Tras haber trascendido su “preocupación por el vaciamiento de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia”, las organizaciones que integran el espacio Juicio y Castigo Rosario, encabezadas por Madres y Abuelas, Familiares, APDH, MEDH, ex presos políticos e Hijos Rosario, fueron finalmente recibidas el miércoles pasado por el ministro de Justicia de Santa Fe, Ricardo Silberstein. En la reunión, que había sido solicitada en octubre de 2016, el funcionario admitió “problemas presupuestarios” y el “achicamiento” de programas y se comprometió a conformar una mesa de trabajo. Según explicaron los asistentes a la reunión, se “pudieron plantear todos los cuestionamientos y preocupaciones de los organismos de derechos humanos y quedamos en trabajar sobre un agenda de temas”.
Tal cual adelantó este medio la semana pasada, los organismos de derechos humanos llevaron un documento cuyo borrador se repasó en la edición pasada de El Eslabón. Los cuestionamientos fueron coincidentes con los presentados por el Foro contra la Impunidad y la Justicia de la ciudad de Santa Fe, que también fue recibido por autoridades de la provincia el lunes pasado.
En el texto, firmado por los integrantes del espacio Juicio y Castigo Rosario se deja constancia de la “profunda preocupación por el vaciamiento de la Secretaría de Derechos Humanos y el deterioro de importantes líneas de trabajo que de ella dependen” y se subraya que “este panorama se inserta en un todavía más complicado contexto nacional en el que asistimos a una desarticulación de la políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia”.
“Continúa el vaciamiento del área de Memoria: No se ha designado director/a. Entre otros ejemplos, la inacción se manifiesta en que no se ha vuelto a señalizar un sólo sitio de memoria durante esta gestión”, denunciaron en su documento los organismos. Y ampliaron: “No se avanzó en la expropiación de la Quinta de Funes. No se avanza sobre el proyecto en La Calamita. La falta de proyección sobre los sitios de memoria incluye el Batallón 121, dónde hay una gran obra de la provincia pero no hay nada planificado para ese lugar. En todos los casos, queremos que se constituya un ámbito con los organismos de derechos humanos, como debería haber ya sido formado en el caso del ex Servicio de Informaciones”.
En medio de la reunión de este miércoles pasado, el ministro Silberstein les anunció a los allí presentes que acababan de alcanzar un acuerdo con los propietarios del predio de La Calamita, bajo la figura de una donación.
Entre otros de los puntos de preocupación planteadas por los organismos de derechos humanos, se destacó el “achicamiento” del Programa de Protección de Testigos de Lesa Humanidad. “De haber tenido Director, subdirector y dos coordinadores, pasó a un solo director que además se ocupa de otra importante problemática, lo cual disminuye su capacidad de abordaje al trabajo. Esto se manifiesta, por ejemplo, en la cada vez más invisible presencia de personal de la unidad en los juicios y en tareas de protección a las víctimas del genocidio”, señalaron.
El documento observó además el “incumplimiento de la propuesta del ministro Silverstein de que la Secretaría sea querellante en los juicios de lesa humanidad”, y de la propuesta del Ministerio de trabajar los casos de violencia institucional”.
También se dejó constancia de la preocupación por la “falta de mensajes claros por parte del ministerio y el propio gobierno provincial sobre el ataque permanente a las banderas de Memoria, Verdad y Justicia que realizan funcionarios del gobierno nacional y por la falta de pronunciamiento sobre la detención arbitraria de Milagro Sala, en línea con las expresiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las diferentes expresiones de la ONU. Además, se quejaron por “la falta de pronunciamiento sobre la candidatura de Carlos Horacio De Casas, nominado por el gobierno nacional ante la Organización de Estados Americanos (OEA) para integrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien, entre otras cosas, fuera abogado defensor de un militar acusado por delitos de lesa humanidad en la última dictadura”.
El documento expresó su “preocupación por el aval y acompañamiento a propuestas legislativas de mano dura, como las denominadas Leyes Enrico”. Y agregó: “En ese punto, vemos que se enmarca la suspensión del Defensor General de la Provincia, Gabriel Ganón, quien representaba una de las únicas instituciones públicas que significaba un freno a la creciente violencia institucional”.
Se incluyó a la vez una apartado que según se refirió fue elaborado en base un punteo que les acercaron trabajadores de la sede rosarina de la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe, y en el que se indicó que “existe un vaciamiento cotidiano de la Secretaría” por “falta de decisión política, de presupuesto y gestión”.
“Nunca se reglamentó la ley de memoria. Se jubilaron tres trabajadoras y no hay ninguna gestión para ocupar esos lugares. No se designó un director/a de Memoria. No existe movilidad para los trabajadores para poder ir por ejemplo a jefatura a relevar archivos. Los recorridos del ex Servicio de Informaciones (SI) los hace una sola persona (que este año inicia los trámites de jubilación), cuando siempre lo habían hecho tres. No se continuó con el trabajo en la colección de libros de memoria que se comenzó la gestión pasada”, precisaron entre otros planteos.
“El archivo de la memoria sigue sin estar instalado –continuó el documento–, estando todo el material aun embalado en la ciudad de Santa Fe, sin estar preservado en condiciones adecuadas”. En este tema agregaron que no se digitalizó el archivo cosa que ya se anunció en múltiples oportunidades.
“No se trabaja la problemática de género. No se emiten más dictámenes sobre distintas problemáticas que antes se efectuaban como un modo de incidir y hacer públicas las posiciones de la secretaría respecto a algunos temas como género, diversidad, niñez, discriminación. No se avanzó en trabajar violencia institucional, ni hubo posicionamientos claros al respecto”, se cuestionó.
“El ministro (Silberstein) escuchó nuestros planteos, ya que le leímos todos los puntos del documento que llevamos, y aceptó que se cree una mesa de trabajo, que comenzará a funcionar la primera quincena de marzo, para ir abordando las diferentes puntos que llevamos en un documento elaborado por todas las organizaciones”, confió uno de los asistentes al encuentro de este miércoles. Y luego remarcó: “Ahora, vamos a ver si se van resolviendo las cuestiones concretas que señalamos o si queda todo en una amable aunque por momentos tensa charla”.
