El presidente Mauricio Macri pretende que el Gobierno reclame a la Justicia que «vuelva a foja cero» el acuerdo entre el Estado y Correo Argentino SA residual, que integraba el Grupo Socma, perteneciente a su familia. Marcha atrás con la rebaja en el índice de aumento de las jubilaciones.
«Si me equivoco doy una paso atrás y me corrijo», expresó Macri durante una rueda de prensa en la Casa Rosada, en relación con el acuerdo con la empresa Correo Argentino SA residual y las modificaciones en el cálculo de las jubilaciones, impulsadas por una resolución de la Anses y por la cual los jubilados y pensionados iban a percibir aumentos menores a los que fija la ley.
En primer lugar, Macri, imputado días atrás por el fiscal federal Juan Pedro Zoni por el acuerdo entre el Estado y el Correo, aseguró que alrededor del tema se hablaron y se dijeron muchas cosas en los últimos días, muchas que no son verdad y con mala intención» en «un año electoral».
«Tengo que reconocer que faltó algo de mi parte», reconoció el mandatario, y luego habló de «otros estándares de transparencia» fijados por su administración, al recordar que decidió crear el año pasado, al inicio de su gestión, un fideicomiso ciego para que administrara su patrimonio y «nadie tenga dudas».
«No pensamos un mecanismo para controversias judiciales como esta que existe entre el Correo y el Estado, donde el concesionario del correo era mi padre (Franco Macri)», admitió.
Macri padre accedió a esa concesión a través del la empresa Correo Argentino S.A., que es la que presentó quiebra en 2001 e integraba hasta ese momento el Grupo Socma (acrónimo de Sociedades Macri), que ahora tiene en su línea de conducción a los hermanos, sobrinos y tres hijos del Presidente.
Macri señaló que sus ministros «asumieron desde el primer día» trabajar con «honestidad» que significa «que la ley es igual para todos y que no hay privilegiados» y que Oscar Aguad, titular de Comunicaciones, actuó «conforme a la ley» y «técnicamente lo ha hecho bien, como lo han dicho otros expertos» consultados por el Gobierno.
«Pero no alcanzó, porque no previmos un mecanismo de difusión y discusión de lo que se estaba haciendo», reflexionó, y aseveró que ya le ha ordenado a Aguad que el acuerdo entre las partes «vuelva a foja cero» y «volvamos a la Cámara Comercial para decirles que empecemos de cero».
En ese sentido, ponderó, que aún «no hay ningún hecho consolidado, porque no se condonó, ni se pagó, ni se cobró» y precisó que ahora el Gobierno pretende «un acuerdo integral de todo este problema que heredamos de 14 años sin solución».
«Que ustedes dispongan, señores jueces, de los expertos locales e internacionales que necesiten y nos traigan una propuesta para terminar con este tema porque hay que resolverlo, porque no resolverlo perjudica al Estado, y mi tarea es cuidar el Estado», señaló.
Tras confirmar que se dará marcha atrás con el acuerdo, dijo que ahora la «solución» está en lo que proponga la Justicia, «intentando lo más lejos posible de cualquier decisión que involucre a temas que tienen que ver con el pasado empresario de mi padre».
Confirmó que el Congreso de la Nación aceptó auditar la propuesta que derive la Justicia y que además le pedirá a la Auditoría General de la Nación (AGN) que sea auditor de la misma, y le dé su «visto bueno y conforme» para que «nosotros la podamos implementar».
Además anunció que le ha pedido a «un equipo de gente, incluyendo a la Oficina Anticorrupción» que, a partir de este caso, eleve los estándares de transparencia y elabore nuevos mecanismos y sistemas para evitar «en el futuro conflictos similares a este» para que «quede claro cómo se van a resolver».
El martes, Macri fue imputado penalmente por el fiscal Juan Pedro Zoni por el acuerdo por la deuda del Correo Argentino, al igual que el ministro Aguad y Juan Carlos Mocoroa, secretario de Asuntos Jurídicos de esa cartera.
Antes, Gabriela Boquín, fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, había rechazado el acuerdo entre las partes y lo calificó de «abusivo» al favorecer a la ex concesionaria con una quita de 70 mil millones de pesos a 2033.
El acuerdo original establecía el pago de la empresa concursada al Estado de 296 millones de pesos, que el ministro de comunicaciones, Oscar Aguad, aclaró que serán «600 millones (…) porque el Estado cobra en quince cuotas el 100% del capital con un interés del siete por ciento».
«No hay ninguna quita. Yo no puedo recuperar los 3.000 millones que se perdieron por el transcurso de casi 15 años», remarcó Aguad, quien agregó que como el concurso preventivo estaba «congelado», se perjudicaron también otros 600 acreedores.
Orden de anular la resolución sobre jubilaciones
Macri anunció, además, que dio la orden de anular la resolución por la cual se cambiaba el método de cálculo del aumento de los haberes a los jubilados, al brindar una rueda de prensa en Casa de Gobierno.
En ese sentido, el Presidente admitió «errores» por parte del Poder Ejecutivo y agregó que «lo importante es no persistir».
«Todavía la resolución no fue publicada en el Boletín Oficial, ya lo verán mañana, pero se liquidará como siempre» dijo y agregó: «el equipo técnico dijo que se está aplicando mal la ley, se trata de un tecnicismo matemático».
El haber cambiado la fórmula por la cual se determinan los incrementos de las jubilaciones y pensiones dos veces al año reduciendo el porcentaje generó críticas desde sectores de la oposición e incluso de aliados al macrismo.
Antes del anuncio, el titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, dijo a Télam: «El presidente Mauricio Macri se comprometió a revisar la modificación» en el cálculo de los ajustes previsionales y que paralelamente se buscarán consensos entre todas las fuerzas políticas sobre la fórmula más conveniente a aplicar, aunque atribuyó la reacción opositora a «una mezcla de chicanas y mala información».
«La reunión fue positiva, nos comprometimos a revisar la medida y luego informar la decisión final», dijo sobre el encuentro que mantuvo esta mañana con algunos diputados que fueron hasta la sede de Anses a reclamar por los cambios propuestos por el Gobierno. «Estoy comprometido a explicar la resolución las veces que sea necesario», sostuvo el funcionario.
Consultado sobre las repercusiones políticas del cambio en el cálculo del ajuste previsional, que ayer fue duramente criticado en el Congreso, Basavilbaso lo atribuyó a «una mezcla de chicanas y mala información», al tiempo que explicó que el nuevo cálculo reduciría las jubilaciones mínimas en 17 pesos.
«Me remito a lo que dijo el jefe de Gabinete, creo que hay un problema de información, una mezcla de chicanas y mala información que se aprovecha para hacer política, porque dijeron que los jubilados iban a cobrar 300 pesos menos y la realidad es que no es tal», señaló.
Más temprano, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, había dicho: «Estamos viendo un debate político de chicanas y mentiras».
Además, el titular de la Anses explicó que las modificaciones iban a ser de «17 pesos para la jubilación mínima, de 23,75 pesos para el haber medio y de 128 pesos para el haber máximo», es decir para un jubilado que gana 46.721 pesos.
Basavilbaso señaló que la controversia surge a partir de la resolución 6 del año 2009, emitida por la secretaría de Seguridad Social, responsable de establecer cómo se computa el ajuste jubilatorio.
«Esa resolución no modificó la ley 24.241 ni la fórmula de movilidad social, pero establece cómo se calcula», aclaró.
El ajuste jubilatorio tiene en cuenta las modificaciones de salarios y de recursos que recibe Anses. «Ese número de recursos tributarios es anual, y la resolución establece que para la fórmula se divide el número anual por dos, y esos ajustes se aplican en marzo y septiembre», explicó Basavilbaso.
Por una cuestión matemática, «esa fórmula era inexacta, y la modificación simplifica ese cálculo», aseveró.
Agregó que, más allá de las polémicas, este año «se fortaleció el sistema previsional, porque Anses recibía el 39% de todos el presupuesto nacional y este año es el 43%, estamos ampliando la ayuda social en la incidencia total del presupuesto».
También señaló que «hasta el año pasado 220.000 jubilados pagaban ganancias, a partir del mes que viene ese número se va a reducir a 60.000».
El anuncio del gobierno nacional no había conformado a los dirigentes de la oposición parlamentaria -e incluso a algunos del oficialismo- que reiteraron sus cuestionamientos a la medida.
Desde el Congreso, el jefe del bloque de diputados del PRO, Nicolás Massot, consideró que es falaz sostener que «el gobierno de la reparación histórica no tiene compromiso con los jubilados» y ratificó que, según lo acordado con el presidente Macri y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, hoy y mañana serán días para la «explicación y aclaración» de la medida.
A su vez, el diputado nacional Pablo Tonelli (Cambiemos) calificó de «inoportuna» y «poco presentable» la decisión del Ejecutivo y cuestionó la falta de discusión previa sobre el tema, aunque admitió que “en términos técnicos -desde el punto de vista contable- es correcta”.
El anuncio y las explicaciones oficiales no conformaron a legisladores del Frente Renovador y de Libres del Sur, que encabezados por Mirta Tundis y Victoria Donda, concurrieron a la oficina central de la Anses, en Córdoba 720, a reclamar que se dé marcha atrás con la resolución y fueron recibidos en el lugar por el titular de ese organismo, Emilio Basavilbaso.
En declaraciones a radio Mitre, el diputado nacional del Frente Renovador, Sergio Massa, calificó de «gravísima» la decisión del presidente Macri de modificar el cálculo de ajuste a los jubilados.
Por su parte, el Bloque Peronismo para la Victoria que representa al Movimiento Evita en la Cámara de Diputados, pidió que el titular de Anses concurra al Parlamento a explicar la Resolución que emitió el organismo, a través de un pedido de interpelación a Basavilbaso.
