañamiento a propuestas legislativas de mano dura, como las denominadas Leyes Enrico” y “la suspensión del Defensor General de la Provincia, Gabriel Ganón, quien representaba una de las únicas instituciones públicas que significaba un freno a la creciente violencia institucional”.
Las voces de los distintos referentes de las organizaciones de derechos humanos locales son coincidentes, y si bien consideran que el gobierno nacional y el provincial «no son lo mismo» –ya que según plantean “con las autoridades de Santa Fe, aunque con dificultad, podemos abrir una mesa de diálogo”–, también se manifiestan “preocupados de que la provincia, en materia de derechos humanos, se sumerja en la ola macrista”.
Fuente: El Eslabón
