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En 2014, Redacción Rosario reveló la investigación judicial sobre el aporte con que, entre otras empresas, la compañía de transporte Monticas contribuyó a la campaña del socialismo en 2007. La advertencia no escuchada de los choferes.

Al momento de ser realizados los aportes, el presidente del Partido Socialista era Hermes Binner; el tesorero, Miguel Lifschitz; el responsable económico-financiero, Omar Saab y el responsable político, José Leon Garibay, hoy nada menos que ministro de Infraestructura y Transporte de Lifschitz.

El artículo, que luego fue ampliado por el periodista Nicolás Lovaisa en el semanario El Eslabón, ponía en evidencia que “el Partido Socialista no pudo justificar el origen de casi dos millones de pesos que recibió para la campaña de 2007”.

En aquel momento se supo que la justicia desaprobó el balance y, según confirmó El Eslabón, también el Informe Final de Campaña. El fiscal solicitó medidas para investigar esas irregularidades que complicaban a quienes rubricaron el balance, un ex gobernador, Hermes Binner y el actual mandatario santafesino, Miguel Lifschitz.

Binner era presidente del Partido Socialista, y Lifschitz su tesorero, y el balance que firmaron en aquella campaña de 2007 -en la que el primero venció a Rafael Bielsa- fue desaprobado por el juez federal Reinaldo Rodríguez.

Como se recordará, en a campaña de 2007, además, otro socialista -Rubén Giustiniani- acompañó la fórmula presidencial de Elisa Carrió, y en el marco de aquella contienda electoral el PS recibió los aportes por casi dos millones de pesos que no pudo justificar, entre los cuales se encuentran los dineros de Monticas SA.

Las observaciones, que nunca fueron contestadas por las autoridades partidarias, derivaron en la desaprobación del balance, decidida por el juez federal Reinaldo Rodríguez, quien en su escrito expresó: “El Partido Socialista no logra poner en conocimiento de la ciudadanía en forma clara la evolución financiera y patrimonial registrada durante el período de 2007”.

La Cámara Nacional Electoral tampoco aprobó el Informe Final de Campaña de ese año, ni en la elección legislativa ni en la presidencial. Los “responsables de la información” (así figura en el texto) de ese informe eran -como se dijo más arriba- el presidente, Binner; el tesorero, Lifschitz; el responsable económico-financiero, Saab y el responsable político, Garibay, actual ministro de Infraestructura y Transporte de la Provincia.

Los aportes privados que durante 2007 recibió el Partido Socialista por un total de 1.879.207,07 pesos, estaban divididos de la siguiente manera: $565.394,48 de Aportes Partidarios para Fines Generales; $938.172,59 de Aportes Privados para Campaña Provincial; $316.740 de Contribuciones y Donaciones Privadas de Personas Jurídicas para Campaña Nacional y $58.900 de Contribuciones y Donaciones de Personas Físicas para Campaña Nacional.

Pero Binner y Lifschiz no presentaron documentación alguna que respaldara esas cifras, según el informe del auditor León Derhovsepian, que integraba el Cuerpo de Auditores Contadores de la Cámara Nacional Electoral. Aquel funcionario, además, planteó que “no se acompaña la documentación respaldatoria de los ingresos”, sino “una lista detallada de aportes de personas físicas titulada Aportes Partidarios 2007 que totaliza 781.907,07 y que no coincide con ninguno de los totales detallados”.

En 2008 el auditor le solicita al PS “la lista completa y detallada de aportes y la documentación respaldatoria del ingreso de los fondos”. Nunca tuvo respuesta.

El listado de aportantes privados es el siguiente, y se observa que la penúltima empresa mencionada es Monticas SA. El juez Rodríguez explicó que los siguientes aportes estarían incluidos en las prohibiciones dispuestas por la ley 26.215:

1) Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales de Rosario ($10.000).

2) Asociación de Cooperativas Argentinas CL ($5.000).

3) Cámara de Estaciones de Servicio y Garaje ($6.000).

4) Terminal Puerto de Rosario S.A. ($11.000).

5) VFM S.A. ($15.000).

6) Monticas S.A. ($10.000).

7) Asociación de Clínicas y Sanatorios del Departamento Castellanos ($30.000).

Advertencias que la Provincia nunca quiso escuchar

El 13 de noviembre de 2012, Redacción Rosario publicó, bajo el título “Trabajadores del transporte reclaman inspecciones”, el pedido de la Asociación de Obreros del Transporte Automotor (Aota) en torno de la recurrente falta de inspecciones y constataciones de pagos de las empresas. En ese momento, el gremio apuntó a “una posible connivencia entre las mismas y directivos de la cartera laboral de la Provincia”.

Pero no sólo se trataba de un reclamo salarial: “Hace seis meses que hacemos reclamos de constatación de pagos e inspección integral en las empresas y son archivadas”. Los dichos pertenecían al secretario general de la Aota, Alberto Montenegro, y las firmas de larga distancia e interurbana denunciadas eran, Empresa Argentina y Monticas.

Para Montenegro, existía “connivencia entre empresas y directivos de la cartera provincial”, e incluso identificó  más específicamente “a la directora y el director de Inspecciones” de la sede rosarina del Ministerio de Trabajo santafesino a partir de lo que le “dicen algunos inspectores”.

Pero tal vez la advertencia más dramática se produjo en diciembre pasado, apenas dos meses y medio antes de la tragedia. Nuevamente fue Redacción Rosario el medio que informó el acampe que los trabajadores decidieron realizar frente a los galpones de las empresas Monticas y Las Rosas debido al mal estado de los coches de media distancia.

“Los trabajadores junto al gremio pasaremos las fiestas  frente a estas empresas”, sostuvo Montenegro en diciembre, y sostuvo que las denuncias que venía realizando el gremio eran “por la falta de manutención de las unidades tales como la falta de aire acondicionado, luces rotas, neumáticos en mal estado, y unidades sin frenos”. Y en otro orden, pero estrechamente relacionado con lo anterior, otra de las anomalías denunciadas respecto de Monticas era la “precarización laboral con los conductores”, aseguró Montenegro. En ese sentido, los trabajadores “trabajan más de las horas convenidas por igual sueldo y lo más grave es la falta de descanso de los compañeros”, precisó el dirigente gremial.

Si el gobierno provincial hubiese prestado oídos a esos reclamos, tal vez se hubiese podido evitar la tragedia de la Ruta 33.

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