Empleados de General Motors formaron una larga fila de madrugada a la espera de que personal de la automotriz radicada en Alvear les informara sobre las 350 suspensiones que dispuso la empresa. La sombría foto hizo recordar otros duros momentos del país, pero lamentablemente es muy actual. Docentes de toda la Argentina confluyeron en una masiva marcha en ciudad de Buenos Aires en reclamo de una paritaria nacional a fin de que se suba la vara en las negociaciones provinciales y los aumentos de salarios no queden detrás de la inflación. La empresa Sancor frenó la producción láctea en cuatro de sus plantas y dejó 500 empleos pendiendo de un hilo. Por estos sucesos vividos en los últimos días y otros tantos similares que se repiten a diario desde la llegada de Cambiemos al gobierno, el pueblo trabajador salió a la calle a manifestarse en contra de las políticas de ajuste que encarna el macrismo.
La contundente movilización convocada por la CGT, a la que se sumaron sindicatos agrupados en la CTA, organizaciones sociales, políticas y estudiantiles y mucha “gente suelta”, mostró que un amplio sector de la sociedad está dispuesto a resistir los catastróficos efectos sociales que causa el neoliberalismo. A diferencia de los 90, este contexto de restauración conservadora se da después de doce años de políticas mercadointernistas y de movilidad social ascendente, etapa que el oficialismo denomina de manera despectiva “populismo”, donde prevaleció un proyecto político que buscó el bienestar general de la población, con aciertos y errores. El actual modelo, al contrario, castiga a la industria nacional y a la clase trabajadora, con suba del desempleo, caída del poder de compra de los salarios, aumento de la pobreza.
El clamor popular para que se convoque a un paro general no es un capricho, ni siquiera una medida en sí misma con la intención de paralizar la actividad de un país que ya está bastante paralizada, en medio de una recesión económica que lejos de aplacarse se profundiza, sino que representa la necesidad de que haya una expresión colectiva de descontento con las políticas que avasallan derechos y conquistas y llevan a que el grueso de la población viva cada vez peor. El triunvirato que conduce la CGT no estuvo a la altura de las circunstancias. A la dirigencia de la principal central obrera de la Argentina se le agota el tiempo de equilibrio entre el diálogo con una gestión que gobierna en contra de los trabajadores y el reclamo de sus representados, que va in crescendo.
El macrismo persigue el objetivo de reducir el gasto público y bajar salarios, mientras con marketing político se las arregla para minimizar el escenario de conflictividad en expansión, con medidas de fuerza de docentes y movilizaciones populares. Para Cambiemos, la realidad virtual tuitera y feisbuquera está por encima de la realidad efectiva de la calle. Lo cierto es que 2017, año electoral, arrancó con malas noticias para los trabajadores, aunque el gobierno buscará que el ajuste no sea tan brutal para intentar salvar la ropa en los comicios legislativos. Por el momento no puede: crece la desocupación, se contrae el consumo y encima busca achatar las paritarias después de la caída del salario real que se dio en 2016 por los desorbitados aumentos de precios. El oficialismo atribuye motivos “políticos-electorales” a las manifestaciones callejeras, realza internas sindicales y en el PJ, pero lo cierto es que las reacciones de los trabajadores en defensa propia tienen fundamentos económicos y sociales.
Industria desinflada
La industria automotriz es una de las más golpeadas durante el último año. Hay una caída de la producción en el sector del orden del 30 por ciento y la capacidad ociosa de las terminales, es decir los sectores de las fábricas que no se utilizan por falta de actividad, situación que acarrea despidos y suspensiones, ronda el 60 por ciento. La baja en las ventas internas, las caídas de las exportaciones, sobre todo a Brasil, y los tarifazos explican la marcha atrás del sector. No obstante, con la apertura importadora, repunta la venta interna de autos importados y de camionetas 4×4, situación que a su vez sintetiza hacia adonde apunta el modelo Cambiemos.
La imagen de los trabajadores de General Motors en la puerta de la planta anoticiándose de las 350 suspensiones por nueve meses –en GM trabajan más de 2.000 personas– resume “la política de Macri”, se quejaron desde la regional Rosario de Smata, gremio de los mecánicos, al tiempo que indicaron que esos 350 operarios percibirán el 80 por ciento del sueldo de bolsillo mientras estén en condición de suspendidos. Por el mismo camino, la alemana Volkswagen suspendió a 600 trabajadores en su planta de General Pacheco, provincia de Buenos Aires, por un mes. Diferentes informes estadísticos privados calculan que en 2016 hubo unos 10.000 operarios despedidos y suspendidos en las terminales automotrices.
Clases de lucha
Docentes de todo el país protagonizaron un paro de 48 horas y una imponente movilización en Capital Federal en demanda de la apertura de la paritaria nacional. “Cada marzo, el inicio de clases depende de la resolución de la paritaria docente. Al ser una de las más masivas, establece una referencia para el resto de los sindicatos. En esta oportunidad, y en un escenario de negociación más difícil que otros años, dado el bajo techo que puso el gobierno nacional al aumento de los salarios, no más del 18 por ciento, ha generado un nivel de conflictividad en el campo de la educación no visto desde hace muchos años”, se analizó en un informe especial que presentó el Centro de Estudios Económicos y Sociales (Ceso) regional Santa Fe.
En el reporte se indicó que “en la provincia de Santa Fe los salarios de más de 81.000 trabajadores del sistema educativo dependen de los resultados de la paritaria nacional. La primera propuesta (del gobierno de Miguel Lifschitz de 19 por ciento) fue rechazada y los gremios adhirieron al paro nacional”. El informe del Ceso Santa Fe detalló que “un maestro de grado que recién se inicia cobra 12.000 pesos de bolsillo. Entre marzo de 2016 y marzo de 2018 ese maestro perdería en promedio 1.900 pesos por mes si aceptara la propuesta de 18 por ciento. Para recuperar el valor de salario de 2016 y aceptando las expectativas de inflación del mercado de 20 por ciento, el aumento salarial debiera ser como mínimo un 28 por ciento”.
Mala leche
La cooperativa láctea Sancor cuenta con 16 plantas industriales ubicadas estratégicamente en distintos puntos del país, con epicentro en la cuenca lechera de Santa Fe y Córdoba. La empresa decidió suspender actividades en cuatro plantas, entre ellas la que está radicada en la localidad santafesina de Centeno. En total, hay 500 trabajadores que quedarán inactivos a la espera de una definición. En sus balances, Sancor acusa una caída del 58 por ciento en exportación y casi un 30 por ciento en producción. Las inundaciones y la falta de rentabilidad explican en parte el complicado presente que atraviesa la cooperativa, que se da la mano con la crisis que acarrea el sector tambero. Para el gobierno de Macri, el principal problema en Sancor son los “altos salarios” de los trabajadores.
Un dato alarmante es el notable retroceso del consumo de leche y derivados en el mercado local. De acuerdo a un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda, el consumo interno de leche en 2016 fue el menor desde la salida de la crisis del 2001. En promedio, durante 2015 una persona consumió 28,97 litros, mientras que el año pasado el consumo fue de 23,12 litros. En efecto, se consumieron casi 6 litros menos de leche pasteurizada por persona (interanualmente). En porcentaje, la baja supera el 25 por ciento.
Si los chicos toman menos leche porque a sus padres no les alcanza el mango; si la bola de despidos se hace cada vez más grande; si hay suspensiones de trabajadores y si el gobierno pone topes bajísimos a los aumentos salariales, entonces sobran motivos para salir a la calle a mostrar descontento con el modelo de país que representa la alianza macrismo-radicalismo.
Fuente: El Eslabón
