Máxima velocidad

En el lapso de 24 horas, las mismas en que estalló el escándalo internacional por empresas fantasmas radicadas en paraísos fiscales que involucra el presidente Mauricio Macri, se disparó una virtual cacería judicial contra ex funcionarios y empresarios “K”, según los define la prensa hegemónica y oficialista, con Clarín y La Nación a la vanguardia.

Como si estuvieran unidas por una suerte de guión de serie política estadounidense, al estilo de House of Cards, desde este lunes la Justicia imprimió un vertiginoso avance de expedientes contra Lázaro Báez, Julio De Vido, José Sbatella, Cristina Fernández de Kirchner y hasta reapareció la vieja y famosa causa de la valija de Antonini Wilson.

Al mismo tiempo, ningún fiscal ni juez, ni denunciador serial de los que pululan por tribunales y canales de noticias varios, consideró necesario investigar por qué el Presidente tiene sociedades fantasmas en paraísos fiscales, donde se llevan los dólares quienes necesitan ocultar su origen o quieren evadir el pago de impuestos en sus países.

Aunque la trama que liga a estos movimientos tribunalicios –que parecen apuntar a diluir o esconder las vinculaciones del presidente con el escándalo mundial– se plantea en esta redacción en el plano del análisis, lo cierto es que todos los hechos se produjeron en el breve período mencionado, que “casualmente” coincide con el estallido internacional que ya se cobró la cabeza del primer ministro de Islandia, señalado por poseer, igual que Macri, empresas no declaradas en paraísos fiscales.

Tiempo de Justicia

Al contrario del señalamiento que recae habitualmente sobre la «lentitud» de la Justicia, casi sin solución de continuidad, desde que se instaló mundialmente el rostro del Presidente argentino junto al de otros mandatarios vinculados al “OffshoreLeaks”, “Panama Papers” o “Panamá Pampers” –como elige etiquetar Redacción Rosario–, se produjeron una serie de movidas que se pretenden resumir en la siguiente apretadas síntesis:

»Este lunes la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del ex presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) José Sbatella por “violación de secreto en el marco de una causa por lavado de dinero”. Según la acusación, el ex funcionario kirchnerista difundió información sobre una investigación por presunto lavado de dinero a las joyerías Richiardi, Paul Baker y El Lingote, la cual fue publicada en la página web del organismo.

»Este martes, el polémico juez federal Claudio Bonadio dispuso allanar el estudio jurídico del ex ministro de Obras Públicas Roberto Dromi, en el marco de una causa contra el diputado kirchnerista Julio De Vido por presunta asociación ilícita por la compra de gas licuado. La causa lleva el número 104567/14 y está caratulada «De Vido, Julio y otros, sobre asociación ilícita». Bonadio dispuso los allanamientos luego de citar para el 21 de abril próximo al ex funcionario kirchnerista a indagatoria por la tragedia ferroviaria de Once.

»Horas antes el mismo Bonadio había logrado quedar a cargo de la investigación de la denuncia que presentó la diputada Margarita Stolbizer contra la ex presidenta Cristina Kirchner por supuesto lavado de dinero a través de la sociedad comercial Los Sauces. De esta forma, Bonadio volvió a quedar a cargo de una investigación por supuesto lavado de dinero contra Cristina Kirchner, luego de haber sido apartado de la causa Hotesur en julio de 2015. El insistente Bonadío, es el mismo que citó para el próximo 13 de abril a la ex mandataria en el marco el extraño expediente por la venta de dólares a futuro, curioso por que el delito se habría consumado al llegar el dólar a un valor por encima del estipulado por Cristina y su equipo muchos meses atrás, pero que cuyo precio mucho más alto se debió a la devaluación y liberalización de la moneda norteamericana decretados por el nuevo gobierno de Mauricio Macri.

»También este martes, el juez federal Sebastián Casanello ordenó la detención del empresario Lázaro Báez. El santacruceño que fue arrestado en el aeropuerto de San Fernando, en el marco de la causa que sigue las operaciones de la financiera SGI y que lo tiene procesado por supuesto lavado de dinero. Según precisó la agencia Noticias Argentinas, el magistrado decidió dictar la detención dos días antes de que Báez tuviera que presentarse en Tribunales para prestar declaración indagatoria . La medida también alcanzó a su contador, Daniel Pérez Gadín, otro de los involucrados en la causa, que también quedó a disposición del

»Por si fuera poco, reapareció el caso Antonini Wilson. La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó este martes sin efecto la sentencia que había confirmado la prescripción de la causa e hizo lugar a una queja y revocó la sentencia de la Cámara Federal de Casación que había ratificado la resolución que dispuso el sobreseimiento de Claudio Uberti y otros dos imputados al declarar extinguida la acción penal por prescripción, por lo cual se podrá seguir investigando el hecho.

Independientemente de la polémica que rodea a muchas de éstas –y otras que aquí no han sido nombradas–, todas las causas judiciales debieran avanzar para determinar responsabilidades y repartir sanciones en los casos en que se encuentren las pruebas para hacerlo. Pero es inevitable poner en contexto los últimos movimientos en los tribunales que apuntan contra el “universo kirchnerista”, y contrastar cómo por el contrario esa pulsión judicial “anticorrupción” pasa tan lejos de la galaxia Cambiemos.

Ya lo han puesto de manifiesto varios, pero nadie como nuestra pitonisa vernácula, Elisa Carrió: como las brujas, las roscas entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, existen. Se trata de creer o reventar.