La jueza penal de la causa por lavado de activos y estafas inmobiliarias, Mónica Lamperti, dio a conocer este viernes los fundamentos de las prisiones preventivas que dictó el martes a ocho acusados y las dos excarcelaciones, una de las cuales recayó sobre el gerente general del diario La Capital, Pablo Abdala.
Según la resolución, “luce adecuado y razonable” otorgarles la libertad al ejecutivo de la empresa periodística y al escribano Luis María Kurtzemann, atento “a la atribución delictiva que se le formuló” y el rol “acotado en el hecho” de acuerdo “a la evidencia alcanzada”.
Además, la jueza Lamperti valoró que al momento de los allanamientos y detenciones Abdala se encontraba de viaje en el exterior pero al enterarse del requerimiento fiscal realizó “un real esfuerzo para ponerse a disposición” de la Justicia.
El fiscal de Delitos Económicos de Rosario, Sebastián Narvaja, acusó a doce personas –una permanece prófuga– de integrar una presunta asociación ilícita destinada a realizar fraudes inmobiliarios por medios de los cuales se apropiaban de inmuebles rurales y urbanos, que luego eran vendidos en varias oportunidades para dotar a las operaciones “de aparente legalidad”.
Se trata de seis hechos –dos campos y cuatro inmuebles urbanos- con un mismo modus operandi, que involucra a tres escribanos, un contador, un falso corredor inmobiliario, el ejecutivo del diario La Capital y un vendedor de autos que obtuvo trascendencia pública por un affaire amoroso con la vedete Vicky Xipolitakis, llamado Leandro Pérez.
Según el fiscal Narvaja, las estafas inmobiliarias oscilan entre los 40 y los 50 millones de pesos.
En el caso de los ocho acusados a quienes el martes pasado les dictó prisión preventiva, la jueza Lamperti fundamentó que existe riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación, teniendo en cuenta que la pena en expectativa en caso de ser condenados, no es de cumplimiento condicional sino efectiva.
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