“Quieren silenciar cualquier voz disidente”

El proyecto para destituir al Defensor General Gabriel Ganón avanzó esta semana en la Comisión Bicameral de Acuerdos. La intención de remover al funcionario debería parecer una contradicción, especialmente porque el escenario es una provincia donde la amplia mayoría de la dirigencia política, tanto oficialista como opositora, coincide en que los índices de criminalidad alcanzó niveles que convierten a la problemática en su principal tema de agenda. Y porque Ganón, además, viene desarrollando una tarea de denuncia contra los hechos de corrupción y los casos de gatillo fácil y torturas que comete la fuerza de seguridad santafesina, actriz principal de la novela negra que se viene escribiendo los últimos años de crecimiento superlativo de la violencia.

El miércoles pasado, la Comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura santafesina decidió por mayoría iniciar el proceso de remoción del Defensor General de Santa Fe. El proyecto, que es impulsado por el senador radical Lisandro Enrico, fue considerado por los opositores como una “embestida de la UCR para partidizar la Justicia”. En la misma reunión se resolvió también avanzar en el proceso de remoción del Fiscal Regional de Reconquista, Eladio García, quien es acusado por el senador justicialista, Raúl Gramajo, por “mal desempeño en sus funciones”.

La polémica resolución de la comisión de Acuerdos puso en cabeza del manodurista legislador boina blanca la tarea de acusar al Defensor General, a quien por otra parte le restan apenas siete meses para cumplir su mandato. Para el diputado Leandro Busatto, uno de los dos votos opositores a la remoción de Ganón –junto al también PJ Julio Eggiman–, fue una embestida de la UCR con el objetivo de “partidizar la justicia” y reemplazarlo por alguien que responda al Frente Progresista.

“Es una embestida de la UCR y de los senadores radicales”, señaló Busatto en declaraciones al corresponsal de Rosario|12 en Santa Fe, Juan Carlos Tizziani. Y agregó: “Ellos hablan mucho de mejorar la administración de justicia y de la crisis de seguridad, pero hay un sector de la política que busca partidizar el Poder Judicial, y ese sector tiene nombre y apellido: es el radicalismo, y en este caso Lisandro Enrico”.

Enrico considera que el Defensor General “ha tenido actuaciones procesales impropias” en su cargo. “Los defensores de su estructura eran defensores y él mismo era el querellante por lo que había una especie de prevaricato; ha tenido una clara parcialidad política, se define como miembro de un partido político partidario; ha dictado resoluciones violatorias de los derechos de los trabajadores policiales, e inclusive ha modificado disposiciones que son propias del código procesal penal provincial y de la Nación”, señaló el senador radical a la hora de repasar su acusación.

“A ninguno de los que votaron por el inicio de este «mamarracho» les importa cumplir con la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos”, escribió Ganón en su cuenta de Facebook. Para el Defensor General, a los legisladores que dieron curso a su remoción “sólo les importa silenciar cualquier voz institucional disidente que critique las gestiones de seguridad y justicia del Gobierno Provincial”. Ganón anunció en su cuenta los resultados de la votación de la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa que, por seis votos (Alicia Gutiérrez, Julián Galdeano, Patricia Tepp, Inés Bertero, Alejandra Vucasovich y Rodrigo Borla) a dos (Julio Eggimann, Leandro Busatto), eligió avanzar en la destitución. “La decisión que tomó la coalición oficialista provincial es y debe ser cuestionada jurídica y políticamente”, posteó duramente el funcionario.

El Defensor General consideró que los legisladores y el oficialismo que impulsan su remoción “no quieren esas críticas sobre lo que han costado en Santa Fe, en los ochos años que han pasado, la restricción de innumerables derechos, sobre todo derechos vinculados al acceso a la Justicia de los sectores más vulnerables, y las más de 2200 muertes”. “No quieren que digamos que de esas 2200 muertes se han castigado poco más de 500, ni que digamos que Santa Fe es la provincia con la tasa más alta de homicidios y la peor tasa de castigo del país”, añadió.

En su escrito en la red social, Ganón repasó varios de los señalamientos que viene realizando desde hace tiempo: “Los fiscales santafesinos y rosarinos han conseguido esclarecer el 45 por ciento de los homicidios, y castigado sólo el 20. Eso, traducido, es sólo dos de cada diez; lo que genera un estado de impunidad e injusticia. De eso, los legisladores de la coalición oficialista no quieren hablar. No quieren tampoco que defendamos los derechos de los más humildes. No quieren que efectuemos denuncias a nivel internacional”.

“Todos los que votaron por el avance de esta decisión  –continuó Ganón– quieren que se siga haciendo pasar a Santa Fe como una provincia normal, pero todos saben que no lo es. No lo es por lo que dijimos y porque durante la gestión de esta coalición desaparecieron cinco personas: Natalia Acosta, Paula Perassi, Roberto Yrusta, Franco Casco y Pichón Escobar. De todos estos casos, que siguen impunes con pequeñas diferencias, la Defensa Pública denunció cuatro”.

Sobre este punto, el Defensor General, abundó: “En todos los casos advertimos una misma matriz: la policía, cierto sector de la coalición oficialista y cierto sector de la administración judicial desplegaban acciones para encubrir a los autores y evitar que los culpables sean castigados. Todos los casos están cruzados por los mismos indicadores”.

Ganón destacó algunos aspectos de esos casos y sacudió con munición gruesa: “Natalia Acosta desapareció en un PutiClub de pleno centro de Santa Fe en 2009. Los dueños del “Místico” eran, en ese momento, Marcelo Boscarol, hermano del diputado UCR, y Oscar Burtnik, actual juez de la Cámara de Apelaciones de Santa Fe. Los hechos de la desaparición de Natalia en la que claramente jugó la Agencia de Trata Provincial nunca fueron investigados por los jueces provinciales”.

“Uno de los dueños del Cabaret, militante de la UCR, fue nombrado el año pasado Juez de Cámara. El crimen sigue impune”, subrayó el Defensor, para luego preguntarse: “¿Es casualidad que los que aprobaron el avance de este proceso sean correligionarios de la coalición oficialista? No. Es casualidad que Burtnik haya sido nombrado Camarista habiendo sido dueño del putin? No. No hay casualidades”.

Para Ganón “ese es el perfil de magistrado, fiscal, defensor que quiere la coalición en el gobierno que ha llevado a la provincia a parecerse cada día que pasa más al Estado de Guerrero de México”. “¿Por qué digo esto? –siguió el Defensor– Por los casos que tenemos, por la policía que existe, por la impunidad, y porque se siguen nombrando jueces y fiscales con pasados y presentes complejos. Si no me creés, o no recordás, pensá en el juez (Juan Carlos) Vienna que viajó con un narco a ver peleas de box o el fiscal (Adrián) Spelta, ex abogado de la banda de los Monos hasta días antes de jurar”.