A todos los legítimamente indignados por las torturas de los prefectos al joven Iván Navarro, y las posteriores amenazas de muerte y persecución, piensen que en la provincia de Santa Fe eso ocurre y hasta la fecha uno de los pocos hombres de la Justicia que denuncia esos hechos de violencia institucional, el Defensor General Gabriel Ganón, está a punto de ser destituido por legisladores que apoyan el pedido de remoción del senador radical Lisandro Enrico, defensor de la mano dura.
La “Famiglia Judicial” y el Frente Progresista, Cívico y Social (sic) sangran por la herida desde que Ganón presentó un crítico informe ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU y Santa Fe recibió una condena del Comité de Desapariciones Forzadas. Los gendarmes, prefectos y servicios de inteligencia de Macri ya están entre nosotros.
No permitamos que el pueblo santafesino quede indefenso. En su momento, hace unos meses, Ganón señaló en el diario Rosario/12: “No una casualidad que el senador Enrico insista con el pedido de destitución contra mí. Enrico arremete contra nosotros luego del crítico informe que presentamos ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU y la condena recibida por Santa Fe en el Comité de Desapariciones Forzadas”.
El Defensor General agregó: “El senador Enrico desconoce la ley y vuelve a la carga con los mismos cargos de la denuncia que hizo hace tiempo atrás y que nunca prosperó. Debería saber el senador que el proceso no puede iniciarse de nuevo por los mismos cargos”. No sólo porque implica doble juzgamiento, sino porque la propia ley lo prohíbe. ¿Será entonces que al senador no le importa ni la ley ni la Constitución sino tan sólo silenciar a quienes considera ideológicamente en sus antípodas?”.
El lunes pasado, el diario La Capital publicó que dos jóvenes, uno de ellos dirigente del Movimiento de Unidad Popular (MUP), denunciaron haber sido torturados por policías en una comisaría de Santa Fe.
A través de un comunicado, el MUP denunció que “el domingo 25 de septiembre a la madrugada efectivos de la comisaría 14 y del Comando Radioeléctrico irrumpieron sin mostrar orden de allanamiento en un domicilio de la localidad de Rincón, donde se encontraba el compañero Iván Franco, miembro de la conducción del MUP de la ciudad de Santa Fe y presidente de la Cooperativa PUFI-Limitada”.
La denuncia añadía que «tanto Iván Franco como el dueño de la vivienda, Emiliano Mendoza, fueron trasladados en carácter de detenidos a la dependencia policial ubicada en el Club de Campo de Upcn», en el barrio de Colastiné, en la capital provincial. El MUP señaló que los jóvenes recibieron “golpes de puños, rodillazos y patadas, todo mientras eran amenazados con ser asesinados”.
Emiliano Mendoza fue literalmente desfigurado “e intentó quitarse la vida en el calabozo por el dolor extremo que le habían provocado los golpes», indicó la agrupación en el comunicado, que agregó un detalle que da cuenta del horror y crueldad exhibido por los “agentes de seguridad”: “Mostrando el rostro de Mendoza amenazaban a Franco con desfigurarlo de la misma manera y tras el cambio de guardia y ante un nuevo intento de Emiliano Mendoza de quitarse la vida por falta de atención, los jóvenes fueron llevados al médico policial y luego liberados tras ser nuevamente amenazados”.
Enrico y sus cómplices bancan esto y mucho más. No sólo no repudian estos hechos, sino que los consienten y aprueban, por acción u omisión. Por ello es que se torna necesario decir con total vehemencia y contundencia: NO al proceso de destitución que lleva adelante la Legislatura santafesina contra el Defensor General Gabriel Ganón.
