Foto: Andrés Macera.
Foto: Andrés Macera.

El gobierno de Macri profundiza su plan de flexibilización laboral y endurece su postura frente a las negociaciones paritarias. El sindicalismo se divide entre resistir despidos y dar la pelea salarial.

En el segundo año que empezó a transitar el gobierno de la alianza Cambiemos se evidencia con mayor claridad un plan económico liberal, apuntalado en la flexibilización laboral, la desindustrialización y la especulación financiera. El vertiginoso cambio de rumbo ya se vislumbraba al comienzo de la gestión PRO-UCR, aunque ahora es más perceptible por el paso del tiempo y los daños producidos. Los trabajadores organizados resisten despidos y ensayos de precarización, y a la vez pelean para que el salario les garantice mejores condiciones de vida.

El macrismo barrió con varias conquistas y derechos de trabajadores y jubilados en un lapso breve, digamos en un año. Nada de eso fue un error. El que no perdió el empleo, tiene miedo de perderlo. El trabajador ya achicó gastos y reordenó su estructura de consumo. Mientras intenta minimizar el escándalo por la millonaria deuda del Correo Argentino que intentó condonarle a su propio grupo económico, Mauricio Macri dedica sus estudiadas, premeditadas y guionadas conferencias a vender buzones. No hubo “brotes verdes”, ni “segundo semestre”, ni “lluvia de inversiones”, ni “pobreza cero”. Hubo sí ajuste, recesión económica, decenas de miles de despidos y brusca caída del salario real.

El cierre de Mefro Wheels, la única fábrica de llantas de acero para autos del país radicada en Rosario, con 170 trabajadores despedidos; el conflicto en la fábrica de notebooks y tablets Banghó, ubicada en la localidad bonaerense de Vicente López, también acechada por las importaciones; las renovadas protestas de los trabajadores del Conicet contra recortes y despidos; el cierre de la empresa Nesaglo en Ceres, en el norte provincial, dedicada a la producción de baterías, placas y plaquetas, con 41 operarios en la calle; el conflicto de los bancarios por paritarias; el intento del gobierno nacional por ponerle tope a las negociaciones salariales; la aprobación de la ley que modifica el sistema de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo a pedido del establishment empresarial; el recorte que aconsejó el FMI en los aumentos para los jubilados contemplados por ley y la posterior forzada marcha atrás son parte de un mismo programa económico cuyos objetivos están a la vista: más desempleo, salarios bajos, menos industrias y concentración de la riqueza en pocas manos.  

La provincia de Santa Fe, además de los mencionados arriba, arrastra otros conflictos laborales, como el de la fábrica de cosechadoras Vassalli de Firmat, que por la caída de ventas al exterior tiene frenada su producción, con unos 600 trabajadores afectados. En Las Toscas, en el norte santafesino, Sadesa cerró la fábrica de suelas con cuero vegetal y 140 personas perdieron el empleo. En Carmen, la fábrica de quesos Chateaubriand bajó las persianas hace un par de semanas y 17 empleados quedaron en la calle. El frigorífico Frideco de Totoras, con cien operarios, cerró en los primeros días del año a la espera de un comprador. Hubo despidos, suspensiones y retiros voluntarios en casi todos los rubros, sobre todo en talleres industriales y la actividad de la construcción.  

Diferentes informes privados calculan que durante el primer año de gobierno de Macri hubo unos 250.000 despidos en todo el país y el recorte en el poder de compra de los salarios fue en promedio del 10 por ciento, aunque en algunos casos llegó al 15 por ciento. Se trata de una de las caídas del salario real más pronunciada de la historia argentina. Un empleado que trabajó doce meses, cobró diez, perdió dos meses de sueldo por la diferencia entre la suba de precios y los aumentos salariales. El gobierno había proyectado en 2016 una inflación de entre el 20 y el 25 por ciento y el costo de vida terminó superando el 40 por ciento. Los trabajadores cerraron paritarias en el 30 por ciento promedio y de esa manera evitaron que el hachazo a los bolsillos sea aún mayor.
En su último informe de coyuntura, el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (Ceso) indicó que la evolución del consumo y la actividad depende mayormente de cómo se resuelvan las próximas paritarias.

“La movida oficial para intentar tirar atrás el acuerdo que había llegado el sindicato bancario con las entidades oficiales y la provincialización de la paritaria docente, parecen marcar una posición dura del gobierno”, se señaló en el reporte del Ceso, mientras el sindicalismo busca que la pulseada salarial de este año contemple la pérdida de poder adquisitivo de 2016.

“En esa línea se inscribe la política del Banco Central de mantener una meta de inflación en torno al 17 por ciento, cuando la meta anterior del 25 por ciento fue superada en 15 puntos porcentuales por la inflación real”, resaltó el informe elaborado por el centro de estudios que dirige el economista Andrés Asiain.

“Esa falta de realismo en la regla de política monetaria parece apuntar a su transformación en una meta de paritaria que busca desinflar los pedidos de incrementos de salarios, más que un objetivo realista sobre la evolución de los precios”, se resaltó. Al respecto, las proyecciones del Ceso sobre inflación indican subas de precios de entre 22 y 27 por ciento hasta las elecciones, donde el oficialismo pondrá a prueba su gestión, acelerando su marcha hasta el 37 por ciento para finales de año en un escenario de retoque cambiario post electoral.

“De cumplirse el objetivo oficial de paritarias con aumentos del orden del 18 por ciento, el consumo no levantará cabeza tampoco en 2017 y el ansiado rebote de la actividad económica se convertirá en el rebote de un gato muerto”, señaló el trabajo que difundió el Ceso.

La introducción del citado informe analiza que “ya en el segundo año de gobierno de Mauricio Macri, la impaciencia sobre el devenir de la economía va ganando a diversos sectores de nuestra sociedad. ¿Llegará el ansiado despegue o la economía continuará en caída libre? Ciertos indicadores de producción y recaudación parecen dar la pauta de que la economía estaría, al menos parcialmente, dejando de caer”.

Y continúa: “Sin embargo, la base de comparación con diciembre de 2015, cuando la actividad se frenó a la espera del cambio de gobierno y de política cambiaria, es una base débil para sacar conclusiones definitivas. De ahí que sigue abierto el interrogante sobre si pasamos a una fase de estancamiento, de rebote o si se trata del rebote de un gato muerto, tal como denominan en la jerga financiera al hecho de que una economía puede parecer rebotar transitoriamente, para luego continuar en una situación crítica”.

Por lo visto hasta el momento en el andar que lleva el gobierno de la alianza Cambiemos, la crisis laboral viene derrapando y los trabajadores van quedando en llanta.

Fuente: El Eslabón.

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